Por Germán Ayala Osorio
Los militares que vienen
reconociendo ante la JEP que se convirtieron en criminales al asesinar civiles,
confirman de paso que la política de seguridad democrática fue la patente de
corso de la cúpula militar y el gobierno de la época para presionar a la tropa
para que entregaran más y mejores resultados operacionales, es decir, bajas y
litros de sangre.
Una vez perpetrados los crímenes
de lesa humanidad, muchos de los uniformados-sicarios, recibieron
condecoraciones con las que sus comandantes destacaban el arrojo, la valentía y
la vocación de servicio. Medallas que exhibieron con orgullo en sus henchidos
pechos, pero que hoy devuelven con vergüenza por haber mancillado el honor
militar.
El capitán Jaime Rivera, compareciente
ante la Justicia Especial para la Paz, optó por devolver la medalla que en su
momento recibió del Gaula del Ejército. Rivera
dijo: “solicito a la magistratura permiso para devolver la
condecoración que me otorgó el Gaula (grupo antisecuestro), la dirección
nacional de los gaulas, como premio a esas mentiras, como premio a hacer parte
de ese entramado".
La decisión del excapitán Rivera
se asume como un acto de reparación simbólica hacia las víctimas, pero también,
como uno de contrición con el que el oficial en uso de buen retiro intenta
limpiar la culpa que lo persigue por haberse prestado a semejante entramado criminal
de asesinar civiles para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combates.
Junto a Rivera, otros oficiales
hicieron lo mismo en pasadas audiencias de reconocimiento de responsabilidades
por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas. Eso sí, sería bueno que todas aquellas
medallas y condecoraciones que fueron entregadas por el comando del Ejército, Brigadas,
Batallones y el propio Gaula, en pomposas ceremonias, sean devueltas en las
mismas condiciones en las que fueron puestas en los pechos de los oficiales,
suboficiales y soldados condecorados. Es más, si en aquellas ceremonias en las
que se premiaron a los militares asesinos, hicieron presencia el presidente Uribe,
Santos o Duque, o ministros de la Defensa, en un acto de reparación y petición
de perdón a las víctimas de los falsos positivos, se obligue a los hoy
expresidentes y exministros a recibir de manos de estos victimarios
institucionales, las ilegítimas e inmerecidas medallas y galardones que se les otorgaron
por entregar resultados operacionales cubiertos de perfidia y felonía.
Como el país conoce el talante de cada uno de los expresidentes arriba mencionados, lo más seguro es que se negarán a participar de las ceremonias. Ante la negativa, lo importante es que sus nombres sean leídos y expuestas las razones que motivaron la imposición de las condecoraciones.
Es lo mínimo que se puede pedir
para quienes, obrando como agentes estatales, violaron el “pacto de seguridad” del
que en su momento habló Foucault y por ese camino llevaron a que las armas de
la República fueran usadas para asesinar al propio pueblo.
Imagen tomada de Ángel Metropolitano.
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