¿QUÉ SIGNIFICA “DEJEMOS QUE LA INSTITUCIONALIDAD OPERE”?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Cada cierto tiempo y por cuenta casi siempre de actos de corrupción pública, aparecen los llamados a confiar y respetar las instituciones de donde se emana eso que se llama institucionalidad, que no es otra cosa que el conjunto de valores y prácticas que definen, para cada entidad o institución, un carácter y una impronta que le sirve al Estado y a los gobiernos de guía moral y ética para legitimarse ante toda la sociedad.

La institucionalidad se hace evidente cuando las instituciones operan en sus ámbitos de acción, legal y procedimental, y en el contexto de una sociedad que moral y éticamente se alimenta de su funcionamiento, especialmente, de aquellas instituciones que se consideran faros determinantes que iluminan tanto la vida institucional interna, como la que trasciende a la vida societal.

La institucionalidad puede ser un concepto ambiguo y difícil de asir porque en su concepción y representación social y política suelen confluir circunstancias contextuales que se alimentan de la ética ciudadana, la moral pública, la tradición, el poder económico, las formas regladas y las maneras como se establecen relaciones y transacciones entre sectores de poder político (partidos políticos y líderes), económico y social (élites).

Por estos días, y en virtud del escándalo político-mediático del que es protagonista el primogénito del presidente de la República, el país escuchó los llamados a la prudencia y que las instituciones operen dentro de los marcos constitucionales que hicieron los expresidentes Cesar Gaviria y Ernesto Samper. El primero, curiosamente, responsable en parte de los problemas de gobernabilidad que tempranamente enfrenta el presidente de la República; y el segundo, procesado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y precluida la investigación por la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña Samper presidente.

En los sectores económicos hay un apego generalizado a lo planteado por los dos exmandatarios. Sin embargo, dentro de los gremios económicos hay varios que no gustan del presidente Petro, y por ese motivo, guardan la esperanza de que se produzca un rompimiento institucional derivado de la renuncia del presidente y del esperado rechazo que liderarían en contra de la posibilidad de que, ante la falta del presidente de la República, sea su vicepresidenta, Francia Márquez Mina, quien asuma las riendas de la Casa de Nariño.  

En su editorial del 6 de agosto, EL ESPECTADOR hace lo propio y dice que “el presidente Petro cierra así el primer año de su mandato con una profunda crisis política y personal, que no puede sino mermar su gobernabilidad ya de por sí endeble. Empero, la que tiene que salir fortalecida es la institucionalidad colombiana, que se enfrenta de nuevo a un reto complejo que confiamos sabrá sortear de manera transparente, como tantas veces lo ha hecho en el pasado”.

Llama la atención el editorial del diario bogotano porque las empresas mediáticas suelen tomar distancia de la operación de las instituciones y de la institucionalidad, cuando es claro que a través del ejercicio periodístico-noticioso se aporta a la consolidación de esa institucionalidad que se emana de las instituciones que componen el Estado y los poderes públicos, que reciben la influencia de lo que los medios a diario publican. Al juzgar los tratamientos periodístico-noticiosos de medios como Semana, RCN, Caracol, El Espectador y El Colombiano, entre otros más, nos encontramos con medias verdades y tergiversaciones que terminarán alimentando las representaciones y los imaginarios de aquellos que, de manera interesada, pueden aportar para que la instituciones y la institucionalidad terminen por decidir qué hacer con el mandato del presidente de la República, de verse comprometida la presidencia por la entrada de dineros “calientes” a la campaña Petro presidente.

Más que la eficacia de las instituciones y de la institucionalidad para enfrentar complejas coyunturas políticas, lo que en Colombia opera es la fuerza de la inercia, las transacciones y los acuerdos político-jurídicos-burocráticos con los que se superaron escándalos como el proceso 8.000, la parapolítica y la captura mafiosa de entidades del Estado por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.

No creo que eso que grandilocuentemente llamamos institucionalidad, o la idea de “dejar que las instituciones operen”, esté por fuera de lo que Revéiz llama el capitalismo político, que no es otra cosa que “la lucha por el control del Estado por parte de las coaliciones entre los grupos económicos y los dirigentes políticos con las altas burocracias estatales para la búsqueda de rentas-privilegios”. Así las cosas, ante un soñado juicio político al presidente Petro por parte de la derecha y la ultraderecha, lo que unos llaman instituciones e institucionalidad, no es otra cosa que la entrada en operación de la maliciosa forma como el “viejo” régimen de poder viene operando de tiempo atrás.

Imagen tomada de El Tiempo.