Por Germán Ayala Osorio
En una sociedad como la colombiana
en la que millones de sus ciudadanos guían sus vidas por un ethos mafioso, la
existencia de presos VIP que pagan condenas en instalaciones militares,
policiales y en pabellones especiales, tipo resort, en cárceles tradicionales es
considerada como una normalidad, un paisaje más.
El presidente de la República
parece empeñado en afectar -no acabar- con esa normalidad. Ha ordenado
traslados de una serie de bandidos con el fin de quitarles privilegios (celulares
y comodidades) obtenidos en ejercicio de su poder corruptor y de las relaciones
mafiosas establecidas con agentes del INPEC.
Los traslados más sonados hasta
el momento son los de la señora Epa
Colombia, Daneidy Barrera Rojas y el exgobernador del Valle del Cauca, Juan
Carlos Abadía. A la primera, el INPEC
la exhibió encadenada de pies y manos como si se tratara de una peligrosa
delincuente. Una demostración de poder que no borra años de prácticas corruptas
de directores de prisiones y custodios que se prestaron para que los reclusos
tuvieran celulares, hicieran fiestas, extorsionaran desde las celdas y hasta protagonizaran inolvidables
bacanales.
En cuanto al exgobernador, el
propio jefe del Estado dijo en su cuenta de X que “Juan Carlos Abadía
se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de
Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en
política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a
estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción. Ordené
personalmente su traslado. Simuló un episodio cardíaco y terminó en una
clínica; di la orden de sacarlo de allí y llevarlo a una cárcel de verdad. Anoche, a las 11:30 p. m., fue trasladado a la
cárcel de Villahermosa. En la Patria Milagro nadie está por encima de la
ley. En la era del Tigre se acabó esa vagabundería”.
Ese tipo de decisiones presidenciales
hay que aplaudirlas a rabiar siempre y cuando se apliquen sin excluir a ciertos
condenados que aún viven cómodamente en instalaciones militares y policiales,
convertidas en hostales de lujo. Esa Inpecnización
de las guarniciones hay que frenarla cuanto antes porque los uniformados no
están para cumplir funciones de custodios de bandidos de cuello blanco.
Por lo anterior, el país espera
que el presidente Abelardo Gabriel de la Espriella Otero ordene el traslado a
una cárcel de máxima o de mediana seguridad de Santiago
Uribe Vélez, condenado por homicidio y concierto para delinquir
agravados en un contexto en el que es señalado de haber conformado el grupo
paramilitar conocido como los 12 Apóstoles.
¿Se atreverá De la Espriella a
ordenar el traslado del hermano del expresidente Álvaro Uribe? ¿Acaso, Santiago
Uribe, como el exgobernador del Valle del Cauca, “se cree intocable”? Es seguro
que el hermano del expresidente antioqueño no participa en política, y mucho
menos tiene la facultad para presionar contratos o el poder para poner y quitar
funcionarios. Por supuesto que no.
“El hermano del expresidente
Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, no tiene derecho, por regla general, a un
sitio especial de reclusión para cumplir la condena de 28 años que le fue
impuesta por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y delitos de
lesa humanidad, en el proceso relacionado con el grupo paramilitar conocido
como Los Doce Apóstoles” (Infobae).
El caso de Santiago Uribe Vélez
es la prueba fehaciente de que a aquellos bandidos que se les niega la casa por
cárcel, por influencias políticas, las guarniciones militares y las instalaciones
de policía se convierten en “prisiones domiciliarias de segunda generación” por
las comodidades que les garantizan a los condenados. Huelga decir que fue el
presidente Petro quien ordenó que Uribe Vélez fuera recluido a una guarnición
militar por razones de seguridad y arraigo. Sin duda alguna, un solidario gesto
político del entonces presidente. Quizás ese gesto sirvió de base para el pacto
político entre las bancadas congresionales de petristas
y uribistas que terminó con la entrega del control de la Comisión de
Absoluciones de la Cámara de Representantes (conocida también como Comisión de
Investigaciones) para evitar que se investigara al expresidente Petro. Al final,
Uribe y Petro
salieron beneficiados. Pero volvamos al asunto central.
En medio del registro mediático
de los traslados de Epa Colombia y Abadía y de otras reubicaciones de
peligrosos condenados, esa pregunta debería de hacérselas los periodistas de las
empresas mediáticas tradicionales. Al estar en “modo autocensura” por el miedo
que generó la censura a dos
periodistas y al caricaturista Vladdo y al haber definido la presidencia que
solo convocaría a ruedas de prensa a “medios amigos”, me corresponde como
periodista independiente elevar el interrogante, pues hasta donde se sabe
Santiago Uribe Vélez se encuentra recluido en una guarnición militar en el
departamento de Antioquia.
No hay información precisa del
lugar de reclusión en donde pagará los 28 años de condena por los delitos que
de acuerdo con la sentencia de segunda instancia que la Corte Suprema de
Justicia le impuso; como tampoco se conoce registro fotográfico del momento de
haber sido reseñado por el INPEC, una vez se conoció el fallo condenatorio. Vuelvo
a preguntar: ¿Se atreverá De la Espriella a ordenar el traslado del hermano del
expresidente Uribe Vélez? Claro que no, hay “milagros” que en la Patria Milagro
jamás sucederán.
Nota: haberse atrevido a tocar a Juan Carlos Abadía, del clan de la gobernadora del Valle, hace suponer que Dilian finalmente abandonó al exgobernador por mantener buenas relaciones con De la Espriella.
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