Por Germán Ayala Osorio
La desinstitucionalizante y peligrosa
incitación a desobedecer las órdenes del presidente de la República que acaba
de hacerles a los comandantes de la Policía y Dijin, el fiscal general de la
Nación, amerita un llamado de atención de las altas cortes. De la misma manera
como la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Consejo de Estado conminaron al
presidente Petro a morigerar sus opiniones, estas dos corporaciones judiciales
deben hacer lo mismo con Francisco Barbosa quien irrespeta al jefe del Estado y
estimula a generales de la República a desobedecer las directrices de su
comandante supremo. Esto es supremamente grave.
El silencio de las altas cortes ante
el envalentonamiento de Barbosa aporta razones para que se consolide la
narrativa presidencial que señala que se está cocinando un Golpe de Estado
Blando. No es sano para el equilibrio y
las relaciones armónicas entre los tres poderes públicos que el fiscal general de
la nación se niegue a entregarle
información que el presidente le ha solicitado sobre asuntos que son de total
responsabilidad del jefe del Estado. Hablo en particular de los crímenes
perpetrados por el Clan del Golfo, que entran el campo del orden público,
asunto que es total responsabilidad del actual presidente y de su gobierno. Insisto
en que ese silencio administrativo e institucional de Barbosa amerita un
llamado de atención de los magistrados de las señaladas cortes. No pueden
alinearse las altas cortes con el fiscal Barbosa, pues estarían tratando de
someter al poder ejecutivo a los designios del sector justicia.
Así entonces, conforme pasa el tiempo
se van consolidando narrativas negativas en torno a las funciones que estaría
(in) cumpliendo el fiscal general, amparado en el tácito respaldo de la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.
La mejor forma de invalidar las
versiones que indican que sectores de poder legal e ilegal estarían fraguando
un golpe de Estado es que las altas Cortes conminen a Barbosa a que entregue lo
solicitado por el presidente de la República y a que morigere las maneras como
se refiere al jefe del Estado. Un Barbosa deslinderado y desbocado es la brasa
que estaban esperando sectores de la sociedad civil que están incómodos con el
gobierno de Petro.
Ciertas o no las versiones de una
posible acción desestabilizadora del poder político en Colombia, a Barbosa hay
que ponerle límites. No hacerlo, erosiona el poder presidencial, invita a la
desobediencia y ampara a organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que
se pueden sentir legitimadas porque dentro del mismo poder judicial nadie
exhorta a la Fiscalía a que entregue informes de las investigaciones de los
crímenes ordenados desde esa organización narco paramilitar. ¿Quién se atreverá
a ponerle el bozal al fiscal general de la Nación?
Hace unos años, el entonces
presidente Álvaro Uribe intentó someter a las altas cortes, en particular a la
Corte Suprema de Justicia. Y posteriormente, en la administración de Duque,
esas mismas tres instancias judiciales hicieron un llamado a respetar a la
justicia, por las decisiones que había adoptado la Sala de Instrucción de la
CSJ respecto de las conductas punibles de Uribe. Bueno, es tiempo de que se
unan para frenar al caballo desbocado que es hoy el fiscal Barbosa.
Y el llamado de atención también debe
hacerse a la procuradora Cabello Blanco, quien funge hoy cada vez más, al igual
que Barbosa, como opositora política del presidente Petro y de su proyecto de
país. Barbosa y Cabello Blanco están jugando con candela señores magistrados de
las altas cortes. O apagan el incendio ustedes, o se convierten en bomberos
pirómanos.
Imagen tomada de Semana.com
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