EL PAÍS MIRA CON DESDÉN A LA COMISIÓN SÉPTIMA POR HUNDIMIENTO DE LA REFORMA LABORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La ponencia negativa con la que ocho congresistas de la Comisión VII del Senado hundieron el proyecto de reforma laboral constituye un acto político, antidemocrático, autoritario y clasista. Es político porque la decisión de los legisladores no está sustentada exclusivamente en asuntos técnicos relacionados con los impactos económicos que podría generar o no sobre el mercado laboral. Por el contrario, el hundimiento es fruto del lobby de los gremios económicos, los mismos que patrocinan a los partidos políticos y en varios casos de manera directa financian las campañas de los congresistas que terminan legislando a favor de sus mecenas y en contra, en este caso, de la clase trabajadora.

Es profundamente antidemocrático porque impide la discusión del articulado, evitando así que los congresistas afines a la reforma expongan sus argumentos en el marco de un debate que debería de ser académico, político, técnico y plural.  El miedo a ser vencidos en los debates y el afán de bloquear al proyecto progresista pudo más que la revisión de las exigencias internacionales de la OIT y la OCDE por mejorar las condiciones laborales de millones de colombianos que están sometidos a condiciones de explotación y pauperización laborales por los tipos de contratación y los ambientes en los que los patronos violan sistemáticamente los derechos humanos.

La decisión de los ocho congresistas resulta autoritaria desde el punto de vista de la representación política que cada uno de los legisladores lleva a cuestas y en general por la existencia y operación de un Congreso cuya legitimidad obedece a una concesión del constituyente primario que confía en que sus intereses deben ser defendidos por quienes ostentan la dignidad congresional, que se supone es de carácter social y pública, y no privada para favorecer a los gremios económicos y a los empresarios que se vienen oponiendo a la reforma laboral.

Lo hecho por los ocho congresistas es propio de una sociedad clasista como la colombiana. Al hacer parte de un grupo poblacional privilegiado – se ganan 50 millones de pesos mensuales- los legisladores toman distancia de la inmensa mayoría de ciudadanos colombianos que viven del rebusque o que trabajan bajo condiciones precarias. Por ese camino, su desconexión social con los millones de colombianos que se beneficiarían con la reforma laboral es fruto del estatus que hoy ostentan y que están dispuestos a defender y extender en el tiempo porque aquí lo de menos es hacer política a partir de las bases pétreas que solo ofrece eso de tener conciencia de clase.

La decisión adoptada por los miembros de la Comisión Séptima del Senado hace parte de las actividades implementadas por agentes del Establecimiento colombiano que a toda costa buscan evitar que el país avance hacia los estadios civilizatorios (modernos) a los que le apostaron más de 11 millones de colombianos que votaron por el proyecto político que encarna Gustavo Petro. 

Estos son los congresistas que hundieron la reforma laboral: José Alirio Barrera y Honorio Henríquez del Centro Democrático, Ana P. Agudelo, del Mira, Berenice Bedoya del movimiento ASI, Nadia Blel y Esperanza Andrade del partido Conservador, Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libre, y Miguel Á. Pinto del partido Liberal.

En su cuenta de X, el presidente Petro reaccionó así a la decisión de los congresistas de la Comisión VII del Senado. En particular, el jefe del Estado descargó su molestia contra los partidos cristianos Mira y Colombia Justa y Libre, dejando al desnudo la incoherencia entre lo que predican como colectividad y las decisiones políticas adoptadas con criterios corporativos. Mira se define como un “Partido de origen cristiano, constituido desde el año 2000, que trabaja por el bien común y contribuye a la dignidad humana, a la transformación de la sociedad, mediante la aplicación de valores y sin distinción de etnias y culturas. Desde sus inicios, el Partido Político MIRA ha resaltado la importancia que en Colombia se garantice el respeto por la libertad religiosa, de conciencia y culto, debido a su contribución positiva en la construcción de paz y convivencia con respeto”.

Esto dijo el Presidente de la República: “La comisión VII en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron lo que los que lo han traicionado.

El senador Pinto ha traicionado al pueblo trabajador de Santander y de Colombia. Quienes enarbolan a Jesús y votan contra el pueblo trabajador traicionan al padre putativo de Jesús: al pueblo de Dios qué son la gente humilde y que trabaja. Enarbolan la cruz de Cristo, pero su corazón esta con la codicia. Con esta actitud de la mayoría de la comisión VII rompen el dialogo entre el Congreso de Colombia y el gobierno del Cambio”.