ETHOS MAFIOSO Y CORRUPCIÓN EN COLOMBIA: NO HAY NADA QUE HACER

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con los más recientes escándalos de corrupción público-privada en la UNGRD se confirma la imposibilidad de lograr un cambio, proscribiendo, por ejemplo, el ethos mafioso. Y es así, por la complejidad que supone la operación integrada de los sistemas judicial, político y sociocultural bajo esa línea ética que, aunque sinuosa, está arraigada en todos los tres sistemas.

Por lo anterior, hoy vemos un ethos mafioso naturalizado y garante de la vigencia de los políticos que, a pesar de haber sido procesados y condenados por diversos delitos asociados a formas de corrupción, una vez que pagan sus irrisorias condenas, continúan haciendo política con el apoyo de partidos políticos, sectores societales que los necesitan porque son generadores de empleo y oportunidades para ejecutar proyectos. Más claro: los tres sistemas necesitan de la corrupción y de la economía del crimen, en cuyo manejo son expertos los funcionarios y los políticos profesionales señalados de ser corruptos. Incluso, abogados condenados por corrupción, y otros a los que les gusta defender bandidos, son apetecidos no solo para reducir las penas de sus clientes, sino para asegurarse que el sistema judicial siga operando ese mismo ethos.

Por ello, pretender proscribir el ethos mafioso y con este las prácticas corruptas en los sectores público y privado resulta imposible en Colombia porque, además, haría colapsar la economía e incrementaría los costos en las transacciones sociales y políticas que a diario se deben hacer para mantener a flote a la sociedad y a las instituciones privadas y estatales.

El sistema judicial de Colombia está permeado por ese mismo ethos corrupto. Esa realidad incontrastable se puso en evidencia con el Cartel de la Toga, episodio que lejos de aportar a la depuración en la rama judicial, lo que hizo fue encarecer las tramoyas y los torcidos para que en adelante queden blindados para evitar filtraciones. Ya estarán sus expertos analizando lo sucedido en la UNGRD, pues si todo quedó bien diseñado, incluidos los acuerdos de responsabilidad, no se entiende por qué está el país hablando de los torcidos en la compra de los carrotanques y la entrega de millonarias coimas a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Algo salió mal y las correcciones las sabrán hacer las cabezas ocultas de ese entramado criminal.

Cuando se encarcela a un político miembro de una casta o de un clan político, se termina afectando las economías regionales, cuyo motor de desarrollo está conectado al ethos mafioso y a las actividades propias de un modelo de enclave, fruto de la visión retardataria, premoderna y feudal de esas mismas familias y de las élites que comulgan con la corrupción. Política y economía, en ese estricto orden, son el eje de un desarrollo económico agro extractivo (ganadería extensiva, minería legal e ilegal, deforestación y monocultivos de caña de azúcar, palma africana y coca) que reproduce la corrupción pues muchos empresarios necesitan del político para acelerar procesos, trámites y evitar controles, entre otros asuntos.  

En cuanto al sistema político este se reproduce gracias a la corrupción pues quienes quieran entrar en el juego electoral, deben plegarse a las condiciones y circunstancias que les impone el ethos mafioso: compra de votos, guerra sucia en medios, ocultamiento de antecedentes judiciales y el acercamiento a quienes llegarán a los órganos de control, esto es, a la Procuraduría, una institución capturada por mafias políticas y usada para premiar a amigos y castigar a enemigos;  y la Contraloría opera de manera similar. Tanto en lo nacional como en las regiones, estas instituciones devienen capturadas o estarán siempre abiertas a que grupos políticos las capturen. Emilio Tapia, por ejemplo, es un corrupto paradigmático. Antes de que se conocieran los hechos del robo de los 70 mil millones de pesos para el internet en zonas rurales (el caso de Centros Poblados y la Mintic, Karen Abudinen), ya Tapia había sido condenado por el caso del cartel de la contratación en Bogotá. Su vigencia política está atada al sistema político que lo usa para que la corrupción siga y se reproduzca para que el país siga operando económica y políticamente. Los presidentes de la República saben que así funciona el país, lo que los hace cómplices de la operación mafiosa del Estado. Esa realidad es imposible cambiarla: nos tocaría morirnos a todos y que a este territorio llegue otro tipo de gente. Pero con el tiempo, esos nuevos pobladores, crearán sus propias maneras de hacer las cosas, lo que garantizará el renacimiento de la corrupción.

La Fiscalía es otra institución que deviene capturada por mafias de diferentes pelambres: clan del Golfo, clanes políticos y otros grupos de criminales. Fiscales que trabajan para esas estructuras mafiosas hacen imposible que la entidad investigue y solicite a los jueces condenas ejemplares. Los principios de oportunidad aparecen porque la Fiscalía es débil. Los corruptos saben eso y juegan con la economía del crimen o del delito. 

En cuanto al sistema socio cultural, la vigencia de los corruptos está garantizada porque la sociedad y sus estamentos jamás aprendieron qué es eso de la sanción social (moral) a la que hay que someter a los corruptos. Por el contrario, amplios sectores de la sociedad aplauden y admiran a los corruptos. Serlo es sinónimo de viveza e inteligencia. Agentes sociales, económicos y políticos de la sociedad civil guardan silencio ante los casos de robos al erario. La Academia, con su aturdidor silencio, aporta a la naturalización del ethos mafioso; instituciones como Fenalco, Andi, Acopi y otros gremios también hacen lo propio porque nadie quiere tener malas relaciones con la clase política y mucho menos con los miembros de los clanes políticos.

Los ciudadanos del común que cada cuatro años votan saben y aceptan que sus candidatos son corruptos. Y a pesar de ello, los eligen porque esperan algo a cambio. Y los nuevos que se lanzan diciendo que no tolerarán a los corruptos, terminan cooptados porque es tal el poder que se concentra en la operación de esos tres sistemas, que oponerse a su funcionamiento es ganarse enemigos o simplemente, no entrar en el juego político y electoral.  Debemos aceptar que somos una sociedad inmoral, sucia, corrupta. Apreciamos más al político mentiroso, criminal y corrupto, que al pequeño empresario que lucha todos los días para sacar adelante su empresa. Seguiremos siendo el país de mierda que entre todos hemos construido. 

Imagen tomada de Blu radio.