Por Germán Ayala Osorio
El racionamiento de agua que
soportan los bogotanos debe asumirse como un campanazo de alerta para todas las
autoridades ambientales y en particular para la clase empresarial y política,
responsables en gran medida por los efectos negativos que arrastra el vigente modelo
agro extractivo en Colombia.
Embotelladoras como Coca-Cola y
los ingenios azucareros tienen concesiones de agua por las que pagan irrisorias
sumas de dinero, lo que compromete cuencas y microcuencas, incluidos los acuíferos.
Se suma al acaparamiento del agua los cultivos de aguacate Hass.
El valle geográfico del río Cauca
es un vasto territorio en el que la sobre explotación y el acaparamiento de aguas
superficiales y subterráneas viene de tiempo atrás. La ola de intenso calor y
la sequía en varias zonas del país, incluida la capital del Valle del Cauca
ameritan que organismos como la CVC asuman la tarea de revisar las condiciones
de explotación de las concesiones de agua y el estado de las cuencas y microcuencas
que padecen ya el “estrés hídrico” por el alto consumo para regar la caña de
azúcar, el aguacate Hass y el café.
Hay técnicas de riego eficientes
que no todos los azucareros usan para regar sus cultivos. La técnica por goteo puede
resultar costosa para aquellos dueños de fincas a los que solo les interesa alquilarles
la tierra a los ingenios y recibir los millonarios pagos. Estos siguen llevando
el agua que extraen de ríos y acuíferos por las viejas canales en tierra, a
sabiendas de que una parte del agua termina filtrándose.
Quizás llegó el momento de que el
Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones
Autónomas Regionales empiecen a pensar en exigirles a aguacateros y
cañicultores licencias ambientales. Esa discusión hay que darla cuanto antes. Entre
los criterios a discutir están las concesiones de agua, el aumento del precio
que pagan por el agua utilizada, límites a las hectáreas sembradas y el
compromiso de asumir tareas de restauración de los ecosistemas afectados de
tiempo atrás como humedales. Lo anterior, en el ámbito de lo rural.
En el ámbito urbano, hay que
empezar por ponerles más controles a las constructoras. Para el caso de Cali, es
urgente detener los procesos de ocupación y deforestación que vienen sufriendo
los Farallones de Cali. La minería ilegal se suma a las graves problemáticas
que se ciernen sobre ese valioso ecosistema boscoso.
El cambio climático es una
realidad insoslayable. Justamente, muchos de los negacionistas hacen parte de
las agremiaciones que insisten en seguir potrerizando las selvas y en la
extensión del modelo de la gran plantación, esto es, la hegemonía de la caña de
azúcar, palma africana y el aguacate Hass.
En mi tesis doctoral, intitulada ESTADO, AGROINDUSTRIA CAÑERA Y AFECTACIONES SOCIO-AMBIENTALES: SOSTENIBILIDAD ASISTÉMICA FUNCIONAL Y ONTOLOGÍAS DE LA RESISTENCIA EN MUNICIPIOS DEL NORTE DEL CAUCA Y SUR DEL VALLE DEL CAUCA, recomiendo revisar de manera profunda la institucionalidad ambiental y las lógicas de su operación, atadas a los intereses de los agentes privados. De forma concreta se recomienda dar mayor autonomía a las entidades ambientales locales y regionales y el establecimiento de una Superintendencia Ambiental que, con carácter sistémico, vigile las actuaciones de entidades como la CVC y la CRC, al tiempo que haga las veces de defensa máxima de los intereses de las comunidades ancestrales y campesinas, víctimas de ese continuum de hechos, procesos de sometimiento ontológicos y de los ecosistemas liderados por la agroindustria cañera.
Dicha Superintendencia Ambiental estaría compuesta por profesionales de todas las disciplinas, y por representantes de los tres grupos “subalternos”: campesinos, comunidades afros y pueblos indígenas. A lo anterior se suma, lo que líneas atrás se propuso alrededor de la creación de la Licencia Ambiental para Plantaciones (LAP), en virtud del traslado de la agroindustria cañera al sur del país, en particular a la Orinoquia. Dichas recomendaciones se hacen en virtud a las conclusiones a las que se llegó después del proceso investigativo. "que la operación de la agroindustria y del monocultivo de la caña de azúcar, viene dejando sistémicos y sistemáticos efectos negativos en el valle geográfico del río Cauca y en el propio funcionamiento del Estado, en particular en sus órdenes locales y regionales. Quedó claro y se puede palpar en la realidad que las instituciones estatales funcionan gracias a relaciones clientelares, asociadas estas a una forma particular de concebir lo público- estatal y lo público, es decir, lo que nos interesa a todos, de los cañicultores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario