Por Germán Ayala Osorio
La captura del Estado por parte
de clanes y familias adineradas es el bien más preciado que están dispuestos a defender
quienes hacen parte de lo que llaman el Establecimiento colombiano; y para ello
siempre necesitaron de “fiscales de bolsillo”, amigos todos del presidente de
la República y con alguna ascendencia dentro de la Corte Suprema de Justicia,
corporación judicial que elige al fiscal general de la Nación de la terna
enviada por el jefe del Estado.
Hablar en Colombia de “fiscales
de bolsillo” da cuenta del incontrastable poder del presidente de la República
y del sinuoso mecanismo de elección en el que está involucrada la Corte Suprema
de Justicia, corporación judicial que no escapó a la penetración del ethos mafioso.
Recordemos el cartel de la toga que tocó, incluso, a presidentes de ese alto
tribunal y a varios magistrados.
Haré un corto listado de hechos
jurídicamente relevantes en los que claramente y de acuerdo con serias
investigaciones periodísticas y con fallos y dilaciones judiciales han
terminado por favorecer a familias poderosas, fruto de esa relación perniciosa que
da vida a la preocupación poco genuina de la senadora Cabal por aquello que de
que Petro tenga fiscal de bolsillo: 1. El caso Odebrecht. Para este caso, los fiscales
generales, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa evitaron que
miembros de la familia Sarmiento Angulo fueran tocados por la justicia, lo que
significó poner la institucionalidad de la fiscalía al servicio de los
intereses de la señalada familia. Hay que advertir que recientemente el Grupo
Aval reconoció ante autoridades americanas la comisión de delitos, lo que les
ocasionó una millonaria sanción económica y la obligación a colaborar con la
investigación que de carácter federal se abrió en territorio estadounidense. 2.
El caso Álvaro Uribe Vélez. Quizás es el más evidente caso en el que se nota la
decisión del fiscal Barbosa de poner al servicio de la defensa del expresidente
y expresidiario, a la fiscalía general de la Nación. En tres ocasiones, por
orden directa del fiscal Francisco Barbosa, se solicitó a los jueces la
preclusión del caso en el que está involucrado Uribe Vélez en calidad de
imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 3. El
caso Char. Investigaciones periodísticas conectan a miembros del poderoso clan
político barranquillero, con el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. El
silencio de la fiscalía es estruendoso. El mismo mutismo conservó el fiscal
Barbosa y su fiscalía en relación con denuncias del periodista Gonzalo Guillén
que indicaban la operación conjunta entre fiscales y el grupo narco
paramilitar, conocido como el clan del Golfo.
La senadora conservadora y
uribista, María Fernanda Cabal, en reciente entrevista al portal Semana expresó
su preocupación por la elección del fiscal general de la Nación: “…Va a
tratar de apretar, pero algo más peligroso es que Petro, con fiscal, complicará
mucho a este país. Un Petro con fiscal, y que en sus antecedentes tenga
señalamientos por persecución, complica mucho más este país”.
En una lectura entre líneas es fácil
colegir varios asuntos: el primero, que la congresista reconoce que los
presidentes en Colombia ponen fiscales, a pesar del mecanismo constitucional de
elección del alto funcionario, compartido con la Corte Suprema de Justicia
(CSJ). El uribismo, del que hace parte Cabal, lleva años poniendo fiscal general
de la Nación, lo que les ha garantizado a varios miembros de familias poderosas
y clanes políticos, salvarse de investigaciones e imputaciones por la ya inocultable
corrupción público-privada. Baste con recordar a Luis Camilo Osorio, a Néstor
Humberto Martínez y al actual y saliente fiscal, Francisco Barbosa, todos
amigos del hoy expresidente, Álvaro Uribe Vélez.
El segundo asunto tiene que ver
con la preocupación que le asiste a la señora Cabal por la decisión del
presidente Petro de combatir la corrupción público-privada y la acción de
recuperar el Estado “para el pueblo”, hecho que implica arrebatárselo a las
mafias políticas que, de muchas maneras, por acción u omisión, están conectadas
con la operación perniciosa de la justicia y con poderosas familias y clanes
políticos que guardan silencio ante hechos escandalosos de corrupción.
Y una tercera interpretación de
la citada opinión está anclada a lo que pueda estar pensando lo más notable del
Establecimiento colombiano ante la posibilidad de que Petro tenga su propia fiscal
de bolsillo, de acuerdo con la lectura de la Cabal, como forma de presionar a
los más poderosos de Colombia, para que le permitan hacer las reformas sociales
que el país necesita. ¿Estarán pensando en darle un golpe de Estado a Petro? ¿O
van a preferir llegar a un acuerdo nacional con el presidente de la República,
para evitar “complicar mucho más el país”, como lo advierte la senadora María Fernanda
Cabal?
Por ahora lo más importante es
que la CSJ haga su trabajo y elija a quien será la nueva fiscal general de la
Nación. Quien resulte elegida tendrá la obligación ética, moral y política de sacar
de la Fiscalía a los fiscales e investigadores corruptos y de hacer una gestión
que le devuelva a los colombianos la confianza en la institución. Si la nueva
fiscal general decide abrir investigaciones que fueron archivadas de manera interesada
por Barbosa o Martínez Neira, ello no la convierte en amiga y ficha de Petro.
Por el contrario, será una heroína en un país en el que ser corrupto, paga y de
qué manera.
Imagen tomada del portal Semana.com
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