VIOLENCIA EN EL CATATUMBO Y LA CRISIS DE LA CATEGORÍA CONFLICTO ARMADO INTERNO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los hechos acaecidos en el Catatumbo deben generar, además de la ya conocida reacción político y militar del Gobierno y la indignación social, una reflexión de la academia en torno a la validez, credibilidad y la legitimidad del concepto conflicto armado interno.

La consolidación del ELN como una estructura “narco armada” y la operación espuria y también mafiosa de las disidencias farianas obligan a la academia, centros de pensamiento, ONG defensoras de DDHH y aquellas dedicadas a interpretar las disímiles expresiones de la violencia que ejercen esos grupos armados ilegales en vastos territorios, a revisar el sentido de la nomenclatura conflicto armado interno, usada históricamente para legitimar políticamente la operación de las antiguas guerrillas.

Constituye a todas luces una afrenta y un engaño insistir en el uso de una pomposa categoría cuando lo que a diario ven y soportan las comunidades es la “lumpenización” de aquellas estructuras armadas que sectores privilegiados de la sociedad siguen llamando guerrillas cuando en los territorios actúan como fuerzas de sometimiento social, económico y político alejadas de los deseos de “liberar al pueblo” de la tiranía estatal y del modelo de desarrollo económico vigente.

Vengo insistiendo en la idea de que al mutar el ELN y las disidencias farianas a organizaciones narco armadas ya no tiene mayor sentido hablar de conflicto armado interno a pesar de la permanencia en el tiempo de aquellas circunstancias objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Así las cosas, urge revisar la validez jurídico-política, la legitimidad y la credibilidad de la nomenclatura conflicto armado interno como concepto y categoría explicativa, pues las guerrillas de entonces dejaron de existir o simplemente mutaron a organizaciones criminales sin arraigo sociopolítico.

Poner en cuestión dicha nomenclatura puede tener implicaciones en la dimensión jurídico-política de la paz, en la medida en que no tendría mayor sentido de realidad hablar de negociaciones políticas con unas organizaciones mafiosas que, como el ELN, no les interesa dejar las armas a cambio de curules y mucho menos les atrae reincorporarse a la vida social y económica del país a través de proyectos productivos como los que echaron a andar los firmantes de paz del proceso de paz de 2016. Así las cosas, no queda de otra que hablar de procesos de sometimiento a la justicia. Así entonces, la variable jurídica estaría por encima de la política y de la potestad del presidente de la República para sentarse a negociar condiciones generales y particulares de eventuales armisticios.

Si se acepta que por cuenta de la transformación de las guerrillas en narco estructuras armadas la categoría conflicto armado interno ya no tiene la validez, la legitimidad y la credibilidad suficientes para sentar en la mesa en condiciones de igualdad a los plenipotenciarios de un gobierno y a los líderes de esos ejércitos mafiosos, entonces el país político debe abandonar la idea romántica de esa paz que genera aplausos y motiva la entrega de reconocimientos internacionales como el Nobel de Paz, para empezar a pensar en que ya es tiempo de hablar de postguerrillas y de pacificación a las malas.

Pasar de la búsqueda de la Paz Total a la Guerra Total como escenario en el que ya el conflicto armado interno no existe como categoría explicativa, necesita de acciones de limpieza al interior de las fuerzas armadas, del empresariado y de la clase política. Lo anterior implica golpear con firmeza a todos los agentes sociales, político y económicos que se benefician de la comercialización de armas y pertrechos, esto es, de la guerra. Lo primero que hay que hacer es identificar y procesar penalmente a los Warlord que operan en Colombia, muchos de ellos amparados por partidos políticos y la dinámica electoral.

 

 

 eln en el catatumbo - Búsqueda Imágenes

CONFLICTO ARMADO INTERNO: ¿ES POSIBLE CONTINUAR LLAMANDO ASÍ A LO QUE SUCEDE HOY EN COLOMBIA?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El reconocimiento del conflicto armado interno en Colombia impuso a los actores armados (Paramilitares, Guerrillas y fuerzas estatales) unas condiciones ético-políticas a través de las cuales fue posible enmarcar, explicar, dar sentido académico, justificar políticamente o hacer encajar las operaciones militares, las tomas guerrilleras y en general todas las actividades hostiles, propias de ese escenario de conflictividad, en la categoría política, militar y académica Conflicto Armado Interno. Es decir, esa nomenclatura construyó un “deber ser de la guerra” del que se fueron alejando unos y otros, bien por la penetración del narcotráfico a las filas de los combatientes, la imposibilidad de alcanzar el triunfo político y militar fijado como único norte posible: llegar a ser gobierno, tumbando el régimen de poder; y, por último, por el tratado de paz que firmaron el Estado con las entonces Farc-Ep. Este último armisticio fue un duro llamado a la dirigencia del Comando Central (Coce) a abandonar sus históricas posturas intransigentes.  De igual manera, haber desmontado gran parte de la estructura subversiva de las Farc-Ep hizo pensar a gran parte de la opinión pública que el conflicto armado con la guerrilla más grande había terminado.

Con el paso del tiempo, las hostilidades y las operaciones militares de los ya señalados grupos armados entraron en un fuerte e irreversible proceso de degradación misional (moral). Como consecuencia de ello, el concepto de Conflicto Armado Interno (CAI) empezó a perder sentido ético-político, a pesar de la vigencia de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60, reconocidas en su momento por el presidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986). Gonzalo Sánchez, en entrevista al diario El Espectador, sostiene que “en líneas gruesas hemos transitado de un conflicto Estado-insurgencias, a un conflicto multidimensional con intersecciones a menudo refractarias al deslinde. El conflicto hoy es mucho más extendido, más heterogéneo e intrincado. Y no es solo contra el Estado. Este ha sido permeado a través de complicidades, drenaje de recursos para la guerra, redes de apoyo internacionales…”

La firma del fin del conflicto entre las Farc-Ep y el Estado colombiano es un “parte aguas” en el devenir del conflicto armado y en la manera de entender sus dinámicas. A ese quiebre se suman circunstancias contextuales que, en lugar de legitimar la lucha armada, le restan legitimidad, hasta el punto de que hoy, en varios sectores de la sociedad, la operación del ELN (Ejército de Liberación Nacional), único grupo en armas, es considerada como anacrónica e improcedente, al igual que la operación de las disidencias farianas.

Las conversaciones de paz que hoy sostienen con el gobierno de Gustavo Petro le devuelven en algo la legitimidad perdida a los elenos, al tiempo que le dan un respiro a la moribunda nomenclatura Conflicto Armado Interno.

Dentro de esas circunstancias de lo que llamo el “parte aguas” se encuentran el estallido social de 2021, la misma pandemia y sus efectos sociales, económicos y los que dejó en la psiquis colectiva ese complejo escenario sanitario, así como la acentuación del carácter periférico del ELN y de su lucha territorial anclada exclusivamente al control de rutas del narcotráfico. También, la aparición de nuevas agrupaciones armadas (disidencias y demás) que lo único que prueban es que el uso de las armas se convirtió para muchos de los integrantes de esas organizaciones armadas ilegales en modus vivendi, en una forma de ganarse la vida.

Atrás quedaron las auto valoraciones de lo que sus comandantes llaman el reconocimiento social del control militar de zonas como el Chocó, el Catatumbo y el Cauca, entre otras zonas. Lo cierto es que la pretendida liberación de un pueblo sometido a un régimen oprobioso, gracias a la acción armada de los grupos guerrilleros, fue un sueño quimérico del que aún no parecen despertar los elenos. Gonzalo Sánchez, en la misma entrevista señala que “la promesa de transformación por la vía de las armas perdió momentum en todo el continente. Negarse a reconocerlo puede costar derramamiento inútil de mucha sangre. Pero aclaremos, si el modus operandi perdió vigencia, el contenido, las demandas y tareas aplazadas se tornan aún más urgentes. Algo que también deberían entender las elites políticas, sociales y económicas del país”.

Así las cosas, creo que va siendo tiempo de proponer un cambio en la manera de explicar y llamar a lo que sucede hoy en Colombia, en virtud de las circunstancias señaladas líneas atrás. El concepto de Conflicto Armado Interno se fue vaciando de sentido y ya no sirve para dar cuenta de lo que realmente está sucediendo en la Colombia del postacuerdo de La Habana. Propongo hablar de Conflictividades del Posacuerdo (CP), o quizás Escenario de Múltiples y Asimétricas Violencias (EMAV), Escenario Anómico del Posacuerdo (EAP) o Violencias Intestinas Despolitizadas (VID).

Es importante “rebautizar” lo que sucede en el país con el objetivo de poner el foco y al atención en aquellos poderes políticos y económicos, legales e ilegales, que se benefician de la permanencia de agrupaciones al margen de la ley y de su operación en territorios en los que la lucha por la tierra, el control de las riquezas del subsuelo y las rutas del narcotráfico son factores definitivos para la permanencia de las condiciones premodernas en las que nacieron las guerrillas y las que insisten en extender en el tiempo las élites económicas, sociales y políticas.

Las decisiones de política económica que viene adoptando el actual gobierno nacional, el haber Gustavo Petro militado en una de las guerrillas ya desmovilizadas y las acciones encaminadas a lograr la Paz Total, en lugar de darle un segundo aire al conflicto armado como muchos pueden pensar, van camino a restarle sentido y legitimidad.

Imagen tomada de Razón Pública.

¿SIGUE SIENDO LA PAZ UN TEMA ELECTORAL?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Durante años el conflicto armado interno, sus dinámicas y efectos en la sociedad fueron un factor electoral importante que definió en las urnas las aspiraciones de varios candidatos presidenciales. Pastrana terminó derrotando a Samper con la imagen de su reunión con Tirofijo y Álvaro Uribe Vélez llegó a la Casa de Nariño gracias a dos hechos, uno interno y el otro externo. El primero, por el fortalecimiento militar de las Farc-Ep y sus arremetidas contra la población civil; y el segundo, los ataques terroristas, contra las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Auto infringidos o no, ese suceso le sirvió a Uribe para justificar su política de seguridad democrática porque, según él, en el país no había conflicto armado sino una "amenaza terrorista".

A partir de la negociación en La Habana entre Juan Manuel Santos y Timochenko, las dinámicas del conflicto cambiaron radicalmente. La conversión de las entonces Farc-Ep en el partido Comunes fue un fuerte golpe político a la guerrilla del ELN en la medida en que su lucha armada perdió sentido histórico, lo que terminó acrecentando sus divisiones internas, pero sobre todo su consolidación como una estructura armada narcotizada a la que no le interesa negociar curules y proyectos productivos porque tienen el músculo económico suficiente para extender las hostilidades por varios años más. Las economías ilegales les quitaron el ropaje político a los elenos.

Con el triunfo político de Gustavo Petro sectores de la sociedad pensaron que por haber militado en el M-19 sería más fácil negociar y firmar un armisticio con los elenos. Tanto Petro y los miembros del ELN llegaron a sendas conclusiones que alejaron la posibilidad de alcanzar la paz. El presidente Petro confirmó que el Ejército de Liberación Nacional abandonó su espíritu revolucionario y se convirtió en un conjunto de “traquetos con camuflado”. Mientras que la dirigencia del Coce llegó a la conclusión de que Petro no era el líder de izquierda que ellos pensaron que era.

En el presente hay asuntos electorales muchos más importantes y definitivos para la sociedad y los grupos de poder que se disputan el control del Estado: uno de ellos es la continuidad o no del proyecto progresista que encarna Petro o el regreso de la derecha uribista y neoliberal responsable de la privatización del Estado, la pobreza y la inequidad estructurales, así como de los efectos socioambientales y ecológicos que deja un modelo de desarrollo fincado en un tipo de Sostenibilidad Asistémica Funcional.

Hay un aparente despertar de una ciudadanía que habla más de condiciones laborales dignas, del cuidado de la naturaleza, del disfrute de la vida y del tiempo libre; de la superación de la pobreza, del clasismo y el racismo, dos de las taras civilizatorias que arrastramos como sociedad; de sectores interesados en reindustrializar el país y de superar los años de atraso que garantizó una élite conservadora, retardataria, mediocre e incapaz de leer los cambios societales.

Eso sí, ya hay candidatos presidenciales que intentarán poner como tema central la consecución de la paz a partir del fracaso de la apuesta maximalista de la Paz Total del gobierno Petro. Por ejemplo, María Fernanda Cabal ya salió a los medios a decir que ella “impondrá la paz”. La goda y neoliberal congresista quiere poner en la agenda electoral de 2026 el tema de la paz sin reconocer la existencia del conflicto armado interno. Hábilmente la “generala o muñeca” de Uribe evita hablar de conflicto armado porque ello iría en contravía de la doctrina de su patrón. Ella habla de paz porque le sirve para despotricar de Petro, de su pasado guerrillero y de la fracasada Paz Total. El país sabe que a la Cabal le gusta es la bala, la bala y la bala. 

He venido diciendo que no tiene sentido de realidad hablar hoy de la existencia de un conflicto armado interno en Colombia. Como tampoco el país enfrenta una “amenaza terrorista”, apelativo con el que sagazmente Uribe borró la historia de años y años de un conflicto social, económico y político que, gracias al proceso de paz de La Habana, a los avances territoriales que en varias materias dejará la administración Petro, pero sobre todo a la lumpenización y traquetización de los elenos y las disidencias perdió ese rimbombante nombre que tanto le sirvió a políticos y a la academia para justificar hechos de paz y de guerra.

Ya es tiempo de dejar de llamar conflicto armado interno a unos hechos de violencia originados por la traquetización de las organizaciones “postguerrilleras”. Que hay que combatirlos, por supuesto, pero no tiene mayor sentido hablar de paz en términos de una negociación política cuando todos los actores ilegales, con los que eventualmente se piense dialogar, se comportan como bárbaros, salvajes y agentes anacrónicos. Hay que poner mucho cuidado a los agentes de la derecha que quieran hablar de paz y de guerra a sabiendas de que lo único que les interesa son los lucrativos negocios del narcotráfico, la minería legal e ilegal y la comercialización de armas. Entonces, estaríamos hablando de Pactos Prepolíticos que terminan sirviendo a la derecha mafiosa y criminal y a esas "guerrillas" que dejaron atrás su espíritu revolucionario para convertirse en traquetos que dejaron de patrullar para montarse con Toyotas de alta gama. 

maria fernanda cabal dice que impondrá la paz y la paz total - Búsqueda Imágenes

LAS IDEAS DE PAZ DE PETRO Y URIBE

 

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las cambiantes dinámicas del conflicto armado interno han permitido el surgimiento de varios significados o nociones en torno a la paz, su consecución y su mantenimiento a través del paso de los años. En adelante hago un ejercicio interpretativo alrededor de las ideas de paz que circulan aún en el país, de la mano de reconocidas figuras políticas y las que ebullen en las transacciones cotidianas de la gente.

En la reciente “invitación” que el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez les hizo a los militares para que desconocieran la autoridad del comandante supremo, el presidente de la República Gustavo Petro, el político antioqueño deja ver su idea de paz. Esa noción del exmandatario está soportada en el concepto y doctrina de la violencia legítima del Estado y por esa vía, en la justificación de los excesos en el uso de esa fuerza y los sempiternos daños colaterales. Esto se traduce, coloquialmente, en bala, bala y más bala, lo que implica la militarización del Estado y la consolidación de un Estado militarista.

Para concretar su idea de paz, poco importa que ese Estado militarista cometa atrocidades, pues lo importante es que se logre mantener el régimen de poder. Recuérdese lo que expresó Paloma Valencia, una de las fichas de Uribe, cuando se discutió la posibilidad de que en colegios se enseñara el contenido del Informe de la Comisión de la Verdad sobre lo acontecido en el marco del conflicto armado interno: “El Estado cometió errores y atrocidades, pero era legítimo y fundamentalmente estuvo en la defensa de los ciudadanos”. Los 6402 jóvenes asesinados por el Ejército, presentados falsamente como "guerrilleros dados de baja en combates" hacen parte de esas atrocidades que se cometieron por la aplicación de la política de seguridad democrática y de los incentivos económicos prometidos en el Decreto Boina y la Directiva Ministerial 029 de 2005.

Uribe Vélez es el típico War Lord que cree a pie juntillas en la victoria militar, por encima de la comprensión de las causas objetivas que los grupos levantados en armas aún exhiben para legitimar su lucha “revolucionaria”. La paz en la que cree Uribe está más cerca de la pacificación a las malas, que a cualquier posibilidad de concertarla a través de una negociación política. Por su talante autoritario, a Uribe no le gusta dialogar y mucho menos desgastarse políticamente en una negociación que implique ceder algo de poder. Está más cerca de la doctrina de contar bajas. La paz de Uribe huele a formol, camina en bolsas negras y se expresa con la exhibición de los cuerpos de los “terroristas muertos en combate”.

Por ser un Señor de la Guerra, Uribe cuenta con el apoyo económico, social y político de todos aquellos actores que de manera directa o indirecta se benefician del desplazamiento forzado que generan los enfrentamientos, así como de la zozobra y el miedo de la población civil rural. Hablo de ganaderos, latifundistas, especuladores inmobiliarios, paramilitares y negociantes de tierras prestos a ofrecer compra a campesinos que, cansados de la guerra, prefieren vender barato para irse a vivir a los cinturones de miseria de urbes como Cali, Medellín y Bogotá, entre otras ciudades receptoras de desplazados o de colombianos en condición de desplazamiento.

Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, exhibe una idea de paz diametralmente distinta a la del exgobernador de Antioquia. Petro cree en la paz negociada sin que ello signifique que acepta aquello de las causas objetivas que legitimaron el levantamiento armado en los años 60. Petro creyó en aquellas mientras fue guerrillero. Una vez se benefició del indulto y la amnistía, empezó a poner en crisis esa narrativa con la que por años la academia y el mundo de la política legitimó y explicó los orígenes del conflicto armado interno.

Ya en varias ocasiones Petro ha expresado que el conflicto armado interno, sus dinámicas y los propios actores han cambiado. Estamos, de acuerdo con Petro, en una etapa caracterizada por la nula formación política de los combatientes auto llamados “guerrilleros” y la visible traquetización de los grupos al margen de la ley a los que de manera forzada Petro les reconoció estatus político. En sus palabras, se trata de “traquetos vestidos de camuflado”.

El interés del jefe del Estado de proteger a la población civil, en particular a los campesinos que sobreviven en los territorios rurales en los que el conflicto armado se manifiesta con mayor intensidad, está fundado en su genuina búsqueda de la esquiva reforma agraria. En este punto las diferencias con Uribe son irreconciliables, pues mientras que el latifundista y caballista se opone a desconcentrar la propiedad de la tierra, el hijo de Ciénaga de Oro está convencido de que devolverle la tierra a los campesinos que la perdieron por causas de la guerra interna constituye un paso importante hacia la paz.

Las ideas que tanto Uribe y Petro tienen de la paz están conectadas al ejercicio de la política. Es decir, de manera original están alejadas de las nociones de paz que pueden tener millones de colombianos y que bien pueden dar vida a un tipo de paz social o de convivencia entre diversos y diferentes.

Imagen tomada de CNN

¿GENERALES QUE VENDEN ARMAS A LAS GUERRILLAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La extensión en el tiempo del conflicto armado interno y su evidente degradación fue posible gracias a factores propios de una difícil y compleja guerra de guerrillas, a históricos problemas logísticos y de equipamiento de las fuerzas militares, al poder corruptor del narcotráfico y por supuesto a la connivencia de policías y militares con las guerrillas, con las que negociaron en el pasado y en el presente la entrega de armamento y pertrechos, lo que sin duda desdibuja el discurso patriótico propio de políticas como la  Seguridad Democrática  de Uribe o la Paz con Legalidad del presidente-títere, Iván Duque Márquez, así como el sentido de la doctrina del enemigo interno. No puede llamarse “enemigo interno” a las fuerzas irregulares cuando hay militares que hacen negocios con varios de sus miembros. Estaríamos, entonces, ante una realidad simulada en territorios en los que los medios masivos registran combates, desplazamientos y hasta muertos de ambos bandos, cuando esas armas de la República fueron vendidas por las propias tropas.

La “pureza” ideológica y política de los ejércitos enfrentados, legales e ilegales, poco a poco se contamina por los intereses individuales de militares por conseguir dinero y amasar riqueza, mientras ocurren combates y se alimenta el discurso patriótico y anticomunista.

El presidente de la República puso el dedo en la llaga con preguntas y señalamientos que deben ser recogidos por la academia y por aquellos interesados en comprender la evolución o mejor, la involución del conflicto armado colombiano. Lo dicho por Gustavo Petro Urrego, aunque no es nuevo, sí constituye un llamado de atención a las demás instituciones del Estado en la medida en que aporta a la consolidación de una narrativa oficial que le resta aún más legitimidad a los grupos subversivos que mantienen su lucha armada contra el Estado, al tiempo que pone en evidencia la existencia de un ethos mafioso al interior del Ejército y la Policía nacionales.

En un escenario académico, y al referirse a una nueva era del conflicto armado interno, Petro Urrego sostuvo que “en esta fase el capitán del Ejército se alía con el que creían que era el comunista, jefe de la Marquetalia II de la zona, y el capitán de la Policía se alía ya con el de la Estado Mayor Central (EMC), y el de aquí con este, y la EMC con las Autodefensas del Golfo para acabar con el ELN”. ¿Dónde está la inteligencia ahí? ¿Dónde se está averiguando qué generales están en negocios con las disidencias de la Farc para dividirse el negocio en una región cualquiera? ¿Cómo llegaron las disidencias al Cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron, y el Ejército retrocedió y ellos entraron, en el Gobierno pasado”.

No demora la Oposición en salir a descalificar las insinuaciones del presidente y comandante supremo de las fuerzas armadas por considerar que afectan la moral de la tropa. Lo cierto es que hay suficientes ejemplos y registros noticiosos de casos de suboficiales y oficiales de mediana y alta graduación, metidos en la venta de armas, municiones y pertrechos a las guerrillas. De esto se habla desde los años 80. Los señalamientos de Petro tocan de manera directa al gobierno de Iván Duque y a la cúpula militar de la época.

Lo expresado por el jefe del Estado bien puede terminar por erosionar la confianza de la ONU y de los países garantes y acompañantes en los procesos de diálogo que se adelantan con el ELN y las disidencias de las Farc-Ep, por considerar que estarían validando un conflicto armado interno desprovisto de lo más esencial: razones políticas e ideológicas.

Si bien este gobierno ha hecho varias “purgas” al interior del Ejército, la posibilidad de que haya hoy o lleguen en los próximos gobiernos generales de la República interesados en hacer negociados con los bandidos a los que deben combatir no solo es alta, sino inconveniente y hasta peligrosa para la operación del Estado en el territorio nacional sin vetos asociados a la entrega informal de zonas del país a las estructuras delincuenciales. El cañón del Micay es el ejemplo que pone el presidente Petro, pero sin duda alguna hay otras zonas del país en las que la presencia histórica de las guerrillas bien pudo resultar de “transacciones” entre generales de la República y comandantes de frentes guerrilleros.

Así las cosas, se confirma que la guerra es un lucrativo negocio y que más bien, tanto las guerrillas como policías y militares estarían al servicio de unos Señores de la Guerra (terratenientes, banqueros y narcos), interesados exclusivamente en sacar de los territorios a comunidades afros, campesinas e indígenas, catalogadas como obstáculos para el desarrollo económico anclado en la explotación de los ecosistemas naturales y de la transformación del paisaje natural, para dar vida a lo que muchos llaman “ecosistemas emergentes”. 

¿Tendrá sentido continuar hablando de paz cuando guerrilleros y militares conviven, negocian tierras y armas?

Imagen tomada de EL TIEMPO

MILITARES QUE VENDEN INFORMACIÓN Y ARMAS AL “ENEMIGO INTERNO”: SE DAÑÓ LA SAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Por estar los medios hegemónicos ocupados linchando moralmente al presidente de la República a través de los señalamientos publicados por Álvaro Leyva Durán y cubriendo la muerte del Papa Francisco y el cónclave que tiene como objetivo elegir su remplazo, pasó casi que desapercibido lo dicho por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez Suárez en torno a una realidad que no es nueva.

El general (R)  confirmó “que dentro de la misma Fuerza Pública existen infiltrados que han sido retirados por motivos relacionados con venta de información y suministro de municiones. En ambos casos los procesos se están abordando en la fiscalía general de la Nación. Es apenas una muy diminuta minoría al interior de la Fuerza Pública, pero que le causa un inmenso daño que no es aceptable. Algunos de ellos los hemos detectado principalmente en Antioquia y en la Costa Caribe”.

La situación develada por Sánchez Suárez tiene efectos operativos porque impide que la fuerza pública avance en su objetivo de someter a los mafiosos de camuflado que insisten en llamarse guerrillas. Además de la desconfianza que genera al interior de las fuerzas, cuyos hombres ya no saben si las órdenes por cumplir devienen contaminadas por los negocios de los comandantes que las impartieron.

También deja efectos políticos lo expresado por el ministro de la Defensa en la medida en que aporta a la consolidación de la lectura que propone dejar de llamar Conflicto Armado Interno (CAI) a un escenario de degradación misional de militares y guerrillas que convirtieron en negocio la guerra interna. Esa nueva lectura propone que en adelante se hable del surgimiento de un escenario de Violencias Intestinas Despolitizadas (VID), sostenido por la evidente pérdida de validez jurídico-política y legitimidad del CAI.

La academia, los partidos políticos, empresarios del campo, las víctimas civiles que dejan los enfrentamientos  y consecutivos presidentes de la República, entre otros actores más, asumen de manera interesada que esa realidad socio económica, política y militar que llaman CAI siga vigente, a pesar de la tozudez de unos hechos que apuntan a describir un proceso de degradación misional de los actores armados, en particular de oficiales con mando de tropa que en público hablan de defender la Patria de la amenaza terrorista, cuando en privado negocian con los mafiosos de camuflado que también en público se presentan como “revolucionarios y representantes del pueblo”.

Insisto en que le corresponde a la academia, a los partidos políticos, periodistas y politólogos expertos en el cubrimiento de las dinámicas del “conflicto armado interno” asumir la tarea de “rebautizar” con una nomenclatura más precisa lo que sucede hoy en el país con unas “guerrillas” que están al servicio del Cartel de Sinaloa y un Ejército que tuvo altos oficiales y suboficiales - y que muy seguramente aún tiene- interesados en enriquecerse vendiendo información, armas y pertrechos al “enemigo interno”.

Lo peor de todo es que las purgas hechas por el gobierno Petro al interior del Ejército y de otras fuerzas son mal vistas por sectores de la derecha uribizada históricamente beneficiada por la extensión en el tiempo de la violencia armada en los territorios rurales y selváticos. El negocio de la guerra y las economías ilícitas (narcotráfico y minería) hace rato que le quitaron el ropaje político a un conflicto armado interno cuyas dinámicas hoy dan cuenta de que lo realmente se vive en el país son Violencias Intestinas Despolitizadas.

Imagen tomada de Semana

DOCTRINA MILITAR EN LOS POZOS (CAQUETÁ)

 

Por Germán Ayala Osorio

Con la política de seguridad democrática el país cayó en una espiral de violencia gracias en buena medida a dos circunstancias: la primera, soportada en la tesis negacionista que del conflicto armado interno propuso Álvaro Uribe Vélez como comandante supremo de las FFAA y presidente de la República.  Y la segunda, atada a la aplicación del principio del enemigo interno a campesinos, afros, indígenas, sindicalistas, profesores y periodistas críticos del régimen de poder.

Con el triunfo político y electoral de Gustavo Petro se reconoce la existencia del conflicto armado al retomar las negociaciones con el ELN y al examinar el caso de la Segunda Marquetalia.  Además, se pretende borrar de la lógica policial y castrense esa perversa extensión del enemigo interno a comunidades tradicionalmente violentadas por los actores armados, incluido,  por supuesto, el Estado y la condición militarista que naturalizó el uribismo durante los gobiernos de Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez.

Lo sucedido en las instalaciones de la petrolera china, Emerald Energy, ubicada en Los Pozos (Caquetá) es la expresión genuina del cambio de doctrina que impulsa el actual gobierno. El propio presidente Gustavo Petro confirmó que le dio la orden a las fuerzas militares de no intervenir en la refriega dada entre la guardia campesina y los policías del Esmad. Estos últimos fueron retenidos o secuestrados por los campesinos.

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez invitó a sus detractores a reflexionar: “A todos aquellos que dicen mano dura, represión, tenía que haberse defendido el honor de la Policía cuando estos uniformados salían insultados y no se reaccionó. A todos ellos yo les hago el llamado para que piensen frente al valor de la vida, frente a las graves dificultades que se vivían en ese momento”.

Las muertes del policía y de los dos campesinos son lamentables, pero bien vale la pena examinar el sentido de los reclamos y en particular, en los incumplimientos del anterior gobierno, por ejemplo, en la pavimentación de una importante vía en el sector y el manejo mafioso de las regalías del sector petrolero. El abandono estatal en estos territorios es histórico, de ahí que los violentos reclamos de los campesinos sean producto de las burlas consecutivas de las que han sido víctimas las comunidades asentadas en esa zona.

Eso sí, los voceros del gobierno no pueden caer en prácticas eufemísticas como las del ministro Alfonso Prada, quien calificó la acción de los campesinos como un “cerco humanitario”. No. Una cosa es reorientar la acción policial y militar hacia la defensa de la vida, por encima de la lógica uribista de producir más y mejores resultados operacionales (contar muertos), y otra muy distinta enmascarar las acciones populares bajo acciones humanitarias que jamás ocurrieron.

El duro y violento enfrentamiento entre los miembros de la guardia campesina y los policiales se explica por todos los años en los que la fuerza pública miró a los civiles como sus enemigos, siguiendo las orientaciones de presidentes, como Uribe y Duque, empeñados en consolidar un Estado militarista, capaz de perseguir, someter y asesinar a quienes levanten su voz para reivindicar derechos. Eso sí, no pueden caer los reclamantes en la misma dinámica, asumiendo a los policías, en particular, como sus enemigos. Todo trato inhumano al adversario, aumentan los odios y facilita las cosas a quienes desde la derecha weberiana exigen litros de sangre, amparados en la legitimidad del Estado para violentar a sus asociados.

No será fácil el cambio de doctrina en unas fuerzas armadas envilecidas y degradadas por un conflicto armado interno que solo ha servido para enriquecer a los Señores de la Guerra. En el fondo, el gran enemigo es el neoliberalismo y con este, un Estado que viene operando, desde los años 90, al servicio de una élite mafiosa, criminal y parásita. No podrá en cuatro años el actual gobierno enterrar en los pozos de nuestra historia, eso de considerar como enemigos de la sociedad, a los campesinos, a los indígenas, a los afros y a todo el que se atreva a reclamar sus derechos.

 

Imagen tomada de https://www.google.com/search?q=militares+en+los+pozos&sca_esv=81be24a89c2bd647&rlz=1C1UUXU_esCO975CO975&tbm=isch&sxsrf=AM9HkKmdhyujhfbtdaviMxa11TRwiT4wew:1702780391129&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwjI1d-it5WDAxWdTTABHRe2BYwQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=641&dpr=1

CONFLICTO ARMADO INTERNO O TARA CIVILIZATORIA?

 

Por GERMÁN AYALA OSORIO

La implosión de las disidencias de alias Iván Mordisco constituye un elemento clave que debería de servir  de pauta para que vayamos pensando en revisar el sentido de la categoría con la que en los años 60 se "bautizó" la violencia política armada en Colombia: Conflicto Armado Interno. Ese nombre ya no representa y mucho menos recoge las dinámicas de los grupos al margen de la ley que sobreviven en el país. Que el presidente Petro insista en abrir y sostener diálogos y negociaciones de paz no es suficiente para que dichas acciones de pacificación alcancen la legitimidad necesaria. Dirán los expertos que por el solo hecho de que el gobierno los reconozca como actores políticos, nombre equipos negociadores e instale mesas es suficiente para alcanzar esa legitimidad social y política que se requiere. Creo que no. 

Esa legitimidad resulta ser un espejismo si al revisar el compromiso de hacer la paz de esas estructuras armadas lo que encuentra el país, el propio gobierno, los delegados de los países acompañantes y la propia ONU es que  lo que les interesa a sus comandantes es ganar tiempo para rearmarse, adelantar actividades de adoctrinamiento y el mejoramiento de las condiciones en las que operan sus actividades económicas ilegales (narcotráfico y minería); estas últimas son el factor que los hace dudar en la conveniencia de dejar las armas para ir a vivir de sembrar aguacates, tomate de árbol o del turismo. Como tampoco les interesa tener una curul en el Congreso. Les es más rentable seguir en la "guerra". Esa es la verdad. 

La presencia otoñal de esas "guerrillas" se va convirtiendo en una especie de tara civilizatoria, histórica, cultural y política de los grupos armados ilegales, atada, por supuesto, a los fallidos procesos civilizatorios de cientos de miles de colombianos que terminan haciendo parte de esos grupos armados, bien porque son obligados, por algún vínculo familiar y por todo lo que representa en remotos territorios en donde no hay Estado y mucho menos instituciones sociales, portar un fusil y ejercer la "autoridad" exhibiendo poder económico y capacidad militar. Y claro, no se descarta que la militancia se dé por cuenta del convencimiento de unas ideas instaladas en manuales y doctrinas que no pueden ser confrontadas porque devienen con un carácter religioso, esto es, como una verdad revelada.   

Bajo esas condiciones, entonces, aparece el ELN, una organización compleja por su carácter federal y la consecuente autonomía de sus frentes. A pesar de la crisis de liderazgo que exhibe Antonio García, ese grupo insiste en que es una estructura monolítica. García,  Gabino y Pablo Beltrán morirán de viejos y con las botas puestas, circunstancia que confirma que jamás supieron encontrar el camino de la paz porque se quedaron "reflexionando" alrededor  de viejas doctrinas y de la búsqueda de un sueño revolucionario que solo tiene cabida en un país de cucaña; y del otro, las disidencias farianas en las que se distinguen aquellos frentes que no se acogieron al proceso de paz  de La Habana, o el grupo que lidera Iván Márquez, la Segunda Marquetalia, quien decidió retomar las armas obligado por las acciones de entrampamiento  que contra Jesús Santrich y el propio Luciano Marín, alias Iván Márquez coordinaron y ejecutaron, de acuerdo con versiones políticas e interpretaciones judiciales,  la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira y la CIA. 

Insisto en que es improcedente llamar conflicto armado interno a la operación mafiosa de unos frentes guerrilleros, de elenos y exFarc, conectadas claro está con acciones como el terrorismo y el narcotráfico. De esa manera adquieren un carácter prepolítico que les impide alcanzar la legitimidad suficiente para que el gobierno de Gustavo Petro y el que vendrá en el 2026  insistan en negociar con estructuras armadas con un borroso proyecto político y con serios problemas de cohesión ideológica y política. 

La conexidad  que en La Habana se logró reconocer entre el narcotráfico y la naturaleza política de las entonces Farc-Ep tiene unos límites temporales, históricos y políticos que están inexorablemente atados a la imagen, a la consistencia y coherencia ideológica y política de las disidencias. Los reiterados ataques a  estaciones de policía, bases militares y blancos civiles en ciudades y pueblos en lugar de permitirles recuperar el carácter revolucionario con el que surgieron en los años 60, los aleja de cualquier posibilidad de alcanzar algo de respaldo social. Por el contrario, la forzada legitimidad con la que hacen presencia en las zonas en las que ejercen control territorial lo único que les asegura  es el repudio silencioso de la población civil sobre la que ejercen disímiles formas de dominación. 

Insisto entonces en que la implosión de las disidencias y la presencia otoñal del ELN representan la crisis de sus proyectos políticos y en consecuencia se van consolidando como una tara civilizatoria,  histórica, política y cultural compartida con cientos de miles de compatriotas. Esa tara debería de llamar la atención de la ONU para dejar de acompañar esfuerzos inanes de paz que resultan costosos y desgastantes. Es un equívoco pensar que la división interna de las disidencias de Iván Mordisco es un logro de los actuales procesos de negociación y conversación. Lo que realmente significa esa implosión es la extensión en el tiempo de una tara que parece insuperable.

 Imagen tomada de EL ESPECTADOR.

LA PAZ CON EL ELN: ÚLTIMA OPORTUNIDAD

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El gobierno de Gustavo Petro anuncia que en pocos días se retomarán las conversaciones de paz con el ELN, suspendidas durante la administración de Iván Duque Márquez. La reinstalación de la mesa se da en el marco de la búsqueda quimérica de la “Paz Total” y deberá entenderse como la última oportunidad para la agrupación guerrillera, cuyos comandantes, concentrados en el Comando Central (Coce), se caracterizan por asumir férreas posturas políticas que terminan entorpeciendo la posibilidad de poner fin al conflicto armado que sostienen con el Estado desde hace más de 50 años.

En particular, el comandante Antonio García figura como uno de los más difíciles negociadores. Recientemente, en su cuenta de twitter dijo lo siguiente: “El ELN hemos señalado varios temas críticos que no compartimos y los hemos interrogado: 1) La "paz total", 2) el Cese el fuego multilateral", 3) sigue el mismo esquema de desmovilización y todo siga lo mismo, 4) la participación de la sociedad no puede ser en "modo exprés". Los cambios que aporten a la justicia social y a democratizar el país, son el camino hacia la paz. Jamás al revés. Todos estos interrogantes siguen en las mentes de los elenos”.

La dirigencia del ELN exhibe un discurso maximalista en torno a la paz, que implica encontrar soluciones inmediatas a estructurales e históricos problemas como la pobreza y el cerramiento democrático. En la metodología planteada dentro de la negociación adelantada con el gobierno de Juan Manuel Santos,  la condición de mediador del ELN estaba al servicio de encontrar soluciones inmediatas a los problemas que llevaran a la mesa los representantes de la sociedad civil.

Insisto en que los del ELN parecen ubicarse en un plano moral superior que hace compleja cualquier intento de negociación. En lugar de pensar en la posibilidad de aportar a la democratización del país y la anhelada justicia social haciendo parte del Estado, a los elenos les parece más lógico insistir en la guerra, que reinsertarse y luchar dentro de la institucionalidad. La llegada al poder político del compañero de aventura revolucionaria, Gustavo Petro, bien debería de animarlos a abandonar las armas y construir el país que sueñan desde la legalidad. Quizás en lo expuesto por Antonio García esté el mayor obstáculo a vencer en este nuevo intento de ponerle fin al conflicto armado.

Mientras se afinan los detalles para la reinstalación de la mesa, hay que destacar la participación de José Félix Lafaurie como miembro negociador. El ganadero y latifundista llega en nombre de Fedegan, uno de los agentes de la sociedad civil comprometido con las dinámicas del conflicto armado interno. De acuerdo con el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, Lafaurie apoyó a grupos paramilitares. Estos señalamientos, sin embargo, no impidieron al presidente Petro invitarlo a hacer parte de la nueva mesa de diálogo. Esperemos que para los comandantes del Coce no sea una razón para detener el reinicio de las conversaciones de paz. La participación en los diálogos de paz del líder gremial y esposo de la congresista de derecha, María Fernanda Cabal tiene un especial significado político por cuanto expresa la apertura política e ideológica del presidente Gustavo Petro, en el entendido de que la paz total se construye con todos los actores que participan de manera directa o indirecta del conflicto armado.

Veremos en qué queda este nuevo intento de consolidar la paz en Colombia. Por lo menos, el gobierno de Petro no desprecia al ELN como actor armado, como sí lo hizo el entonces presidente Santos, al minimizar los alcances de esta agrupación guerrillera, al comparar su estructura armada con la que exhibían las Farc-Ep, al momento de la firma del fin del conflicto que se produjo en La Habana (Cuba).

Si se fracasa por culpa de la postura maximalista de los elenos, el país deberá entender que la dirigencia del ELN se quedó anclada en la  aventura revolucionaria de los años 60, lo que los convierte en una guerrilla anacrónica e incapaz de leer en perspectiva de cambio, lo que significa que hoy un exguerrillero esté sentado en la Casa de Nariño, tomando decisiones dirigidas, justamente, a garantizar la justicia social y ampliar la democracia.

Imagen de Fundación Ideas para la Paz

EL RELATO CON EL QUE URIBE CONFRONTA AL INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD (II)

 

Por Germán Ayala Osorio

En la verdad que el expresidente Álvaro Uribe quiere imponer, insiste en hablar de las Farc, a pesar de que desaparecieron como grupo armado ilegal. Aunque por un tiempo mantuvieron la sigla, el significado era otro: Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, al final aceptaron que la abreviatura tenía mala recordación y generaba odio y resistencias y “rebautizaron” al movimiento político como Comunes. Dice el sub judice ciudadano que “hasta hoy las Farc llevan casi cinco años en el Congreso, no han recibido la sanción alternativa”.

Guarda silencio el 1087985 alrededor de dos circunstancias que el país conoce: la primera, que ya la JEP les imputó delitos de lesa humanidad y está a la espera de exponer las sanciones en el marco de la justicia restaurativa que se acordó en La Habana. Y la segunda, que fue su propio títere, Iván Duque Márquez, quien impidió la entrada en operación de la Jurisdicción Especial para la Paz. El retraso de un año lo produjo cuando objetó la ley estatutaria que el Congreso había aprobado para darle viabilidad al tribunal transicional.

Al llegar al tema de los “falsos positivos”, el Gran Imputado nuevamente reduce la comisión de esas ejecuciones extrajudiciales a unas “manzanas podridas” y no a la existencia de una política institucional, de acuerdo con los patrones que la justicia encontró en los análisis de cientos de casos en los que militares asesinaron civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Evita decir el señor Uribe que él mismo ejerció presiones a los comandantes, a quienes les exigió “más y mejores resultados operacionales”.

En sus palabras, se lee: “en el caso de los Falsos Positivos la Comisión de la Verdad asigna la responsabilidad institucional al Ejército cuando muchos de sus integrantes fueron puestos presos por tales delitos antes del Acuerdo de La Habana. El mismo Ejército adelantó investigaciones e hizo denuncias. No se puede confundir la institución con conductas de personas vinculadas”. Insiste el hacendado y caballista en que el señalamiento institucional, en este caso,  deslegitima al Ejército. No, la pérdidade legitimidad no se explica por el señalamiento que hace la Comisión de la Verdad, sino que se produce por el accionar criminal de los uniformados, conducta que acoge a quienes guardaron silencio frente a los hechos y a quienes usaron la cadena de mando para perseguir e incluso asesinar a quienes se atrevieran a denunciar la práctica criminal que se hizo hábito en varias unidades militares. En un inciso, el expresidente antioqueño pone en duda los 6402 crímenes de civiles: “El número de la JEP, 6402, es más del doble de los casos registrados por la Fiscalía y el Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica”. Lo que no precisa el latifundista y expresidente de la República es que Iván Duque nombró como director del Centro Nacional de Memoria Histórica al negacionista del conflicto y reconocido uribista, Darío Acevedo. Si las cifras las dio Acevedo, lo más seguro es que haya manipulado la información para minimizar el impacto social y político de los  llamados falsos positivos. Y en cuanto a la Fiscalía,  lo más seguro es que al estar al frente del ente investigador personajes como Luis Camilo Osorio, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa, se haya ocultado información o hecho mal los análisis contextuales. Y pudo ser así porque todos son declarados seguidores de las ideas que dan vida a eso que se conoce como el uribismo. Es más, Osorio está señalado de tener vínculos con estructuras paramilitares.

Uribe Vélez sostiene que “los falsos positivos parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un Gobierno que había conquistado cariño popular. Incluso el nombre daría la impresión de haber sido concebido por las mentes maliciosas de quienes debieron gozar con la tragedia que desacreditaba a nuestro Gobierno y a nuestras Fuerzas Armadas”.

El ladino expresidente invierte los hechos y los factores con la clara intención de torcer la lógica de los hechos acaecidos. No. El problema original está en la concepción de la política de seguridad democrática, pensada más para perseguir a detractores, críticos del gobierno, libre pensadores, profesores, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, entre otros. Se trató de una política de defensa que replicó las actuaciones y las dinámicas que desató la aplicación del Estatuto de Seguridad durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982). Con un agravante: la política de seguridad democrática de Uribe desconoció la existencia del conflicto armado interno y por esa vía, la existencia de víctimas y sus derechos. En dicha política pública Uribe insistió en que lo había en Colombia era una amenaza terrorista. De esa manera, el rufián de esquina – así lo llamó Juan Manuel Santos- se plegó a la doctrina contra el terrorismo que los Estados Unidos diseñó para castigar a los responsables de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Su tesis negacionista la confirma en su texto Cuál Verdad. “Se me acusa de no haber reconocido el conflicto con las Farc. En verdad siempre sostuve que el tema no se podía abordar como un conflicto sino como una acción de grupos terroristas o que cometían acciones terroristas y la respuesta del Estado, que en el ejercicio presidencial que me correspondió fue la Seguridad Democrática”.

Negar la existencia del conflicto armado interno no fue más que la estratagema ético-política a la que apeló Uribe Vélez para emprender la naturalización del fenómeno paramilitar, evitar que el Estado asumiera sus responsabilidades y en particular él, como jefe de Estado, por ejemplo, frente a la comisión de las ejecuciones extrajudiciales. Al desconocer la existencia del conflicto armado, se evitó la angustia institucional de reconocerles estatus  político a las guerrillas. También le sirvió, discursivamente,  para negar que en Colombia opera un régimen mafioso, violento y oprobioso, operado por una élite a la que Uribe le sirvió y de la que él se sirvió para conseguir sus objetivos de llegar al Estado para vengar la muerte de su padre a manos de las Farc. Ese hecho fue desmentido por el mismo Secretariado de las Farc-Ep, pero hizo parte del relato con el que aportó a los sentimientos de venganza que le impiden aceptar los principios de la justicia restaurativa que se acordó en La Habana.

Imagen tomada de El País. 

¿PAZ TOTAL, PAZ SIN APELLIDOS O DEJAMOS EN PAZ EL CONCEPTO?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Nos ha sido tan esquiva la construcción de la paz, que su enunciación genera sospechas en quienes se atreven a pronunciarla, a prometerla o simplemente a anhelarla, pues a pesar de las dinámicas del conflicto armado interno y de las múltiples expresiones y formas de violencia, aún, de acuerdo con los testimonios de propios y extraños, Colombia es un “buen vividero”.

En la ceremonia de posesión el 7 de agosto de 2022,  Gustavo Petro habló de paz a secas, sin apellido y de su compromiso indeclinable de avanzar en la implementación del acuerdo de paz de La Habana. Pasaron los días y en su primera alocución presidencial, ocurrida  el 14 de septiembre, Petro habló de la Paz Total.

Hay que decir que ese concepto de Paz Total no solo deviene con un inconveniente carácter maximalista, sino que ha sido criticado por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, los artífices del proceso de negociación con las Farc-Ep que derivó en la firma del fin del conflicto entre el Estado y esa guerrilla.

La vida, al parecer corta, de esa noción de la paz concita toda suerte de dudas y comentarios alrededor de las lecturas que de las múltiples formas de violencias que se expresan en Colombia, vienen haciendo el Comisionado de Paz, Danilo Rueda y el canciller Álvaro Leyva Durán. Es posible que haya un corto circuito entre las ideas que cada uno de los funcionarios traen en pro de construir la paz en Colombia, y las que el propio Petro arrastra, en virtud de su pasado en el M-19 y las que les surgieron de los debates que como congresista hizo sobre el fenómeno paramilitar y la penetración paramilitar en el Estado y la captura mafiosa que esa organización ilegal hizo del DAS, entre otras entidades estatales.

Este 15 de octubre, en Cali, el presidente Gustavo Petro, al instalar mesas y el diálogo regional en la Universidad del Valle (sede Meléndez) volvió a hablar de paz, pero lo hizo con un cambio de orientación que bien podría confirmar que hay un corto circuito entre él y sus funcionarios en torno al concepto de Paz y los caminos institucionales para alcanzarla; o simplemente se trata de ajustes a un concepto que, en razón del conflicto armado, quedó atrapado en la dimensión del poder político, alejándolo de la dimensión social en la que el concepto se transforma o se expresa en términos de convivencia y  de la resolución pacífica de los conflictos y de las diferencias.

Textualmente el presidente Petro dijo lo siguiente: “Es un diseño que, si nos va bien, podría conducir de la mano del comisionado de Paz, Danilo Rueda, en medio de la movilización popular y haciendo del territorio una conquista de las decisiones de la gente misma, la mal llamada, en mi opinión, ‘paz total’. Lo que queremos es la paz sin apellido”.

No se puede desconocer que se trata de un bandazo presidencial en torno al manoseado concepto, a quien el propio mandatario le puso el apellido Total. Invención o no de Petro o de Leyva Durán, el ajuste conceptual deja entrever la enorme dificultad que como sociedad arrastramos para pensar y lograr vivir en paz, en medio de un conflicto armado interno que terminó eclipsando problemas de convivencia vistos por sucesivos gobiernos que creyeron que para alcanzar la paz solo había dos caminos: insistir en eliminar militarmente a las guerrillas o dialogar con los líderes de esas estructuras armadas para cederles algo de poder (con la entrega de curules y proyectos productivos), sin cambiar de fondo las co-relaciones de fuerza y las circunstancias en las que cómodamente viene operando el régimen de poder de la mano de una élite corrupta, mafiosa y violenta.

Lámase Paz Total o simplemente Paz (sin apellido), en lo único que se mantiene firme Petro es en la estrategia: los diálogos regionales y la participación de la ciudadanía.   Dijo Petro que “estos diálogos regionales que hemos convocado quieren también convocar a quienes, estando armados, puedan participar del diseño colectivo de su territorio; puedan saber que el que mandan en ese territorio no es el fusil, no es la violencia, no es la masacre, sino que es el pueblo”.

La estrategia no deja de ser interesante, retadora, exigente y al final, desgastante, porque implica la aparición de líderes y lideresas capaces de pensarse sus territorios, bajo la amenaza de grupos armados envilecidos por variadas actividades ilegales (narcotráfico, secuestros extorsivos, sicariato y contrabando).

Creo que necesario diferenciar en esos diálogos regionales, aquellos territorios en los que la institucionalidad estatal históricamente ha sido débil, lo que dio oportunidad para que irrumpieran toda suerte de actores para institucionales que terminaron regulando las relaciones sociales, económicas y políticas. Al final, remplazaron el Estado. Allí pueden brotar interesantes ideas de Paz Territorial con enfoques comunitarios gracias a la presencia de comunidades campesinas, indígenas y afros. Pero hay espacios urbanos, en ciudades como Cali y Medellín, en los que la paz como anhelo está circunscrito a la superación de conflictos y problemas entre vecinos, prácticas y  expresiones racistas o clasistas, así como la ocupación y el goce del espacio público, entre otros. En esos espacios, la noción de paz debe presentarse en forma de convivencia social.

Quizás cuando aprendamos a resolver nuestras diferencias y tramitar los “conflictos menores”, llamados así desde las lógicas del poder político central, entonces estemos preparados para conectar la paz política que se asocia a las negociaciones del Estado con los grupos guerrilleros, con el diario vivir de millones de colombianos que no pueden vivir en paz porque no existen las condiciones ambientales y económicas para hacerlo.

Quizás Gustavo Petro se dio cuenta de que al hablar de Paz Total generaba enormes expectativas que no podrá cumplir en cuatro años. Es posible que también le hayan dicho que ponerle apellidos a la paz, como lo hizo Iván Duque Márquez, cuando habló de Paz con Legalidad, lo iba a llevar por caminos contradictorios y confusos.

Lo cierto es que pacificar el país, a través del sometimiento de todas las estructuras armadas, con o sin estatus político, es una apuesta ambiciosa que no se agota en las buenas intenciones de unos y otros. Por el contrario, necesitará de esfuerzos mayúsculos por superar lo que es hoy la realidad social, política y económica que genera violencia: en Colombia, el Estado, con todo y su sistema político, de tiempo atrás viene siendo operado por una élite criminal, mafiosa y corrupta a la que no le conviene que se hable de Paz, porque, justamente, han sabido conectarse y apropiarse inclusive, de las oportunidades de negocio que los conflictos armados abren: venta y comercialización de armas, control de rutas del narcotráfico y el mantenimiento de la onerosa y fracasada  guerra contra las drogas.

Mientras Petro intenta re-orientar la operación del Estado, quizás es tiempo de dejar de manosear el concepto de paz, pues de tanto hacerlo, se va vaciando de sentido por el cansancio que produce estar hablando cada cierto tiempo de la instalación de mesas de diálogo con quienes poco o nada han aportado al mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos. 

Imagen de Youtube

DISIDENCIAS DE LAS DISIDENCIAS Y LA CONDICIÓN PERENNE DEL CONFLICTO ARMADO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Sin saber cómo terminará el proceso de implementación del acuerdo de paz de La Habana firmado en el teatro Colón de Bogotá, dicho armisticio se asume como un antes y un después del conflicto armado interno, por varias razones: por la naturaleza de lo acordado, el número considerable de combatientes que hicieron dejación de armas, las peticiones de perdón y la legitimidad alcanzada por la JEP y el principio de la reparación en el marco de la justicia restaurativa; así como la conversión del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en una política de paz de Estado.

En el después de la firma, la permanencia en armas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) perdió toda legitimidad social y política, asegurándole a su lucha armada un carácter anacrónico, propio de una guerrilla que al saber que no podrá jamás tomarse el poder a tiros, sus viejos comandantes y líderes políticos entran en la fase de la negación de una realidad inobjetable: dedicaron años de sus vidas a la guerra, a la “revolución” y no consiguieron absolutamente nada. Es decir, perdieron el tiempo. Surtida esa etapa de la negación de la derrota política, entran a la fase de la anarquía y la división de sus estructuras por cuenta de la efectiva narcotización de sus operaciones, la pérdida del sentido político de su lucha y el desprecio generalizado de una sociedad cansada de la guerra.

La aparición de las disidencias de las extintas Farc-Ep arrastra la misma condición que exhiben los elenos, con un agravante: la aparición de las disidencias de las primeras disidencias en lugar de encontrar explicaciones exclusivamente en los incumplimientos por parte del Estado a lo acordado en La Habana, su operación está cada vez más atada a las actividades del narcotráfico y a la traquetización de la lucha armada. Así las cosas, la lucha armada y el espíritu revolucionario que en el pasado guió las operaciones militares de esas guerrillas van dando paso al irreversible proceso de lumpenización armada.

Las disidencias reconocidas por los medios, la inteligencia militar, el CICR y agentes sociales (fundaciones nacionales e internacionales) que le siguen la pista a esa realidad político-militar, reconocen por lo menos tres disidencias de las extintas Farc-Ep: la que lidera ‘Iván Mordisco’, estructura que desconoció lo acordado en Cuba y por lo tanto no se acogió al tratado de paz; la Segunda Marquetalia, al mando del reincidente, Iván Márquez y el Comando de la Frontera en Putumayo. Sin embargo, se habla de por lo menos 30 estructuras armadas derivadas de las desaparecidas Farc-Ep. Por ejemplo, la estructura al mando de alias Calarcá habría nacido de las de las orientadas por Iván Mordisco.

Hace poco, Pablo Catatumbo, firmante de paz y senador de la República reconoció que la “guerra es un desastre”. Lo hizo en el marco del Diplomado Construcción de Paz Territorial organizado por la universidad del Valle y Cobsepaz. Catatumbo, además, contó al auditorio, conformado por firmantes de paz (excombatientes) y estudiantes universitarios, que alguna vez conversando con Fidel Castro, el entonces líder de la revolución cubana les preguntó cómo se iban a tomar el poder, si no contaban con aviación, tanques o material de guerra que permitiera derrotar a las fuerzas armadas del establecimiento colombiano.

Esa misma pregunta hay que trasladárselas a los elenos y a todos los grupos disidentes que hoy delinquen en territorios en donde el monocultivo de coca les financia sus operaciones militares. Si es claro que jamás podrán tomarse el poder a tiros, es fácil concluir que su lucha armada perdió todo carácter político, para convertirse en una disputa territorial por el control de las economías ilegales. Al final, todos esos grupos son “ejércitos narcotizados” que a pesar de usar brazaletes y de insistir en adelantar procesos de diálogos de paz con el gobierno Petro, cada uno de sus miembros parece estar pensando en “hacerse su plante” y retirarse. Bajo ese principio, y mientras el negocio de la droga siga siendo rentable, habrá disidencias de las primeras disidencias y otras disidencias de las segundas disidencias y así sucesivamente. De esa manera, continuará la violencia en la Colombia rural, mientras la academia y los políticos seguirán hablando de la existencia de un conflicto armado interno que hace rato se transformó en un escenario de múltiples violencias, en donde priman la irracionalidad, el interés por enriquecerse, la decisión de afectar la biodiversidad y la lumpenización de la “lucha armada”.

 

 

disidencias de ivan mordisco - Búsqueda Imágenes (bing.com)

INFORME DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD: EMPATÍA, MEDIOS MASIVOS Y LA EXPERIENCIA DEL CAGUÁN (I)

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La lectura del Informe Final que la Comisión de la Verdad le entregó al país, de manos del padre Franciscos de Roux, debería de ser obligatoria en colegios y universidades. Paralelo a ello, el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego debería de diseñar una estrategia pedagógica que haga posible la divulgación masiva de su contenido y la discusión académica y socio política en espacios escolarizados y no escolarizados.

Como bloguero asumo la tarea de leerlo y comentarlo, en la medida de lo posible, a partir de citas extraídas sobre las cuales es posible decir algo. Esta primera columna y lo citado, no agota al extenso documento. Esta es la primera columna.

Con lo dicho en el Informe Final se puede estar en desacuerdo o por el contrario, aceptar sin reparos, la interpretación que allí se hace de lo acontecido en 60 años de conflicto armado interno. Una primera idea que llamó mi atención es esta: “La falta de empatía con ese dolor es parte de lo que Colombia necesita transformar, como una energía para la construcción de la paz” (1. La Colombia herida, p.21). Por ello es urgente desplegar una estrategia pedagógica multimodal que nos lleve como sociedad a revisarnos y a sentir vergüenza por el silencio, el “importanculismo” con el que miramos por televisión los horrendos crímenes cometidos por todos los actores armados que participaron del conflicto armado interno. Construir una sociedad más empática es el derrotero que debería de guiarnos como colectivo.  

Y para cualquier proyecto pedagógico que se quiera emprender, contar con el concurso del periodismo y de las empresas mediáticas resulta clave. Pero antes de cualquier estrategia mediática, urge que periodistas, editores y propietarios de las empresas mediáticas hagan un mea culpa por los errores cometidos, la autocensura y la toma de partido, en el cubrimiento de los hechos relacionados con las perversas dinámicas del conflicto armado.

Sobre el papel de los medios masivos, en el Informe se lee: “El papel de los medios de comunicación ha sido clave en la investigación de las violaciones de derechos humanos y del DIH, pero también lo ha sido en la reproducción de los estereotipos que contribuyen frecuentemente a la polarización social. Las maneras de hacer esto son la representación dominante de unas violencias frente a la minimización de otras, el uso de pánicos morales («es una humillación a las víctimas», «es una traición a la patria»), la estigmatización con categorías de enemigo («no hay diálogo con terroristas») o la tergiversación de las situaciones utilizando elementos emocionales («es un engaño», «se van a tomar el poder»). (1.4.6, p. 84).

El sentido de aquella célebre frase que dice que la primera víctima de las guerras es la verdad, calza perfecto y dice mucho del tipo  de periodismo que se viene haciendo en Colombia: acrítico, oficialista, de declaraciones y con un inconveniente sentido corporativo, a lo que se suma, un ejercicio ideológica y políticamente comprometido con los mezquinos intereses de la élite tradicional.

Sobre los procesos de paz y sus lógicas, en el documento se lee que “Andrés Pastrana lo intentó y claramente se jugó todo su capital político en El Caguán. Se rodeó de los partidos políticos, los empresarios, la Iglesia, Estados Unidos, la comunidad internacional; es decir, todos esos factores de poder que tradicionalmente toman parte de las decisiones en el país. Pero cada uno de estos actores fue abandonando el barco a medida que observó que era un momento adverso para el Estado y quizás aún favorable para la insurgencia” (P.117).

Es posible que más adelante se amplíe la lectura sobre ese hecho político. Esta primera reacción al sentido del Informe se hace en virtud de que la lectura llegó hasta la página 125 (2.5, La Paz, ¿estable y duradera?). En este punto,  considero que el Informe es benévolo con el entonces presidente Andrés Pastrana. Es posible que haya llegado a los diálogos del Caguán con ese apoyo institucional. Lo cierto es que este hijo de Misael Pastrana Borrero planteó una negociación cuyo final trágico preveían él y las propias Farc, pues ambos llegaron sin la madurez política necesaria para asumir una negociación seria. Se suma a lo anterior, que el Ejército, una histórica rueda suelta en este tipo de escenarios dialógicos, jamás vio con buenos ojos la negociación y mucho menos, la agenda de 12 puntos, en la que se tocaba el tamaño de las fuerzas armadas y el modelo económico. Una agenda inabordable.

El solo hecho de haberle entregado a las entonces Farc 42 mil kilómetros cuadrados sin verificación internacional alguna, constituyó un error político y un factor de alejamiento del Ejército de esa aventura de paz. No creo que Pastrana haya sido tan sagaz de pensar la entrega de semejante territorio, como parte de una “trampa” diseñada para que las Farc cayeran. Trampa o no, se dio un final negativo para esta guerrilla, pues quedaron ante la comunidad internacional como una agrupación dedicada al intercambio de drogas por armas. Trampa o no, lo cierto es que la experiencia del Caguán sirvió para alentar los odios hacia las Farc, los mismos que supo aprovechar Uribe Vélez para imponer su seguridad democrática y erigirse, gracias a la acción mediática, en el Mesías que acabaría con la guerrilla.