Por Germán Ayala Osorio
Las cumbres ambientales, desde
Río 92, poco o nada han servido para detener el deterioro ambiental y las
transformaciones ecológicas que vienen sufriendo estratégicos, frágiles y
valiosos ecosistemas alrededor del mundo y en particular en países catalogados
como biodiversos como Colombia, Costa Rica y Brasil, entre otros. Las potencias
económicas y militares, China y Estados Unidos, firman compromisos para reducir
emisiones de dióxido de carbono y metano, pero el mundo sigue depredando
bosques y sometiendo otros ecosistemas a las lógicas del desarrollo económico.
Ahora que Cali será sede de la
COP16 sobre biodiversidad, vuelven a confluir en un mismo evento académicos,
científicos, funcionarios públicos y gobernantes para examinar estrategias y
apuestas para frenar el deterioro de selvas como las de la Amazonia y las que
circundan todo el Chocó Biogeográfico (desde el Ecuador, hasta el Tapón del
Darién). Como correlato aparecen el turismo y las rutas ecológicas con las que
se piensa sorprender a las 12 mil personas que llegarán a la capital del Valle
del Cauca. Pero también, los académicos que defienden a dentelladas el actual
modelo de desarrollo económico, en particular, la gran plantación de monocultivos
como la palma africana y la caña de azúcar, asumidos interesadamente como “ecosistemas
emergentes”, cuando lo que realmente son enclaves
artificiales desnaturalizantes.
Volvamos al tema del turismo. Nadie
niega la importancia de las actividades turísticas y los beneficios de hospedar
en la ciudad a esa cantidad de gente. Pero no se puede perder de vista la
gravedad de lo que está sucediendo en el Pacífico colombiano con la minería
legal e ilegal y el consecuente deterioro ecológico y ambiental de ríos y
selvas, ecosistemas sometidos a la fuerza de retroexcavadoras y toneladas de
cianuro que se vierten en sus aguas. Ponerle freno a esos procesos de intervención
humana implica el sometimiento de las fuerzas ilegales y de los actores legales
que trabajan de la mano para sacar oro, carbón, litio y coltán. De este último,
se sabe que hay presencia en la Orinoquía, Vichada, Vaupés y Guainía.
Manuel Rodríguez Becerra, el
primer ministro del medio ambiente que tuvo Colombia, considera de gran valor para
el país que se realice en su territorio la cumbre de la biodiversidad de la
COP16. “En la convención de biodiversidad se han obtenido algunos logros
siendo, quizá, el principal la creación y ampliación de las áreas protegidas en
el mundo. En Colombia las políticas de parques nacionales, de resguardos
indígenas, y de propiedades colectivas de las comunidades negras, que en su
conjunto representan el 42 % del territorio nacional, han sido, en balance,
exitosas en la protección de la biodiversidad y de los bosques. Sin embargo, el
tercer informe de Parques Cómo Vamos (2023) ha puesto la alarma de que
hoy el 60 % de los parques nacionales son víctimas de algún tipo de amenaza”.
Hay que aplaudir las decisiones
de ampliar las zonas de parques nacionales naturales, pero igualmente hay que rechazar
y llamar la atención sobre los actores, legales e ilegales que están interviniendo
esas zonas protegidas: ganaderos, narcotraficantes, terratenientes, grupos
armados ilegales que viven del negocio de la coca y la minería ilegal. Se suman
colonos que van abriendo trochas y haciendo “mejoras” hasta que logran “tumbar
el monte”, expresión que con enorme claridad da cuenta de la nula conciencia y
valoración que se tiene de la existencia de indicadores de una biodiversidad
que resiste las arremetidas de unos procesos civilizatorios alejados de
cualquier posibilidad de construir relaciones armónicas entre los seres humanos
y los ecosistemas naturales.
Si no se detienen esos procesos
altamente disruptivos, eso de “que somos uno de los países más biodiversos del
mundo” quedará como un simple recuerdo, recogido en libros, informes científicos,
inventarios de especies, enciclopedias y en la mente de un reducido número de
colombianos que sí entendieron el real significado que trae esa condición natural.
Las comunidades negras, indígenas y campesinas que viven dentro de las zonas biodiversas
deben ser la prioridad para el Estado colombiano si de verdad se quiere
proteger el Chocó Biogeográfico. No será fácil ganarle la batalla a los narcos
(incluye guerrillas, bandas y paracos) que viven de la economía ilegal (explotación
de oro y tráfico de cocaína). Por lo pronto, hay que dignificar la vida de las
comunidades que históricamente establecieron una relación consustancial con la
naturaleza. Ellos, mejor que nadie, sabían qué es eso de ser biodiversos, antes
de que se realizara la cumbre de la tierra en 1992.
Imagen tomada de EL ESPECTADOR.COM
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