Por
Germán Ayala Osorio
Por tratarse de un problema
cultural, las prácticas corruptas contaminaron los ámbitos de operación del
Estado, de la sociedad y del mercado. Así, por tratarse de un asunto
naturalizado, la corrupción y en general la comisión de un sinnúmero de delitos
contra la función pública y toda suerte de crímenes, tienen en común dos
elementos que se complementan: el primero, fundado en el “mal ejemplo” que dan
políticos, empresarios, artistas o deportistas desde sus confundidos ámbitos
públicos y privados. Y el segundo, en los análisis, los cálculos o las
valoraciones económicas que hacen los corruptos, los criminales o las mafias de
las que hacen parte, al momento de cometer un ilícito. Es decir, son expertos
en todos los elementos y factores a considerar dentro de lo que se conoce como
la “economía del crimen”.
En lo que respecta al “mal
ejemplo” en Colombia cunde de la mano de gobernadores, alcaldes, presidentes,
empresarios, banqueros, rectores de universidades privadas y congresistas,
entre otros, que conocen muy bien los vacíos de las normas, y, por tanto, saben
qué esguinces pueden hacerles al momento de firmar un contrato o de caducarlo.
Por eso será que para los colombianos el refrán “hecha la ley, hecha la trampa”
tiene tanto sentido y constituye un principio de obligatorio cumplimiento en su
retorcida eticidad.
Con el registro diario que los
medios masivos hacen de los casos de corrupción pública y privada, se pensaría
que la sociedad terminaría por rechazarlos con vehemencia y movilizándose en
contra de los corruptos. Ha sucedido todo lo contrario. La experiencia negativa
con el referendo contra la corrupción promovido en 2018 y que no pasó el
umbral, expresa con claridad que informar sobre estos asuntos no garantiza la
toma de conciencia en las audiencias y que la corrupción está tan arraigada,
que salir a votar para proscribirla iría en contravía de los intereses de los
votantes que en algún momento de sus vidas recibieron beneficios de una acción
corrupta.
La comisión de un delito o de un
crimen supone la comprensión de una realidad irrefutable: la justicia no opera,
porque hay jueces que aceptan sobornos y por ello dilatan los procesos hasta
que prescriben o precluyen, o son benévolos con los delincuentes, en particular
cuando estos son de cuello blanco, porque esos mismos operadores judiciales se
han beneficiado de las relaciones que han establecido con el poder que tienen
los procesados, o porque quizás piensan en que se podrían beneficiar más
adelante si logran absolverlos.
Y para abordar el tema de las
valoraciones económicas que suelen hacer los criminales y los corruptos es
preciso hablar de la “economía del crimen” o la “economía del delito”, para
entender sus alcances en casos de políticos corruptos y de casos famosos de
corrupción como el “Carrusel de la contratación” en Bogotá, el de Odebrecht, el
de Hidroituango y recientemente los de Emcali y el que recién se está
descubriendo en la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El economista Gary
Becker, citado por Marcos David Silva (2021), dice que las “conductas
criminales tienen racionalidad económica y que cada criminal le asigna un
precio diferenciado a cada crimen. Si un delito es mayor a los costos resulta “caro”
… ¡y no lo comete! Un criminal, solamente elige lo que le conviene, o sea,
maximiza su utilidad”.
Pues bien, la Fiscalía imputó
hace ya hace un tiempo, cargos al ya reconocido corrupto Emilio Tapia, por la
corrupción que se dio en varios contratos al interior de las empresas públicas
de Cali, Emcali y por el caso de Centros Poblados. Ya el ladino personaje había
sido sancionado penalmente por lo sucedido con el “carrusel de la contratación”
en Bogotá. Las pérdidas en los casos de Emcali y en el Carrusel de la
Contratación fueron multimillonarias, confirman la teoría de Becker, en
particular en lo que tiene que ver con la racionalidad económica que corruptos
y criminales exponen a la hora de valorar los riesgos al momento de cometer sus
fechorías. Esa constatación es importante, pero lo que más preocupa es que
agentes corruptos como Emilio Tapia se eternicen en sus prácticas, a pesar de
las sanciones que la justicia le ha impuesto.
Tan serio es el asunto, que
Emilio Tapia, recientemente condenado por corrupción por el caso de “centros
poblados”, es un referente ético y moral para cientos de ciudadanos cuyo
sentido de la eticidad y de la moralidad pública coincide con el actuar sucio y
doloso del nefasto personaje. Es casi un “paradigma” para las mafias que se
enquistaron en los partidos políticos, en instituciones del Estado y las que de
tiempo atrás operan entre agentes de la sociedad civil y congresistas. Lo más
probable es que Tapia haya hecho cuentas de los millones de pesos que logró
acumular de manera ilegal, en relación con las penas que la justicia le impuso
y le impondrá de nuevo. Su recurrencia es la prueba fehaciente de que ser
corrupto paga, pues las sanciones penales son poco severas y lo más importante
y preocupante: no hay sanción moral, lo que le permitió a Tapia encontrar en
Emcali los socios para continuar delinquiendo.
En El Espectador se lee que “la
Fiscalía acusó formalmente a Emilio Tapia por, supuestamente, apropiarse de más
de $5.000 millones de dinero público en mayo de este año. Según la
investigación, Tapia “habría contactado a dos personas para que prestaran los
nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la
unión temporal. A cambio, les pagaría $4.000 millones. De esta manera, Centros
Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su
conformación, indujo a error a los funcionarios de Mintic que le otorgaron el
contrato”.
Con todo y lo anterior, Emilio
Tapia es un referente para los corruptos que pululan en Colombia y que hacen
negociados con alcaldes y gobernadores, de la mano de los clanes políticos que
a diario son noticia porque uno o varios de sus miembros, son llamados a
juicio, o se libran órdenes de captura. Así vayan a la cárcel, la economía del
delito les funciona de maravilla. Y lo peor de todo es que seguirá contratando
con el Estado, directamente o por intermedia persona.
Imagen tomada de youtube.com
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