Por Germán Ayala Osorio
El 7 de agosto de 2022 inició el
gobierno de Gustavo Petro Urrego. Cualquier análisis de los primeros 12 meses
resultará impreciso e incluso injusto, por cuanto los ajustes institucionales y
los cambios propuestos necesitarán de más tiempo para hacerse visibles. Es más,
necesitarán de una real y completa recuperación del Estado y para ello, hay que
insistir en arrebatárselo a los clanes y mafias tradicionales. Y eso, es casi
imposible. Es más, es probable que, al terminar su periodo presidencial,
específicas transformaciones y ajustes apenas se dejarán ver pasado el 7 de
agosto de 2026, siempre y cuando el siguiente gobierno no diseñe políticas
públicas con las que se intente echar para atrás políticas de Estado. Recordemos
que Iván Duque, con su política de Paz con legalidad, torpedeó la aplicación de
la política de paz que emergió de la firma del tratado de paz entre el Estado y
las Farc-Ep.
Haber hecho campaña con la bandera
del cambio llenó de expectativas a una sociedad que se acostumbró a que en
Colombia todo cambia, pero todo sigue
igual: se siguen produciendo masacres, continúa la violencia política
asociada al accionar criminal de grupos al margen de la ley, como las
disidencias de las Farc-Ep, el ELN y el Clan del Golfo, entre otras
organizaciones armadas que en la jerga castrense se conocen como GAO (Grupos
Armados Organizados). Aunque viene
bajando el desempleo, este continúa en dos dígitos, los indicadores de pobreza
ceden un poco, pero sigue la pobreza monetaria y las co-relaciones de fuerza
que sostienen al “viejo” régimen que sufrió derrota, se mantienen casi
intactas. Es decir, sigue la presencia no homogénea del Estado, lo que
significa que no copa todo el territorio.
Este balance se hace en medio del
escándalo del polígrafo, que involucra al embajador Benedetti, la jefa del
gabinete presidencial, Laura Sarabia y la ex empleada doméstica de ambos
funcionarios, Marelbys Meza. Al sórdido episodio se sumó la denuncia que hizo
el fiscal Francisco Barbosa, enemigo de Petro y del gobierno, en el sentido en
que la señora Meza es víctima de “chuzadas” ilegales. También se produce este
balance en el marco de un proyecto político desestabilizador orquestado desde
sectores de la derecha y la ultraderecha que no aceptan el triunfo de Petro.
Dicha iniciativa cuenta con la colaboración absoluta de los medios masivos
tradicionales, que fungen cada vez más como actores políticos.
Petro está enfrentado a Barbosa y a
la Procuradora Margarita Cabello Blanco, ficha política del Clan Char, con el
que el presidente tomó distancia política. La entidad que preside Cabello está empeñada en afectar
las mayorías del Pacto Histórico en el Congreso. Cabello Blanco, desconociendo
fallos internacionales, insiste en continuar disciplinando y sancionando
funcionarios elegidos a través del voto, facultad que según la CIDH (la Corte y
la Comisión) la procuradora ya no tiene. Es decir, el país va bien en asuntos
macroeconómicos, pero la pugnacidad política se acrecienta por las reformas
propuestas y por el férreo carácter del presidente Petro y su idea maximalista
de convertir al país en una potencia
mundial de la vida.
¿Cuáles son los logros en estos 12
meses de gobierno? Hablemos de cambios y logros simbólicos y de acciones
políticas tendientes a modificar problemas estructurales como la concentración
de la tierra en pocas manos, la precarización laboral, el sistema de salud y el
problema pensional. Dentro de los hechos simbólicos hay que destacar el más importante:
el desmonte del “coco” con el que la derecha intentó frustrar el triunfo de
Gustavo Petro a la Casa de Nariño: la llegada del comunismo, del castrochavismo
a Colombia. Ideas como “Petro es hambre” están siendo desvirtuadas a juzgar por
los indicadores que el propio presidente Petro destacó: “frenamos la inflación general, empezaron a caer los precios de
alimentos, hoy el salario mínimo ha crecido en 4 puntos reales, el desempleo ha
descendido, somos uno de los países de la OCDE que más crece, pasamos de
déficit fiscal a superávit primario, ha descendido la pobreza multidimensional”.
En su discurso de instalación del
nuevo periodo legislativo, Petro insistió en que es a través de la producción
de riqueza que el país puede enfrentar sus actuales desafíos sociales y los
ambientales que se vienen con las próximas crisis climáticas. José Antonio Ocampo, quien fuera ministro de
Hacienda de Petro, el 25 de mayo celebró “el
fuerte aumento de los recaudos tributarios en abril, y del 28,7% en los primeros
cuatro meses del año. Y celebro también que en el primer trimestre las finanzas
del gobierno nacional arrojaron un superávit primario vs. un déficit en 2022. ¡Vamos
bien en el ajuste fiscal!”. Podemos decir que en términos macroeconómicos
la gestión del gobierno es positiva, a lo que se suma el aumento de la
inversión extranjera. Se puede decir que el “coco” del castrochavismo, murió.
Quienes insistan en su exhumación es porque tienen a un público cautivo que cree en fantasmas y que quizás sus
miembros tienen algún problema cognitivo no detectado.
La lucha contra el flagelo del
narcotráfico sufrió un cambio importante: se frenó el uso del glifosato como
instrumento para atacar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito y por esa
vía, se detuvieron las graves afectaciones socio ambientales que genera el
peligroso herbicida. Que el gobierno de Biden haya aceptado esa condición, a
cambio de fortalecer la interdicción de los alijos de droga, la captura de por
lo menos una docena de sumergibles, el desmonte de laboratorios de
procesamiento y la caída de 420
toneladas de cocaína entre agosto de 2022 y marzo de 2023, constituye un
triunfo político y ambiental del gobierno de Petro. A ese ritmo, muy
seguramente la meta trazada por el gobierno de llegar a las 830 toneladas, se
alcanzará al finalizar el presente año.
El viaje al continente africano,
mirado desde el multilateralismo, resulta un total acierto del gobierno, en
cabeza de la Vicepresidenta Francia Márquez Mina, quien está al frente de ese
proceso de apertura de nuevos mercados y relaciones internacionales con miras a
ahondar los trabajos en materia de justicia racial.
En cuanto a la Paz Total, cualquier
evaluación debe partir del carácter maximalista de esa apuesta de pacificación
que incluye a todas las estructuras armadas ilegales, sean estas GAO o
guerrillas. En ese aspecto, Petro se equivocó. En el ámbito de la paz el
gobierno deja ver improvisación y una
excesiva confianza en el comportamiento y la madurez política de los actores
armados con los que se intenta dialogar
y concretar procesos de paz y acciones de sometimiento a la justicia.
También hay que decir que al tener en contra a la Fiscalía General de la Nación
en cabeza de Francisco Barbosa, cualquier esfuerzo de alcanzar la paz se hace
más complejo. La pugnacidad entre Barbosa y Petro se explica porque el primero
es ficha del régimen uribista que se opone a la pacificación total del país.
Cualquier evaluación de la obra de
gobierno debe tener en cuenta o pasar por reconocer que en estos primeros 12
meses de gobierno aparecieron resistencias institucionales que podrían dar al
traste con las intenciones de cambio. Frente al objetivo de la Paz Total, la
Fiscalía aparece como el gran obstáculo. Vendrá el momento de proponer la terna
para que sea la Corte Suprema de Justicia la que elija el remplazo del inefable
Francisco Barbosa. Es posible que esa alta Corte termine por consolidar al ente
investigador y acusador como el gran obstáculo para el logro de la paz.
Petro ha sido imprudente en el manejo
de la mesa de diálogo con el ELN, guerrilla anacrónica que insiste en una lucha
revolucionaria que ya no tiene ningún sentido, si se advierte que por primera
vez llega al poder la izquierda. Su primera imprudencia ocurrió cuando informó
en su cuenta de Twitter que, para la navidad del 2022, se había pactado un cese
bilateral al fuego con esa guerrilla, asunto que desmintieron sus líderes. Y la
segunda impertinencia sale de un análisis político-militar que expuso ante el
generalato, a propósito de los cambios que sufrió la violencia política en
Colombia. Petro afirmó que el ELN estaba ya en la 3ra fase, reconocida por
estar sujeta a la economía ilegal del narcotráfico. A pesar de tener razón el
presidente, su discurso ante los generales y almirantes fue mal recibido por
los miembros del ELN que están sentados en la mesa de conversación.
En lo que toca a las relaciones con
las fuerzas armadas, Petro está enfrentando las resistencias que al interior
del mundo castrense aún genera su pasado como subversivo. Y lo está haciendo de
la mano del mejoramiento de las condiciones de bienestar de los uniformados.
Los barridos de más de una veintena de oficiales se conectan con su lucha
contra la corrupción y el propósito de desconectar la institucionalidad
castrense con organizaciones criminales como el Clan del Golfo.
Los balconazos de Petro y sus constantes llamados a que el pueblo se
levante para exigir que se hagan las reformas laboral, a la salud y al sistema
pensional, lo acercan a un tipo de
populismo que es asumido por la derecha, medios de comunicación y específicos
agentes económicos de la sociedad civil como una invitación a la violencia, al
levantamiento popular. El populismo de Petro pretende reivindicar derechos, mientras
que el populismo de Uribe Vélez pretende reducirlos y desmejorar condiciones
salariales y laborales.
En lo que toca a las coaliciones
políticas en el Congreso, estas le salieron mal al gobierno por una razón
fundamental: la magnitud de las reformas toca intereses de sectores de poder
político y económico que se oponen a cualquier cambio que implique el desmonte
del proceso privatizador del Estado que los neoliberales iniciaron en 1990. La
intención de asegurar gobernabilidad de la mano de los partidos tradicionales,
responsables en buena medida de la corrupción público-privada que agobia al
país y de la captura mafiosa del Estado, afectó la confianza de sus votantes y
simpatizantes en aquello del cambio en las costumbres políticas.
El analista León Valencia propone la
siguiente lectura: “una tormentosa
transición. La izquierda logró por fin
su inclusión en el poder y puso en marcha un gobierno de reformas
profundas, las viejas élites no se
resignaron al triunfo democrático y echando mano del congreso, el Fiscal, la
Procuradora y la prensa hacen la vida imposible”.
En lo que corresponde a la reforma
agraria integral, hay que reconocer que el gobierno, a través de la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), está trabajando duro en el objetivo de modificar el
0.84 (Gini) que representa el nivel de concentración de la tierra en Colombia.
En materia de deforestación de zonas estratégicas el gobierno parece estarle
ganando la partida a ganaderos y narcos que insisten en deforestar las selvas,
en particular la de la Amazonía. En el asunto que toca a la transición
energética falta claridad en la hoja de ruta y acciones pedagógicas que contrarresten
los miedos y la “mala leche” con la que los medios vienen cubriendo los
anuncios de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez. Su salida, por tráfico
de influencias, según lo que trascendió a los medios, es una advertencia para
quienes ostentan hoy el poder, para que no traten de saltarse los conductos
regulares y los procedimientos reglados.
Es posible que el país no cambie en
la dimensión soñada del presidente Petro. Si el Pacto Histórico no logra
triunfos importantes en las elecciones regionales de octubre, el proyecto
político de la izquierda y el progresismo estará en riesgo. Ordenar el
territorio alrededor del agua, como se sugiere en el Plan Nacional de
Desarrollo, será una quimera si la derecha depredadora triunfa en las
periferias en las que abunda el recurso hídrico. Igualmente, se necesita
asegurar los triunfos en importantes ciudades capitales y en gobernaciones.
La resistencia al cambio obedece a
que culturalmente existen taras en la cultura dominante. El ethos mafioso y las
ventajas que les da a la élite tradicional vivir en una sociedad premoderna, de
la mano de un Estado igualmente premoderno, son dos buenos ejemplos de los
vicios o los defectos de los responsables de haber convertido a Colombia en un
insufrible platanal con bandera. El carácter feudal y precapitalista es otra
tara de la élite dominante.
Imagen tomada de Portafolio
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