Por Germán Ayala Osorio
Por orden la Corte Suprema de
Justicia, el INPEC dispuso el traslado del procesado por corrupción electoral,
Arturo Char a la ciudad de Barranquilla, para que sea recluido en el batallón
de la capital del Atlántico.
No tengo presente desde cuándo
las guarniciones militares y policiales se convirtieron en “cárceles de lujo”
para políticos corruptos o procesados por graves delitos. Lo cierto es que los
miembros de la fuerza pública, además de cumplir con lo que les ordena la
constitución política y sus normas internas, de un tiempo para acá actúan como
oficiales del INPEC, sin que generales hayan puesto el grito en el cielo por el
sostenido proceso de Inpecnización de cuarteles y escuelas de formación.
Esa conversión misional de policías
y militares no es más que la naturalización del ethos mafioso, con un
agravante: los uniformados, de muchas maneras, quedan bajo las órdenes de estos
“nobles” reclusos, por ser hijos, justamente, de clanes políticos con un gran poder
político, para incidir, por ejemplo, en ascensos y traslados de los nuevos
custodios.
Enviar a políticos corruptos a establecimientos
militares o policiales constituye una falta de respeto a la institucionalidad
castrense. Y pasa semejante tropelía, en medio del silencio de generales de la
policía y el ejército que acatan con total obediencia la disposición del alto
tribunal, con el claro objetivo de beneficiar a los perfumados reclusos.
Basta con tener el apellido Char
o ser defendido por el expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, para
tener el derecho a vivir cómodamente en unidades militares y policiales de las
que podrán salir a discreción, porque tienen todo el poder para intimidar a los
oficiales de los que depende su seguridad. Otro caso emblemático fue el de
Andrés Felipe Arias, probado corrupto y amigo de Uribe, quien gozó de las
buenas atenciones que los militares le brindaron en el Cantón Norte de Bogotá.
Cuidar bandidos de cuello blanco
es una afrenta al honor militar porque ello supone exponer a militares y
policías al “mal ejemplo” de la clase política, lo que claramente se convierte
en la patente de corso para que los uniformados operen bajo el mismo ethos
mafioso que guió a políticos como Arias, entre otros perfumados que fueron condenados
por la justicia por corruptos.
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