Por Germán
Ayala Osorio
A tres meses de
las elecciones regionales, la opinión pública gravita en torno a dos narrativas
políticas que dan cuenta de dos bandos perfectamente diferenciados y
enfrentados. De un lado aparece el gobierno de Gustavo Petro y del otro, el
uribismo, sector de poder que intenta deslegitimar a la actual administración.
La narrativa gubernamental
apunta a consolidar el imaginario colectivo que asocia al uribismo con actos de
corrupción. Esa circunstancia tendría que hacer posible que los votantes
castiguen a ese sector de poder, y en particular a la secta-partido, el Centro
Democrático, microempresa electoral que arrastra la ya desgastada imagen del
expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Por supuesto que colectividades como Cambio Radical, La U y los partidos históricos, el Conservador y el Liberal también ocupan un lugar en ese negativo imaginario.
Con su lucha
contra la corrupción, el presidente Petro y su equipo apelan al espejo retrovisor
para exponer las prácticas corruptas que se naturalizaron durante el nefasto
gobierno de Iván Duque Márquez e incluso, desde gobiernos anteriores. Los recientes hechos de corrupción al interior
de Ecopetrol son apenas la punta del iceberg de lo que ocurrió durante ese cuatrienio
en el que el ethos mafioso se consolidó y se volvió paisaje. Se suma a la
millonaria corruptela dentro de la estatal petrolera, la captura de la Dirección
Nacional de Protección (DNP) por parte de redes de narcotraficantes y por
supuesto, los manejos irregulares de los bienes incautados a las mafias que se
destaparon dentro de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), entregados a
políticos a los que les pagaron favores electorales, con la administraron y aprovechamiento
económico de tierras, hoteles y fincas. Por supuesto que los escándalos de Reficar y Odebrecht también se conectan con el uribismo o con políticos defensores de las ideas del inefable expresidente Álvaro Uribe.
Entre tanto, la
narrativa uribista apela al tema de la inseguridad ciudadana y a los problemas
de orden público para deslegitimar al actual gobierno. Los atracos cotidianos
en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali que se transmiten en las redes
sociales y los medios masivos anti-Petro, aportan a la generación de miedo e
incertidumbre en amplias capas de la sociedad, sentimientos estos que pretenden
contrarrestar insistiendo en el regreso de la seguridad democrática.
La idea de los
uribistas es meter miedo para vender seguridad y para ello cuentan con los
medios masivos afectos al “viejo” régimen para señalar que el actual gobierno
nacional le entregó el país al terrorismo y a la delincuencia común y
organizada.
Se trata de dos
estrategias distintas que están ancladas al mismo número de visiones de país
que se enfrentan: mientras que el gobierno insiste en luchar contra la corrupción
y evitar el desangre de las finanzas públicas, y por esa vía construir un Estado moderno, al uribismo, sector de poder altamente
comprometido con ethos mafioso que alimenta las prácticas corruptas, solo le
interesa generar desazón y miedo en el electorado, afectado tempranamente por
la idea de que el “país va mal”, cuando, de acuerdo con expertos economistas, el
presidente Petro viene respetando la regla fiscal y actuando de acuerdo con la
doctrina económica del FMI y el BM.
Veremos, entonces,
a candidatos a gobernaciones y alcaldías enfocados en el tema de la inseguridad
ciudadana. Muy seguramente, estos harán parte del uribismo, así nieguen su
cercanía con el expresidente Uribe Vélez. Como también veremos a otros
aspirantes interesados en dar cuenta de los logros del actual gobierno, empañados
por la propaganda "negra" (sucia)y gris de los medios masivos.
Imagen tomada de Youtube.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario