Por Germán Ayala Osorio
Más allá de si la decisión tomada por el Consejo Nacional
Electoral (CNE) de investigar a Gustavo Petro y a la campaña constituye o no un
“golpe blando” como lo asegura el propio mandatario, la actuación del CNE
deviene provocadora en lo social, ilegítima en lo político e ilegal en lo que respecta
a la intención manifiesta de desconocer el fuero y mancillar la majestad
presidencial.
Es provocadora en lo social porque los consejeros (realmente
no son magistrados, son políticos a los que sus partidos les regalan esa “dignidad”)
que escribieron la ponencia sabían que Petro iba a convocar movilizaciones, advirtiéndole
a sus electores que su gobierno está bajo una grave amenaza institucional urdida
desde las huestes que defienden los dos más enconados enemigos de Petro y de
sus decisiones en materia socioeconómica: Germán Vargas Lleras de Cambio
Radical y Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático. Vargas Lleras y el Clan Char usan a César
Lorduy, presidente del CNE y señalado de haber asesinado a una mujer años atrás, para golpear
políticamente al jefe del Estado y por esa vía, profundizar la polarización política
y la crispación ideológica de cara a las elecciones de 2026 en las que el
vetusto delfín tiene fincados intereses electorales; entre tanto, el
expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, usa al sub judice ciudadano, Álvaro
Hernán Prada para lo mismo. Hay que recordar que Prada está llamado a juicio
por la Corte Suprema de Justicia por manipulación de testigos, caso en el que
están también involucrados Uribe y el aboganster, Diego Cadena.
Esas dos últimas circunstancias que rodean la vida de los consejeros Lorduy y Prada representan dos crisis que soporta la sociedad colombiana y que exhibe la clase política y se advierte en el ejercicio mismo de la política: de un lado, una crisis moral y del otro, una de carácter ético-política. Por la condición sub judice de Prada, su actuación deviene ilegitima en lo social y en lo político, hecho que confirma la baja estatura moral de la derecha, en particular la que está asociada a la causa uribista y a la desechable y despreciable eticidad del exsenador Prada, espejo de la que viene exhibiendo su patrón y dueño, Álvaro Uribe Vélez.
En lo que toca a la legalidad de la determinación de la autoridad electoral, abogados de derecha reconocen que se trata de una extralimitación en las funciones de ese órgano administrativo porque el único ente que puede investigar al presidente de la República es la inservible y politizada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Por supuesto que la inmoral cruzada del CNE está respaldada por un fallo del Consejo de Estado, corte que también le hace oposición política al actual gobierno.
Minutos después de conocida la decisión política del CNE,
Petro dijo que “ahora nos han puesto en un momento difícil, grave, porque
a lo que van es a un golpe de Estado. Al Ejército de Colombia y a la
fuerza pública le he ordenado, como presidente constitucional de Colombia, no
levantar una sola arma contra el pueblo. Sus enemigos son los bandidos.
“Cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia”.
Justamente la derecha representada por Uribe y Vargas Lleras, con el concurso de la prensa hegemónica que les hace el juego, saldrá ahora a decir que Petro “no respeta la institucionalidad”, cuando claramente quienes la irrespetaron son los dos señalados políticos desde el preciso momento en el que les regalaron a Lorduy y Prada esas dos sillas en el oscuro Consejo Nacional Electoral para atacar al gobierno y al jefe del Estado, a sabiendas del lío judicial del alfil de Uribe y al tormentoso pasado de César Lorduy. No se pueden llamar magistrados a quienes fungen como peones de partidos políticos que en su historial exhiben congresistas procesados, llamados a juicio unos y condenados otros por graves delitos.
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