¿A QUIÉNES REPRESENTAN REALMENTE LOS CONGRESISTAS?

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La democracia representativa en Colombia deviene en una profunda crisis de credibilidad y legitimidad, provocada, en gran medida, por la financiación de las campañas de los aspirantes a llegar al Congreso de la República; muchos de estos, patrocinados por grupos empresariales o sectores con poder económico y político de la sociedad civil, poco interesados en aportar a la consolidación de un Estado social de derecho y acercar el actual modelo de desarrollo económico, a los estándares propios de una sostenibilidad sistémica que supere los límites de la sostenibilidad económica. Por el contrario, quienes financian a los congresistas, parecen más interesados en extender en el tiempo las condiciones de desigualdad, pobreza estructural, inequidad y otras formas de violencia que de tiempo atrás les ha servido para naturalizar el clientelismo electoral y por esa vía, la compra de votos a cambio de la entrega de migajas a millones de colombianos que sobreviven en condiciones marginalidad y vulnerabilidad.

En las discusiones de las reformas a los sistemas de salud y pensional, quedó en evidencia esa relación perniciosa y pecaminosa recreada por la financiación que recibieron varios congresistas de la Comisión Séptima del Senado de las EPS y de otros de sus colegas que se habrían favorecido electoralmente al recibir dineros de los fondos privados de pensiones. Estos sectores de poder terminaron llevando al Congreso a unos políticos poco interesados en servirle al “pueblo”, constituyente primario o a una comunidad en particular. Por el contrario, sus curules están al servicio de los mezquinos intereses de estos actores de la sociedad civil a los que no les convienen las reformas porque solo piensan en extender en el tiempo sus privilegios, y por esa vía, quitarles a la salud y a la pensión el carácter de derechos, garantizados en condiciones de dignidad, para volverlos una mercancía o un privilegio inalcanzable. 

Esos sinuosos patrocinios son el resultado de la captura de los partidos y movimientos políticos, convertidos en nidos clientelares, en estructuras de poder que operan bajo un ethos corporativo mafioso, lo que los distancia de cualquier interés u obligación de representar al “pueblo” o a específicas comunidades que exigen que se legisle en función del bienestar colectivo.  Por todo lo anterior, cuando el presidente del Senado, el inefable Iván Name le exige al jefe de Estado que "respete la autonomía del Congreso" está ocultando la realidad de muchos congresistas que actúan como peones, mandaderos o sirvientes de poderosos empresarios.

Convertidos entonces en lobistas con fuero, estos congresistas no legislan para sacar adelante al país facilitando y mejorando las relaciones entre el Estado y la sociedad y aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Todo lo contrario. Llegaron a la “cuna de la democracia” para torpedear la consecución del objetivo estratégico y general que inspira a las reformas a la salud y al sistema pensional: lograr que la salud deje de ser lucrativo negocio para unos pocos corruptos y se convierta por fin en un derecho; y pensionarse deje de ser  un lujo a los que muy pocos pueden acceder, para convertirse en un premio al esfuerzo de años y años de trabajo.

Bajo esas circunstancias, las democracias representativa y participativa entran en una profunda crisis de legitimidad y credibilidad en la medida en que actores privados con músculo económico y una enorme avaricia, las convirtieron en un juego de burdos y sucios intereses electorales. Mientras EPS, Fondos privados de pensiones y grandes empresas compran la voluntad de los candidatos de los congresistas, los partidos políticos y los congresistas terminan aportando a la compra de votos a través del ya institucionalizado clientelismo electoral.

Imagen tomada de Colombia Informa.