Por Germán Ayala Osorio
Hay consenso académico, social y
político alrededor de dos realidades que suelen estar conectadas: la primera,
que en Colombia hay una élite oligárquica y que el principal problema que
arrastra la nación es la corrupción público-privada.
De acuerdo con Pearce y Velasco
(2022), “la élite oligárquica aparece conformada por 46 personas que
disponen de la mayoría accionaria o la propiedad de los principales
conglomerados o grupos financieros: Grupo Aval, Grupo Empresarial Antiqueño
(Sura, Nutresa, Argos y Bancolombia), Grupo Bolívar, Grupo Empresarial
Olímpica, Grupo Santo Domingo, Grupo Mercantil Colpatria, Grupo Gilinski y
Organización Ardila Lülle. Estas personas inciden en la opinión pública a
través de la adquisición de medios de comunicación de alcance nacional (El
Tiempo, Semana, Caracol, RCN, etc.)”.
Los grupos de poder económico y
político en Colombia suelen no cuestionar públicamente hechos de corrupción en
los que estén involucrados miembros de familias políticas tradicionales o de
aquellos que hacen parte de lo que se conoce como los “cacaos”, esto es, la
élite oligárquica referida líneas atrás. Así entonces, “cubrirse las espaldas”
es una práctica común que deja en claro que no les interesa erigirse como referentes
de moralidad y eticidad en un sistema mundo capitalista que de manera natural
deviene inmoral y éticamente acomodaticio.
Cuando se supo de la millonaria
multa que debió pagar el Grupo Aval en los Estados Unidos por el caso de los
sobornos pagados por Odebrecht, de otros clanes y familias “de bien” y mucho
menos de los otros miembros de esa élite oligárquica se emitió un comunicado público
cuestionando el ilegal comportamiento corporativo. Lo mismo pasó con la sanción
de 20 millones de dólares que debió asumir el clan Gilinski recientemente en el
Reino Unido porque su banco Metro Bank no hizo lo suficiente para evitar el lavado
de activos. Expresidentes de la República y directores de partidos políticos
guardaron sepulcral silencio porque siguen la misma huella conductual: tampoco
están pensando en convertirse en faros morales en un mundo y un país como
Colombia cuya sociedad desde hace más de 50 años arrastra visos de vivir en
medio de una inocultable confusión moral y una laxa eticidad.
Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, asumió una postura crítica frente al reconocimiento que hizo ante las autoridades americanas el Grupo Aval de los dolosos hechos de Odebrecht: “El hecho de que el principal grupo económico del país haya confesado ante la justicia extranjera estar incurso en la red de corrupción y sobornos a políticos y funcionarios del Estado colombiano, es causa suficiente para presentar una reforma a la justicia, que debe tener como prioridad su fortalecimiento e independencia, la cercanía a la ciudadanía y la lucha contra la corrupción”.
Con los hallazgos de corrupción
en el sector salud que viene exponiendo públicamente la Superintendencia de
Salud los miembros de esa élite oligárquica que no opera de manera cohesionada,
también guardaron silencio. Lo mismo hicieron otros actores quizás menos
poderosos desde la perspectiva económica, pero que suelen ser consultados por los
medios corporativos. Hablo de exministros de Salud que defienden a dentelladas
la ley 100 de 1993, el sistema de aseguramiento en salud y la operación dolosa de
aquellas EPS que la misma Supersalud ha cuestionado, investigado e intervenido.
El ensordecedor silencio del
profesor uribista Alejandro Gaviria, exministro de educación de Petro y
exministro de Salud durante los 8 años del gobierno de Juan Manuel Santos ante
las sospechosas maniobras financieras de la EPS Coosalud, hace pensar que
agentes académicos y políticos como Gaviria operan como “pararrayos” al
servicio de esa élite oligárquica de la que saldrían recursos económicos para
financiar su posible candidatura presidencial para el 2026. De acuerdo con lo expresado
por el presidente Gustavo Petro, la Junta Directiva de la que hacen parte
hermanos de los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana validó los
movimientos financieros que la Supersalud está cuestionando.
Gaviria, por haber sido ministro
los 8 años de Santos, no podría salir a los medios a cuestionar a los miembros
de esa Junta Directiva por tres razones fundamentales: por simpatías ideológicas,
por agradecimiento con la familia Santos y porque él, junto a otros tantos
actores políticos al unísono están obligados a defender el sistema de salud y
las prácticas de las EPS privadas que optaron por hacer negocios con los
dineros públicos girados por el Estado, antes de asumir como prioridad atender
con eficiencia, eficacia y calidad las necesidades de sus afiliados
(pacientes).
Por todo lo anterior, no hay manera
de que en Colombia supere el ethos mafioso en el que se soportan los hechos de
corrupción público-privada. Toda lucha que se proponga en esa dirección fracasará
porque tanto la élite oligárquica, como los políticos están en función de enriquecerse
y concentrar poder económico y político. No hay nada qué hacer.
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