Por Germán Ayala Osorio
Por estar los medios
hegemónicos ocupados linchando moralmente al presidente de la República a través
de los señalamientos publicados por Álvaro
Leyva Durán y cubriendo la muerte del Papa
Francisco y el cónclave que tiene como objetivo elegir su remplazo, pasó
casi que desapercibido lo dicho por el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez Suárez
en torno a una realidad que no es nueva.
El general (R) confirmó “que
dentro de la misma Fuerza Pública existen infiltrados que han sido retirados
por motivos relacionados con venta de información y suministro de municiones.
En ambos casos los procesos se están abordando en la fiscalía general de la
Nación. Es apenas una muy diminuta minoría al interior de la Fuerza
Pública, pero que le causa un inmenso daño que no es aceptable. Algunos de
ellos los hemos detectado principalmente en Antioquia y en la Costa Caribe”.
La situación develada por Sánchez
Suárez tiene efectos operativos porque impide que la fuerza pública avance en
su objetivo de someter a los mafiosos de camuflado que insisten en
llamarse guerrillas. Además de la desconfianza que genera al interior de las
fuerzas, cuyos hombres ya no saben si las órdenes por cumplir devienen
contaminadas por los negocios de los comandantes que las impartieron.
También deja efectos políticos lo
expresado por el ministro de la Defensa en la medida en que aporta a la
consolidación de la lectura que propone dejar de llamar Conflicto
Armado Interno (CAI) a un escenario de degradación misional de militares
y guerrillas que convirtieron en negocio la guerra interna. Esa nueva lectura propone
que en adelante se hable del surgimiento de un escenario de Violencias
Intestinas Despolitizadas (VID), sostenido por la evidente pérdida
de validez jurídico-política y legitimidad del CAI.
La academia, los partidos políticos,
empresarios del campo, las víctimas civiles que dejan los enfrentamientos y consecutivos presidentes de la República,
entre otros actores más, asumen de manera interesada que esa realidad socio
económica, política y militar que llaman CAI siga vigente, a pesar de la
tozudez de unos hechos que apuntan a describir un proceso de degradación
misional de los actores armados, en particular de oficiales con mando de tropa
que en público hablan de defender la Patria de la amenaza terrorista, cuando en
privado negocian con los mafiosos de camuflado que también en público se
presentan como “revolucionarios y representantes del pueblo”.
Insisto en que le corresponde a
la academia, a los partidos políticos, periodistas y politólogos expertos en el
cubrimiento de las dinámicas del “conflicto armado interno” asumir la tarea de “rebautizar”
con una nomenclatura más precisa lo que sucede hoy en el país con unas “guerrillas”
que están al servicio del Cartel de Sinaloa y un Ejército que tuvo altos
oficiales y suboficiales - y que muy seguramente aún tiene- interesados en
enriquecerse vendiendo información, armas y pertrechos al “enemigo interno”.
Lo peor de todo es que las purgas
hechas por el gobierno Petro al interior del Ejército y de otras fuerzas son mal
vistas por sectores de la derecha uribizada históricamente beneficiada por la
extensión en el tiempo de la violencia armada en los territorios rurales y
selváticos. El negocio de la guerra y las economías ilícitas (narcotráfico y
minería) hace rato que le quitaron el ropaje político a un conflicto armado
interno cuyas dinámicas hoy dan cuenta de que lo realmente se vive en el país
son Violencias
Intestinas Despolitizadas.
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