Por Germán Ayala Osorio
En la agenda bilateral entre los
Estados Unidos y Colombia el tema de la sempiterna corrupción público-privada
en el país, jamás tuvo un lugar preponderante debido a la “narcotización” de
dicha agenda. Si bien en los tiempos del Proceso 8.000 la injerencia del
entonces embajador de USA en Bogotá, Myles Frechette fue evidente, el ethos
mafioso y las prácticas corruptas derivadas, jamás llamó la atención de los americanos,
mientras dichas actividades mafiosas y putrefactas no afectaran la viabilidad
institucional y la relación de dominación ejercida desde el norte.
El caso de Odebrecht llamó la atención
del departamento de Justicia de los Estados Unidos y en particular del FBI,
agencia que llegará pronto a Colombia a examinar cómo van las investigaciones
internas en este entramado internacional de corrupción, que tocó a países como
Brasil, Perú y Panamá, entre otros, con efectos políticos y jurídicos trascendentales.
Lo cierto es que en Colombia poco
ha pasado en materia de establecer responsabilidades políticas, económicas y judiciales
de todos los actores comprometidos en el pago de coimas y en la contratación misma
de las obras civiles ejecutadas en el país como la Ruta del Sol II.
Tanto la Fiscalía de Néstor
Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa poco o nada hicieron para avanzar
en el esclarecimiento del armazón corrupto que diseñaron los directivos de
Odebrecht con congresistas y contratistas, y que salpicó a filiales del conglomerado
económico de Sarmiento Angulo.
Con la imputación de cargos por
parte de la Fiscalía al inefable y sumiso excandidato presidencial del
uribismo, Óscar Iván Zuluaga, se confirman las presiones y los intereses de los
americanos en el más grande entramado corrupto jamás visto y operado por una
compañía constructora. De ahí que es posible que el interés de los gringos en que
se resuelvan los casos de corrupción en el continente tenga que ver,
justamente, con tomarse ese sector, sacando de taquito a Odebrecht,
multinacional cuyo nombre quedó desprestigiado.
Así las cosas, la llegada del FBI
a Colombia cuenta, por supuesto, con el aval del actual gobierno, comprometido
en una lucha frontal contra la corrupción interna que viene carcomiendo las
finanzas públicas y naturalizando el ethos mafioso que guía la vida y las actuaciones
de políticos, empresarios y partidos políticos, como el Centro Democrático,
entre otros, comprometidos en el recibo, a gusto, de millonarias sumas de
dinero para la campaña Zuluaga Presidente, girados por la multinacional
brasilera, Odebrecht.
De esa manera, Petro y su gobierno
logra poner en la agenda bilateral el tema de la corrupción público-privada y
por esa vía, desnarcotizar en algo las complejas relaciones con el país del
norte. Ese “logro” del presidente Gustavo Petro resulta positivo en lo
político, porque a pocos meses de las elecciones regionales, hace que los
reflectores de los medios se posen sobre el Centro Democrático y el uribismo,
sector de poder que se opone a sus reformas. La parte negativa aparece en el
preciso momento en que, al histórico tutelaje americano sobre nuestra vida
institucional, se suma ese comportamiento mafioso y corrupto que nos hace ver
como una sociedad premoderna y como un Estado que en cualquier momento entra en
un proceso de inviabilidad política y económica debido a una corrupción público-privada,
orquestada desde los partidos políticos y validada por agentes sociales y
económicos de la sociedad civil.
No sobra decir que la agenda
bilateral entre los Estados Unidos y Colombia deviene, de tiempo atrás, atada a
la fracasada lucha contra el tráfico de drogas. Gobiernos anteriores aceptaron
con una alta dosis de sumisión, la aplicación de medidas socio ambientalmente
insostenibles como la aspersión de glifosato, un poderoso defoliante que no
discrimina cultivo y termina matando todo cultivo que toca, con riesgos para la
salud de animales no humanos y humanos. Se suma a lo anterior, la erradicación
manual, la quema de laboratorios y la interdicción aérea y marítima. El
gobierno de Petro insiste en “desnarcotizar” esa agenda, poniendo sobre la mesa
puntos que a los anteriores gobiernos no les interesó ni siquiera discutir con
las autoridades norteamericanas. Esos puntos son: la lucha contra el cambio
climático, cambiar deuda externa por acciones climáticas como reforestar,
frenar la deforestación, cuidar, conservar y restaurar ecosistemas selváticos
sometidos a largos y feroces procesos de intervención humana. Y al parecer, la
lucha contra la corrupción. ¿Estará cambiando el gobierno de Petro la
intervención directa del FBI en el caso de Odebrecht por la conformación de la Comisión
Internacional que investigaría otros escándalos de corrupción ocurridos en Colombia
desde 2002 en adelante?
Antes de irse de la Casa de
Nariño, Iván Duque dejó amarrado todo lo concerniente a la erradicación forzada
asociada a la aspersión del glifosato, a pesar de las recomendaciones hechas
por la Corte Constitucional. El nombre de Duque está conectado con el caso
Odebrecht. Según denuncias periodísticas, el hoy expresidente habría comprado un
apartamento en Washington con dineros de Odebrecht. Según el medio
independiente Cuestión Pública, “tras conocerse que la compra del
apartamento en Washington tuvo lugar días después de la reunión en Brasil, el
candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, salió al paso y negó
que lo haya pagado con dineros de Odebrecht. “Ese apartamento lo compré cuando
me retiré del Banco Interamericano de Desarrollo, con parte de mis cesantías y
además, con un crédito que tomé”, aseguró Duque en Canal Capital. También dijo
que era un ahorro para sus hijos y que el inmueble está reportado en sus
declaraciones de renta y activos en el exterior, ante la DIAN”.
Ya veremos en qué queda la inspección
del FBI en el país. Lo cierto es que por cuenta del ethos mafioso y la clase
política y empresarial corrupta, en los Estados Unidos nos miran como una sociedad
que necesita de manera permanente el tutelaje americano. Quizás por ello jamás
alcanzaremos la “mayoría de edad” suficiente que nos permita construir una agenda
bilateral diferente.
Imagen tomada de Youtube.com
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