REVOLUCIÓN CULTURAL

 

Por Germán Ayala Osorio

La ya probada corrupción al interior de la UNGRD de poco o nada servirá para proscribir las prácticas corruptas como es el deseo de millones de colombianos. Una vez pase este gobierno, en el próximo lo más seguro que harán los nuevos y sempiternos contratistas, congresistas, alcaldes, gobernadores y miembros del gabinete es afinar los mecanismos y los acuerdos para continuar desangrando el erario. No hay manera de acabar con la corrupción. 

Contrario a lo que se piensa, lo que la opinión pública llama corrupción, en el lenguaje de los políticos profesionales y los contratistas se llaman negocios, derivados y sostenidos en las inversiones que hacen empresarios y contratistas al momento de financiar las millonarias campañas presidenciales, de alcaldes, gobernadores, diputados y congresistas. Los costos de todas esas campañas son millonarios, lo que de manera formal e institucional naturaliza la corrupción. ¿Por qué ha de costar tanto una campaña para hacerse a una curul en el Congreso? Jamás escuché a las empresas que aportan a dichas campañas, hacerse esa pregunta. Ese es el origen de la corrupción. 

Así las cosas, mientras a los grandes conglomerados económicos que financian dichas campañas les sea más rentable hacer esos aportes que generar riqueza a través de la innovación, el patrocinio de nuevos talentos y la industrialización, no habrá forma de dejar atrás la corrupción. El ethos mafioso que guía la vida privada y pública de todos los actores aquí señalados es tan fuerte que para proscribir la corrupción en Colombia se necesitaría de una revolución cultural que hasta el momento nadie parece estar dispuesto a liderar.  

El presidente Petro puede aún liderar ese proyecto revolucionario. Pero para ello debe primero morigerar un tanto su apuesta populista y su enfrentamiento con el vetusto establecimiento colombiano, para dejar sembradas las bases de esa revolución cultural que necesita la sociedad colombiana. El liderazgo internacional que sin duda ha ganado Gustavo Petro debe servirle para invitar a líderes mundiales para que vengan a conversar con la comisión de sabios del país y pensar los términos, alcances y las condiciones que se requieren para lograr esa urgente revolución cultural en una sociedad como la colombiana que deviene confundida moral y éticamente. 

Le cabe razón a EL ESPECTADOR cuando en su editorial dice que "estamos frente a una resignación cultural con el delito, a una incapacidad de exigir decencia en nuestros servidores públicos. Es la misma lógica que, en las ciudades, justifica a alcaldes que “roban pero hacen obras”. Si no hay líneas claras que no se cruzan, si se instala el cinismo como moneda de cambio política, no habrá escándalo ni cruzada anticorrupción que valga. Confiamos en que las escandalosas revelaciones del uso de recursos tan vitales para el enriquecimiento ilegal de unos mercenarios del poder nos hagan despertar para dejar de tolerar tamaña infamia". 

Recogeré varias de las ideas contenidas y subrayadas en ese aparte del editorial del diario bogotano. Claro que hay una resignación cultural con el delito. Desde los desfalcos en la construcción de la represa de El Guavio, pasando por el caso de Granahorrar, los colombianos estamos resignados. Luego vinieron otros casos que no puedo listar acá por falta de espacio. Baste con recordar el cartel de la Toga, el carrusel de la contratación en Bogotá, el caso de las "marionetas", los carro tanques de La Guajira, la plata del Ocad-paz, lo sucedido con la obra de "caregato" en la Mojana, los 70 mil millones del Mintic y ahora el desfalco en la UNGRD son pruebas suficientes de la putrefacción que se vive al interior del Estado, alimentada desde instancias privadas que siempre se vendieron como pulcras y probas. 

Los sistemas político, legislativo y judicial están permeados por ese ethos mafioso. Los jueces se venden porque hay particulares con el suficiente músculo financiero para comprar fallos. Los congresistas están obligados a devolver a sus mecenas los millones que costaron sus campañas. Y lo hacen, legislando a su favor, bien oponiéndose a normas que los afectarán o llevando proyectos de ley diseñados en escritorios de gerentes y presidentes de compañía ¿Por qué se oponen, unos y otros a que el Estado financie todas las campañas? 

Jamás vi a agentes de poder económico de la sociedad civil salir a condenar la corrupción y mucho menos a proponer un cambio cultural que nos lleve como sociedad a estadios civilizatorios que nos permitan superar la tara civilizatoria que exhibieron ocho mil colombianos en la final de la Copa América, el mismo presidente de la FCF y vice presidente de la Conmebol, Ramón Jesurún; o la reciente reacción violenta del ex vice presidente de la República, Francisco Santos contra un exmilitar, cargada de clasismo y supremacía étnico social. Los hechos de corrupción que reconoció ante autoridades americanas la poderosa familia Sarmiento Angulo debería ser el punto de partida para empezar a hablar y diseñar un proyecto de revolución cultural que no solo proscriba el ethos mafioso y su expresión la corrupción público-privada, sino que sirva para superar la tara civilizatoria de la que vengo hablando en este blog. 

El acuerdo nacional del que volvió a hablar Petro durante la instalación del nuevo periodo legislativo no significa nada si no empezamos a hablar de revolución cultural. Lo más probable  es que sigamos en las mismas. De esa manera daremos respuesta a la pregunta que sirvió de título  al reciente editorial de EL ESPECTADOR: ¿Qué tal si con el escándalo en la Ungrd dejamos de normalizar la corrupción?