Por Germán Ayala Osorio
El secuestro o retención ilegal
de 57 militares en la zona de El Plateado (Cauca) deja en evidencia dos hechos
incontrovertibles: de un lado, la instrumentalización de los civiles por parte
de los bandidos que operan en el territorio y del otro la férrea formación de los
uniformados en el respeto de los derechos humanos.
Esta es la tercera vez, en siete meses de ejecución de la Operación Perseo, que
ocurren este tipo de asonadas que terminan con el secuestro colectivo de
militares y policías y la posterior intervención humanitaria para lograr su
liberación. Se trata de una estrategia de los grupos al margen de la ley que le
disputan al Estado la autoridad y el control del territorio usado por las
narcoguerrillas para cultivar coca, procesar la pasta, producir y exportar la
cocaína.
Dichas maniobras les funcionan muy bien a los bandidos porque los ciudadanos instrumentalizados jamás construyeron una relación voluntaria de sometimiento al poder y a la autoridad del Estado porque esta forma de dominación jamás se legitimó en ese territorio. Más claro: las estructuras criminales han sido por largo tiempo el Estado. Con ese tipo de acontecimientos pareciera que la lucha social que libran las narcoguerrillas y el Estado la están ganando los ilegales. Es posible que en la confrontación militar el gobierno Petro esté acorralando a los ilegales, pero socialmente se ganará el desprecio de la población que vive a “gusto” con la "autoridad" que ejercen los bandidos. Claro que no se descarta que de las asonadas y del secuestro o retenciones hayan participado civiles por voluntad propia e incluso miembros de las organizaciones criminales que operan en esa zona.
La responsabilidad política del rechazo a las acciones del Estado la tienen que asumir todos los gobiernos centrales, incluidos alcaldes y gobernadores, por no haber sabido construir esa relación de respeto entre la ciudadanía y las autoridades civiles y militares que representan al Estado en ese territorio. El clientelismo, la corrupción, el crecimiento de las economías ilegales, el asistencialismo y la falta de procesos educativos de largo plazo contribuyeron en gran medida a la fusión temporal o definitiva entre los intereses de los grupos al margen de la ley y la población civil que vive de los cultivos de uso ilícito y que reconoce como autoridad a los ilegales. Una educación contextualizada es urgente en esa parte del Cauca.
Es claro que falló la
construcción de una ciudadanía política fincada en el reconocimiento del Estado
como única forma de dominación en ese territorio. Son los bandidos los
referentes culturales, sociales, económicos y políticos de una población civil
secuestrada por la ilegalidad, pero sobre todo, por la inaplicabilidad de
conceptos claves en la formación ciudadana. Hablo de categorías como legalidad,
legitimidad, autoridad y poder que por largo tiempo estuvieron ausentes de los
procesos educativos adelantados en ese disputado territorio en el que se asentaron
la premodernidad, la barbarie, la rudeza y el salvajismo.
No puede haber desarrollo
económico y mucho menos triunfará el gobierno Petro en su apuesta por recuperar
el control del territorio a través de programas de restitución de cultivos de
uso ilícito y el uso de la fuerza. Hay que intervenir los procesos
civilizatorios que truncaron los ilegales y la desidia de alcaldes,
gobernadores y de los anteriores gobiernos. Esas expresiones de incivilidad ameritan
apelar a otras formas de intervención estatal.
Mientras se entiende la crisis
civilizatoria allí expresada, la prensa hegemónica hará el trabajo que les
corresponde: culpar al gobierno y en particular al ministro de la Defensa por lo
ocurrido con el objetivo de consolidar la narrativa que apunta a que el país va
mal. Y quedarse en la manida discusión de si se trata de un secuestro o de una
retención. No les interesa examinar las razones y los factores que facilitaron que
los procesos civilizatorios en esa zona devienen truncos o quizás fallidos.
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