Por Germán Ayala Osorio
Con la llegada a Bogotá de la Minga indígena, campesina y afro, el presidente Petro consolida su estrategia de confrontar a los sectores políticos y económicos que, de la mano de específicas bancadas en el Congreso se oponen a las reformas pensional, laboral y al sistema de salud.
Las marchas de hoy 27 de septiembre, en apoyo del gobierno, son bienvenidas, pero pueden terminar desgastando el instrumento social y democrático, y ahondando las diferencias políticas e ideológicas. Eso de “meterle pueblo” a la discusión pública de los temas sensibles de la agenda política del gobierno de Petro puede terminar con el alejamiento de la posibilidad de llegar a un Acuerdo Nacional y el incremento del racismo y del clasismo, factores socioculturales que caracterizan a la sociedad colombiana y que explican las múltiples expresiones de violencia en los campos y en la ciudad.
Blu radio, en cabeza de Néstor Morales,
ficha del viejo régimen, lleva varios días “denunciando” la existencia de
millonarios contratos firmados entre el gobierno y organizaciones indígenas
como la ONIC, cuyo objetivo, de acuerdo con la versión periodística, es patrocinar
el desplazamiento, la logística y la manutención de los miembros de la Minga. De la mano de sus colegas, Morales motiva a las
audiencias proclives a rechazar las formas de vida y de protesta de indígenas,
campesinos y afros, a ponerse en modo de resistencia social y política no solo
a la Minga, sino a todo lo que representa el Pacto Histórico. Al final, el país
puede terminar viendo el surgimiento de un movimiento Contra Resistencia de aquellos
que vienen resistiendo con dignidad, los embates del neoliberalismo, la violencia
paramilitar, estatal y la que viene articulada a los agentes sociales y económicos
enemigos de la autonomía y la seguridad alimentarias.
En la mesa de trabajo de Blu
radio se habló de “cooptación” del movimiento indígena. No se trata de eso. Por
el contrario, lo que veo es que la Minga encuentra en el gobierno de Petro el
apoyo económico y político que anteriores gobiernos neoliberales les negaron a
indígenas, afros y campesinos. No se trataría, entonces de una “captura” de la
institucionalidad indigenista, más bien estamos ante un evidente y real proceso
de reivindicación étnico-territorial y cultural de quienes por más de 50 años
fueron sometidos por gobiernos que, con sus planes de muerte, le apuntaron a
erosionar el trabajo comunitario subyacente en la Minga. Baste con recordar lo
que hizo Uribe en contra del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): el
entonces presidente de la República, con el apoyo de Valencia Cossio, ordenó
crear la OPIC, como institución opositora a los intereses del CRIC, con el
claro objetivo de fracturar los procesos comunitarios en el norte del Cauca.
De otro lado, las dinámicas
urbanas y rurales son distintas, lo que hace difícil hacer confluir los
intereses de una población urbana sumergida en los agobiantes problemas cotidianos:
inseguridad, transporte, condiciones de vida precarizadas, necesidades de consumo
y formación política. Mientras que en los territorios rurales puede haber otras
necesidades y problemáticas que difícilmente encuentran respuestas empáticas en
quienes viven y sobreviven en urbes como Bogotá, Cali y Medellín. En materia de
formación política, es probable que en los territorios rurales exista una mayor
conciencia alrededor del momento histórico que vive el país, mientras que, en
los espacios urbanos, hay demasiados distractores que impiden consolidar una
conciencia social y política asociada a la reivindicación de los oprimidos. Y
peor aún, cuando hay periodistas como Néstor Morales, atizando para que la
histórica animadversión hacia indígenas, afros y campesinos se consolide aún
más.
Imagen tomada de la alcaldía de Bogotá.
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