¿EN DISCUSIÓN LA INDEPENDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL?

Por Germán Ayala Osorio

 

El sistema político colombiano está diseñado para hacer perenne el ethos mafioso[1] que de tiempo atrás la sociedad naturalizó y que el mismo sistema se encarga de reproducir. A pesar de esa circunstancia institucional y cultural, en momentos muy precisos de su historia el país fue testigo de la operación legítima, ejemplar y limpia de magistrados de la Corte Constitucional.

Eran los tiempos de Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández, Eduardo Cifuentes y Rodrigo Uprinmy, entre otros magistrados de esa alta corporación judicial, valorada por los colombianos por la calidad humana, la formación jurisprudencial, su visión liberal y la probidad de esos togados. Por cuenta del Cartel de la Toga ese referente de probidad y excelsa condición de los magistrados perdió brillo y por tanto, legitimidad.

Circunstancias como las señaladas arriba pusieron en entredicho la tan cacareada independencia de la Corte Constitucional (CC). Con cada gobierno esa cualidad vuelve a cuestionarse cuando llega el momento de escoger los togados con la participación del Senado, instancia esta cuya legitimidad siempre deviene cuestionada por los intereses particulares y políticos de los senadores que revisan las ternas enviadas por el jefe del Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Aunque el mecanismo pareciera suficiente para garantizar la probidad de los elegidos, la fuerza del ethos mafioso suele ponerse por encima del ideal y el deseo de que a esa corporación lleguen los mejores juristas.

Gabriel Cifuentes escribió una columna en la que alude a la independencia de la Corte Constitucional, atribuyéndole elementos milagrosos a esa deseada y cuestionada condición: “la independencia de la Corte Constitucional se da por descontada. Ese es un error. En cada elección de sus miembros se juega la conservación de ese atributo del cual depende su legitimidad, la que hasta ahora gracias a un milagro continuado se ha mantenido pese a la intervención en su designación de los dos órganos más políticos del Estado: el Presidente y el Senado”.

El columnista refiere a la independencia del alto tribunal porque por estos días debe elegirse el remplazo de la magistrada Cristina Pardo. El analista político tituló así su texto de opinión: ¿La independencia de la Corte Constitucional, en vilo? No creo en el “milagro” del que habla Cifuentes. Y mucho menos después de los hechos relacionados con el Cartel de la Toga, indiscutible prueba de que el ethos mafioso hace rato permeó a la CC y a otros altos tribunales de la justicia colombiana. El columnista restringe el origen político de los magistrados al Senado y a la Presidencia de la República, cuando está claro que los inconvenientes éticos y morales están atados al sistema político y al diseño constitucional colombiano.  Quizás ese no sea el problema de fondo, sino la manera misma como los operadores políticos y judiciales asumen el poder y el ejercicio mismo de la política, así como la interpretación de los mandatos de la carta política de 1991.

Vamos ahora a mirar a la terna de la que saldrá el remplazo de Cristina Pardo, a la que hizo referencia el columnista: se trata del abogado del presidente Petro, Héctor Carvajal; la magistrada auxiliar de la JEP, Dídima Rico, y la magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, Karena Caselles.

Caselles fue ternada por el presidente de la República y Carvajal es cercano al jefe del Estado. Sobre esa incontrastable condición política que rodea la llegada de los dos juristas a esa instancia en la que cualquiera de los dos puede resultar elegido, el columnista señala lo siguiente: “A su cercanía con el mandatario –a quien representó ante el CNE en el proceso que se adelanta en contra de su campaña por la presunta violación de topes– se le suma también la amistad con el expresidente Uribe por haber sido el apoderado de sus hijos en el escándalo de las zonas francas. Pero, además, es bien sabido que el jurista se mueve como pez en el agua en la Corte Suprema y los órganos de control, así como en las arenas del mundo político. Valga recordar que en su exitosa carrera ha sido representante de personajes como Oneida Pinto, Daniel Quintero y de los Aguilar, entre otros. El acceso que tiene a las esferas del poder haría pensar que esta es una ‘terna de uno’”.

En lo que toca a Caselles, el reconocido analista y columnista sostiene que “…la candidata Caselles ha comenzado a crecer en la intención de voto de los congresistas que ven con cierto temor y desconfianza la elección del abogado del Presidente…En momentos en los que la Corte Constitucional no se puede dar el lujo de terminar cooptada por intereses eminentemente políticos, toma aliento la esperanza de que llegue una jurista mujer que ha construido una brillante carrera en la Rama Judicial, y ajena a cualquier tipo de presión externa. Existen todavía sectores del Legislativo que estiman necesario preservar la independencia del alto tribunal, y más en escenarios de polarización y amenaza a la separación de poderes. El acierto del Presidente de haber incluido a esta jurista en la terna, digno de ser celebrado, no debería ser borrado con el desacierto, que sería endosable al Senado, de no elegirla”.

Aunque el analista político no entrega mayores detalles del recorrido de Caselles, Carvajal no debería de ser elegido magistrado no tanto por haber sido el abogado de Petro, sino por haber tenido relaciones con el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez.

A Cifuentes le preocupa que la Corte Constitucional termine cooptada por el presidente Petro si el Senado elige a Carvajal, de quien el columnista da por descontado que actuaría en la misma línea ideológica del gobierno y de la mano del magistrado Vladimir Fernández, elegido recientemente. Fernández se desempeñó como secretario jurídico de la presidencia. Esa condición lo haría “incondicional” del presidente Petro al momento de discutir, entre otros temas, la exequibilidad de la reforma pensional.

La columna de Cifuentes no constituye un ataque al gobierno como lo consideraron algunos petristas en la red social X.  Lo que creo es que el título de la columna resulta inconveniente por el momento histórico por el que atraviesa el país, en la medida en que sugiere que la independencia de la CC está en vilo justo en el gobierno Petro. Claro que es un error dar por descontada la independencia de la Corte Constitucional por las circunstancias aquí expuestas. Quizás por ser hijo del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz y por moverse en las esferas de poder tradicional el columnista prefirió hablar de una “milagrosa independencia” en la que ya muchos hace rato dejamos de creer.

gabriel cifuentes - Búsqueda Imágenes

---

[1] Se entiende por ethos mafioso el conjunto de prácticas proclives a violar las normas, ajustarlas a los intereses de particulares que buscan favorecerse con decisiones judiciales, económicas y políticas; la captura de las instituciones públicas en favor de miembros de las élites tradicionales, corporaciones o grandes empresas hacen parte de aquellas prácticas, al igual que el clientelismo, la compra de votos y el diseño de pliegos tipo “sastre” para la entrega a dedo de millonarios contratos.  El ethos mafioso es, en sí mismo, una tara civilizatoria que toca a todos los estamentos de la sociedad colombiana.