Por Germán Ayala Osorio
En estos tiempos de sobreexposición
ególatra en redes sociales, las puestas en escena se volvieron pan de cada día,
lo que facilita la construcción de realidades con las cuales sus participantes
y creadores engañan a los públicos que las ven, las reproducen, las hacen virales
y les dan el siempre esperado y exigido “me gusta”.
El pastor-presidente monta la macabra
escena en la que se pavonea, como si tratara de un capo que acaba de dar un golpe a sus enemigos, entre los
despojos mortales de 23 cadáveres de terroristas que cayeron bajo el bombardeo
estatal. Algunos dudan que en las bolsas blancas hubiese realmente cuerpos despezados;
otros se preguntaron por qué razón no estaban en Medicina Legal o si la entidad
oficial autorizó su traslado para el montaje de la cruel escena.
Un juez de primera instancia y
ante una acción de tutela le ordenó al Gobierno y a los organizadores del
teatrino bajar esas imágenes de las redes sociales por los efectos psicológicos
que pueda generar su exposición. La Defensora del Pueblo, Iris Marín le recordó
al actor-presidente que hasta la guerra tiene límites.
Frente a los desastres dejados
por el terremoto del 10 de agosto, el gobierno del pastor-presidente, con el
concurso de las grandes empresas mediáticas autocensuradas, montan escenas en
las que dan un parte de tranquilidad a la opinión pública de que la reconstrucción
de las viviendas va bien, que el Estado está respondiendo al monumental desafío
de devolverle a los damnificados la dignidad que resultó resquebrajada e
incluso sepultada debajo de los escombros. Entonces, usan los casos más
emblemáticos de cada ciudad afectada para entregar llaves simbólicas de nuevos
apartamentos y anuncios presidenciales sobre los que la prensa hegemónica no
parece interesada en hacerle seguimiento para verificar su cumplimiento. No.
Eso de confrontar e incomodar al poder era parte del ejercicio periodístico
para el periodo 2022-2026. Después de la censura contra las dos periodistas y
el caricaturista Vladdo, las directivas de las acuciosas empresas mediáticas
del pasado optaron por la autocensura.
Pasaron los días y una de las
llamadas “mariposas amarillas” de Petro montó su propio performance horas
después de haber aceptado que cometió el delito de fraude procesal en el caso conocido
por la opinión pública en el que falsificó el acta de grado y el título de
contadora pública de la Fundación Universitaria San José para acceder al caro
de viceministra de Juventudes. Bueno, hay que aclarar que la hábil y hermosa Juliana
Andrea Guerrero habló de un “error”, lo que no es otra cosa que la deconstrucción
de un hecho jurídico probado que termina minimizado en el vocablo “error” porque
supone que no hubo voluntad en cometerlo, cuando claramente los hechos dicen lo
contrario. Sin duda alguna, una contradicción de los términos en los que se
aprobó el preacuerdo firmado con la Fiscalía y validado por el juez de conocimiento
que finalmente la condenó a tres años por el delito referido. El cinismo que Guerrero
dejó ver en la puesta en escena, sentada cómodamente en un sillón, es muestra
clara de que tiene el talante, el perfil y la fuerza suficientes para continuar
aspirando a cargos ministeriales, de la mano del Pacto Histórico o de cualquier
otro movimiento que reconozca su potencial como actriz principal. Sin duda alguna,
su vida está en la política colombiana.
El preacuerdo, en sí mismo es una
acción y pieza teatral en la que se le hace creer a las audiencias “que se hizo
justicia” y que el aparato de justicia salió fortalecido porque no solo fue
condenada la delincuente, sino porque se evitó el desgaste económico e
institucional por el tiempo que se invertiría en demostrar la responsabilidad
penal de la procesada, imputada y finalmente condenada. La verdad es que, por
el contrario, la escena en la que el juez le “da cantaleta” a la condenada solo
sirve para darle sentido de realidad al dicho que dice que la “justicia es para
los de ruana”.
En otra escena que se hizo viral el
país mediático, bochinchero y farandulero vio a la empresaria e “influencer”
Epa Colombia, Daneidy Barrera Rojas, caminar esposada de pies y manos, acompañada
de agentes del INPEC. Se trata, por supuesto, de un performance en el que la entidad
carcelaria exhibe un cambio en las maneras en las que, en adelante, ciertos
presos, serán movidos de sus celdas para algún trámite por fuera de los muros
de las prisiones. La escena humilla y erosiona la dignidad de los presos, al tiempo
que edifica una legitimidad mentirosa del INPEC, entidad estatal cuya historia
de escándalos de corrupción de guardianes y directores de centros carcelarios confirma
que la justicia en Colombia es para los más pendejos o los de ruana. ¿Por qué Santiago Uribe Vélez, condenado por homicidio y conformación del grupo
paramilitar los 12 Apóstoles no fue exhibido con los grilletes que le pusieron
a Epa Colombia? Todos sabemos la respuesta.
El primer mes del gobierno en la Patria Milagro transcurre en medio de performance con los que nos quieren hacer creer que el país, el Estado y su legitimidad van por buen camino, cuando no es así. Seguiremos viendo a un presidente-actor o actor-presidente mandando o diciendo que él está firme por la patria, su grito de guerra con el que ya está librando la anunciada “batalla cultural”, la película de terror ideológico, político y cultural que nos transmiten todos los días en vivo y en directo. Ojalá que el descongelamiento del porte de armas y la venta de armas amparadas no termine siendo una purga callejera en la que caerá gente de verdad y no actores de reparto.
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