Por Germán Ayala Osorio
Desde
su nacimiento como República, Colombia arrastra el insuperable problema de la
corrupción público-privada, que es consecuencia del enraizado ethos mafioso que
guía desde esos tiempos la vida de selectos clanes políticos que operan en
regiones y miembros de la clase política y dirigente (empresarial) que,
apostada en Bogotá, se asegura de que en el resto del territorio opere el
Estado en la misma lógica mafiosa, sucia, indebida y criminal.
El
escándalo de corrupción en la UNGRD, primero con la compra de los carrotanques
de agua llevados a La Guajira y ahora por las coimas millonarias entregadas a
los presidentes de la Cámara de Representantes y Senado salpican al gobierno de
Petro y al Congreso de la República.
Lo
más doloroso del asunto es que en la compra irregular de los carrotanques participaron
funcionarios elegidos por el mismo presidente y en la entrega de los 3 mil
millones de pesos a Iván Name, presidente del Senado y mil millones al
presidente de la Cámara, Andrés Calle, altos funcionarios que muy seguramente
llegaron a altas consejerías y demás cargos, por cuenta de los sempiternos acuerdos
burocráticos. En este caso, los establecidos con la Alianza Verde;
Lo
informado a los medios por Sneyder Pinilla, exfuncionario corrupto, constituye
una mancha más para el Congreso, una de
las instituciones más desprestigiadas del país, usada por clanes y políticos
profesionales para mantener la captura del Estado y por ese camino, acceder a billonarios recursos del erario para
hacer grandes negociados como los ocurridos, hace muchos años, con la
construcción de la hidroeléctrica de El Guavio; también en otros emblemáticos torcidos
como Chambacú, la quiebra de Granahorrar con Michelsen Uribe y la construcción
de la refinería de Reficar; entre los más recientes están los casos de Las
Marionetas y el de Centros Poblados, con este último se robaron 70 mil millones de pesos que jamás
aparecieron. Hay que recordar que el entonces presidente-títere, Iván Duque, “sorprendido”
por el escándalo mantuvo a la ministra del Min Tic, Karen Abudinen, a pesar de
su responsabilidad política en los hechos; además, Duque dijo públicamente que pediría
ayuda al FBI para recuperar la millonaria suma. Sobre lo segundo, el fatuo
mintió.
Pero
volvamos al caso que ensucia la imagen del gobierno Petro. No basta con pedir
la renuncia de los comprometidos en el escándalo que apenas empieza la Fiscalía
a tratar de decantar sus alcances y dimensiones. Ya está claro que en términos
de “atacar la corrupción” no habrá cambio. Se aplaude la decisión del
presidente de pedirles la renuncia a los funcionarios comprometidos en los
hechos narrados por Sneyder Pinilla, exfuncionario corrupto que hoy delata a
sus superiores jerárquicos porque él mismo lo dijo “no quiere ser el único
guevón que caiga” en semejante entramado de corrupción. Insisto: no es
suficiente. Lo que tiene que hacer Petro es convocar ya la Comisión
Internacional que prometió en campaña, para que, de la mano de la ONU, se
sacudan todas las instituciones estatales, incluidas por supuesto, las FFAA,
las altas cortes y su propio gobierno.
Está
en mora el gobierno del cambio en convocar esa comisión internacional si de
verdad quiere contrarrestar los efectos negativos que la prensa opositora está
generando en la opinión pública. Incluso, columnistas que votaron por el
proyecto político que encarna Petro, ya replican la narrativa que indica que “cambio
no hubo” y que este gobierno es tan corrupto como los demás. Ana Bejarano, en Cambio, sostiene lo siguiente
en reciente columna: “Eso es lo más decepcionante del gobierno del
cambio: que se ejerce como cualquier otro de los que se hacen elegir para
repartirse las arcas del Estado entre amigos y mafiosos. No son casos aislados
ni funcionarios desviados: la evidencia que se acumula no puede entenderse por
fuera del copamiento y abuso estructural y sistemático de lo público que
conocemos a la perfección. Casi que la improvisación y mediocridad en el
ejercicio del poder serían pasables si no estuvieran dedicados a llenarse los
bolsillos con nuestra plata. Petro lo sabe y se hace el de la vista gorda en
franca complicidad con la numerosa cantidad de ladrones a quienes les abrió las
puertas de la función pública. La pantomima del cambio para hacer lo de
siempre: apoderarse del botín”.
Esos
nuevos hechos de corrupción alimentarán la vergonzosa e incompleta lista que aparece
en esta columna. Pinilla se adelantó a lo que muy seguramente sucederá: pagarán
los más “guevones” porque los sistemas judicial, político y cultural están
diseñados para que los corruptos con apellidos de afamados clanes políticos
hagan uso de lo que se conoce como la economía del crimen o del delito.
El
ethos mafioso está tan naturalizado en estos tres sistemas, que lo que la
prensa y los ciudadanos del común llaman corrupción, para la élite política que
está detrás de todos los escándalos de pago de coimas y tramoyas simplemente es
el “derecho preferente a robar al Estado” porque sin ellos como alimentadores
de los tres sistemas, el país colapsaría.
Imagen tomada de Youtube.com
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