Por Germán Ayala Osorio
El presidente Petro es un polemista
profesional. Y como sabe y parece disfrutar de los constantes ataques de la prensa
uribizada, entonces cada cierto tiempo les lanza la carnada. La más reciente
carnaza que lanzó a las turbias y turbulentas aguas mediatizadas tiene que ver
con su idea de que los jueces en el país deberían de ser elegidos popularmente,
como sucede en México.
Parece haber una confianza ciega
del jefe del Estado en la capacidad y la inteligencia del “pueblo” para tomar
las mejores decisiones en materia política y electoral. Si así fuera, ese mismo
pueblo no habría votado jamás por Álvaro Uribe Vélez, el político que más daño
le hizo a las instituciones públicas, como las FFAA; al ejercicio de la
política, naturalizando un ethos mafioso que se evidenció en la compra de sus
reelección; a los ecosistemas naturales, debilitando la institucionalidad
ambiental y favoreciendo los intereses de hacendados, ganaderos y latifundistas
que al correr sus cercas, afectaron en materia grave selvas tropicales y bosques
secos; y a los derechos humanos como
factor fundamental para que el Estado por fin alcanzara su ya esquiva legitimidad.
Que el pueblo elija a los jueces no
cambiaría en nada lo que sucede hoy con los operadores judiciales, desde el
juez promiscuo que actúa en el municipio más pequeño del país, hasta el más
encopetado de los magistrados de las altas cortes: la venta de fallos, el
clientelismo y la tendencia a fallar no en derecho, sino de acuerdo con elementos
ideológicos e intereses políticos asociados a los clanes políticos de la derecha
que les ayudaron a escalar posiciones dentro de la competida carrera judicial.
La propuesta de Petro se da en
medio de una evidente politización e ideologización del Consejo de Estado, la
Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. La reciente postulación de
políticos cercanos a Vargas Lleras de parte de las dos primeras cortes, a la
terna para que el Senado eligiera el nuevo Procurador, da cuenta de ese amargo
proceso en el que los togados parecen actuar por intereses clientelistas y
políticos y no para tratar de detener la vulgar captura del Ministerio Público
por parte de clanes políticos.
Sin duda alguna, el presidente Petro anda molesto con los altos tribunales que, en el marco de los pesos y contrapesos de la democracia, le han tumbado decretos presidenciales claramente destinados a favorecer a comunidades de base a través de la contratación directa para hacer las placas huellas en las vías terciarias y otros para poner a tributar a multinacionales petroleras.
Lo cierto es que poner al pueblo
a votar por jueces y a estos a hacer campañas no garantiza que la corrupción de
jueces y togados quede proscrita para siempre. El cartel de la Toga es la
expresión más clara de la naturalización del ethos mafioso en el sistema
judicial, contaminado por un sistema político que deviene históricamente
asociado a los intereses de clanes políticos que le vienen apuntando a sostener
y extender la captura del Estado, convirtiendo a jueces y magistrados en sus
fichas para echar para atrás el carácter garantista de la Constitución de 1991
y aquellas reformas que le apuntan a modernizar a una sociedad en la que hay
sectores que insisten en mantenerla en la oscuridad y en la premodernidad.
petro: los jueces deben ser elegidos popularmente - Búsqueda Imágenes (bing.com)
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