Por Germán Ayala Osorio
El 28 de julio se conocerá el
sentido del fallo de la jueza 44, Sandra
Heredia, que puede resultar a favor o en contra
del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. En el llamado “juicio del
siglo”, el político antioqueño fue procesado por los delitos de fraude
procesal, manipulación de testigos y soborno a testigos en actuación penal. Se
trata de conductas delictivas no asociadas a su actividad política.
Sus áulicos, con la anuencia de
los medios masivos, han querido consolidar la narrativa que señala que se trata
de un “juicio político y no jurídico”. Con
ese mismo relato están buscando que el gobierno de Donald Trump haga el mismo
señalamiento para justificar medidas arancelarias contra Colombia, como las que
sufrió Brasil porque en ese país está siendo procesado el expresidente golpista Jair Bolsonaro; esas mismas retaliaciones económicas podrían tomarse
si es hallado culpable el ladino y temido expresidente
de Colombia y exdirector de la Aerocivil. El congresista de origen colombiano,
Bernie Moreno fue el primer congresista americano en advertir al gobierno de Gustavo
Petro y a la jueza Heredia sobre las medidas que podía adoptar la
administración Trump si la señalada operadora judicial encuentra razones
jurídicas suficientes para condenar al líder de la fatal política de seguridad
democrática.
A esa intromisión en los asuntos
internos de Colombia y en particular la intrusión en el proceso deliberatorio de
la jueza 44 por parte del congresista Bernie Moreno se sumó la carta enviada por
38 juristas colombianos que firmaron una misiva con la que pretenden ejercer
presión política y jurídica a la jueza que tiene la responsabilidad de fallar
en derecho en el complejo caso. La carta enviada por los nuevos defensores
de oficio del expresidiario y exmandatario constituye una presión indebida
sobre la juez Sandra Heredia y por extensión es una falta de respeto hacia los
magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que hallaron
pruebas suficientes para vincular a Uribe Vélez en los graves delitos que se le
imputaron, en un proceso judicial que tiene ya 13 años.
Esto se lee en la epístola de los
38 juristas: “De las declaraciones de los numerosos testigos, y del análisis de
los documentos, y pericias técnicas y científicas que se presentaron en las
múltiples audiencias, se concluye que el llamado ‘Caso del Siglo’ fue
un burdo montaje y una campaña de descrédito urdida por los adversarios y
detractores políticos del expresidente, y cohonestada por una Fiscalía
militante, para mancillar su buen nombre, enlodar su legado
histórico, deslegitimar su lucha política y reducir su ascendencia ante los más
amplios sectores de la opinión pública”.
El uribismo, los 38 juristas, periodistas como Juan Lozano y en
general la derecha colombiana durante los tres años de mandato de Petro
han alzado la voz para exigir que el jefe del Estado respete las instituciones
y en particular a los jueces. Pero cuando uno de sus líderes naturales está
metido en semejante lío judicial, entonces cambian el discurso y deciden presionar
a la jueza y por esa vía deslegitimar lo actuado por la Corte Suprema de
Justicia, corporación que inicialmente imputó cargos al entonces senador Uribe.
El país recuerda que el expresidente antioqueño renunció a su curul para esconderse
debajo de las fustanes del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que
hizo todo lo institucionalmente posible para dilatar
y sacar en limpio al hasta ayer “político frentero”. Al final, Uribe
terminó mostrando lo que es: un cobarde.
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