Por Germán Ayala Osorio
Sorprendió a propios y extraños,
pero no pasó desapercibida la confesión del excongresista uribista, Ciro Ramírez
Cortez, de cómo conoció a Pierre García Jacquier, exdirector del Departamento para
la Prosperidad Social (DPS) y de acuerdo con las autoridades judiciales, su
compinche en un caso de corrupción o entramado criminal, de acuerdo con la
misma Corte Suprema de Justicia. Ramírez le contó al magistrado de la Sala de
Instrucción de ese alto tribunal de justicia, que conoció Pierre García en la cárcel
La Picota porque ambos estaban visitando a sus padres, que también habían sido
congresistas, y que estaban recluidos en esa penitenciaría por “unos problemas
jurídicos”.
De la curiosa revelación de Ciro
Ramírez se burlaron en la Tele Letal y Tola y Maruja. Eso sí, ella misma debe
servirnos para reflexionar en torno al significado social y ético-político de
semejante testimonio. Hay que empezar por destacar la actitud sumisa y
asustadiza del arrogante Ciro Ramírez ante el magistrado que varias veces lo instó
a que contestara sin rodeos las preguntas formuladas en torno a su
participación en la firma de un millonario convenio interadministrativo y una
empresa particular. La Corte acusó formalmente a Ramírez de haber participado
en hechos punibles, propios de una “empresa criminal”.
La actitud vergonzante de Ramírez
Cortez se explica no solo por el miedo que generan los magistrados de la Sala
de Instrucción de la CSJ, sino porque al excongresista sus compañeros de bancada
lo dejaron solo. Incluso, el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez lo abandonó
a pesar de haber sido su fiel escudero. La reacción de Uribe a la captura del entonces
congresista se entendió como una toma de distancia y una artera estocada política.
Esto dijo el expresidente y expresidiario: “Me duele la captura del joven
senador Ciro Ramírez. Ojalá pueda salir adelante. Este tipo de problemas
es lo único que deja la maldita mermelada”. Sin importar cómo termine
el juicio que enfrenta Ciro Ramírez, lo cierto es que Uribe lo condenó.
Antes de ser llamado a juicio, el
miembro del Centro Democrático, escudero y amigo del expresidente Uribe Vélez
siempre se mostró ante los medios masivos arrogante, vociferante y sobrador y
con una incontrastable altivez que hacía pensar que estaba limpio y alejado de prácticas
corruptas. Ahora, al verse perdido por el material probatorio y la actitud
inquisidora del togado que lo confrontó varias veces durante la diligencia de
indagatoria, agacha la cabeza y asume con inocultable mansedumbre los requerimientos
del togado, como esperando algo de piedad del operador judicial.
Ya en la confesión, miremos un
detalle: Ciro Ramírez no solo omite decir el nombre de su padre y el de Pierre
García, sino los delitos por los cuales fueron procesados: paramilitarismo. Ciro
Ramírez Pinzón, padre, fue condenado en el marco de lo que se conoció como la
parapolítica, esto es, congresistas que tuvieron vínculos con los grupos
paramilitares. En cuanto a Carlos García Orjuela, padre del exdirector del DPS,
al final de un proceso judicial fue absuelto por la misma Corte Suprema de
Justicia.
En el tenso diálogo entre el magistrado
y Ciro Ramírez Cortez, publicado por Noticias Caracol, el excongresista
uribista dice que es “normal que los congresistas desfilen por entidades del
Estado para destrabar proyectos”. Justo ahí está la nuez de la corrupción: los congresistas,
de acuerdo con lo dicho por Ramírez Cortez sirven de bisagra entre particulares
y contratistas que normalmente aportan millonarias sumas de dinero a sus campañas
para llegar al Congreso y el diseño y la entrega de contratos y convenios interadministrativos
de entidades como el DPS o la UNGRD, con el firme propósito de recuperar la
inversión y embolsillarse millones de pesos más.
La curiosa confesión del
excongresista del Centro Democrático hace pensar en que el ejercicio de la
política en Colombia es un negocio tan lucrativo, que poco importan los
procesos judiciales o los “problemas jurídicos” e incluso, las condenas, porque
prima el interés de enriquecerse, siguiendo la lógica de la economía del
crimen. No les basta ganarse más de 40 millones de pesos mensuales. Quieren más
y más. En caso de perder la curul, esta se intentará recuperar con un hijo,
hermano, tío o esposa, pues, gracias a las millonarias coimas recibidas, se
pueden dar el lujo de patrocinar la campaña electoral del familiar que desea
hacerse con la deseada curul.
Los contratistas son el otro
eslabón de la corrupción público-privada en Colombia. Estos patrocinan
congresistas, alcaldes, gobernadores y presidentes de la República, para luego
recuperar la inversión, ganando más que los propios bancos. Ese es el ethos mafioso
que ya naturalizamos en Colombia. Lo peor del asunto es que no hay forma de
proscribirlo porque los sistemas político y económico operan bajo ese mismo
ethos. De allí que toda lucha contra la
corrupción que se proponga como lema de campaña devendrá ridícula y se entenderá
como una burla del candidato o candidata que la acoja como bandera electoral.
Imagen tomada de Facebook
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