jueves, 27 de agosto de 2026

UN PACTO HISTÓRICO POR LA IMPUNIDAD




Por Germán Ayala Osorio

 

Los pactos entre partidos políticos hacen parte de las dinámicas congresionales, atravesadas estás últimas por la sempiterna elasticidad moral y ética de quienes al interior de esas agrupaciones políticas hacen acuerdos que en ocasiones resultan ser vergonzantes y vergonzosos.

Cuestión Pública informó que los cinco miembros del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representante (CACR) apoyaron la solicitud que el presidente de esa corporación, Carlos Cuenca (Cambio Radical) le envió a la Fiscal Luz Adriana Camargo en la que le pide que el proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por las masacres del Aro, la Granja y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle pase a manos de la CARC.

Lo constatado por el equipo periodístico de Cuestión Pública resulta tan incomprensible, como repugnante, porque Iván Cepeda, figura prominente del Pacto Histórico, lleva años acompañando a las víctimas del paramilitarismo en Colombia y a las madres de los jóvenes asesinados por agentes estatales (falsos positivos).

La disputa jurídica entre Cepeda y Uribe se convirtió en una bandera que hizo brillar al progresismo, al propio excandidato presidencial y al Pacto Histórico como partido comprometido con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad de la que gozan aún actores políticos y económicos que patrocinaron a los grupos paramilitares. Como parte de esa lucha política y jurídica del Pacto Histórico está la condena en segunda instancia contra Santiago Uribe, hermano del expresidente antioqueño.

El exmandatario está citado a declarar ante la Fiscalía el 4 de septiembre por los hechos relacionados con las masacres del Aro y la Granja y el asesinato de Jesús María Valle. Uribe Vélez fungía como gobernador de Antioquia cuando se produjeron esas masacres y el crimen del defensor de derechos humanos y abogado.

La solicitud de Carlos Cuenca se da por lo que se puede considerar una fina “leguleyada” de la defensa del expresidente y expresidiario antioqueño. Se trata de una interpretación jurídica que, de la mano de la misiva enviada por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes (en adelante, Comisión de Absoluciones) busca asegurarle total impunidad al expresidente Uribe.

En el oficio que envió Cuenca se lee el argumento que la defensa de Uribe le entregó para que elevara la solicitud a la Fiscalía: “…Álvaro Uribe Vélez ejerció como presidente de la República desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras que la actual investigación tendría como fecha de consumación del delito de concierto para delinquir agravado el año 2003”.

El corte sincrónico que hace el defensor del expresidente Uribe desatará una colisión de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Absoluciones, situación jurídica que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia o en su defecto la Corte Constitucional. Así las cosas, la comparencia de Uribe ante la Fiscalía, prevista para el 4 de septiembre, se suspendería lo que sin duda alguna representará un triunfo político y jurídico del que hizo parte sustantiva el Pacto Histórico (PH).

Que los cinco miembros del PH hayan aprobado la citada solicitud debería de desatar una crisis monumental al interior de esa colectividad, pero, sobre todo, una condena pública del senador Iván Cepeda. Varias fuentes le confirmaron a Cuestión Pública que efectivamente David Alejandro Toro, Heráclito Landínez, María del Mar Pizarro, Jorge Hernán Bastidas y Gabriel Becerra aprobaron el sentido de la solicitud enviada por Cuenca. Cepeda se limitó a decir que “le he solicitado a mis abogados que mantengan nuestra posición para que la fiscalía general de la Nación conserve la competencia para adelantar esa investigación, con las debidas garantías procesales”.

Becerra defendió lo hecho y le dijo a Cuestión Pública que “la decisión adoptada debe entenderse en el marco de una controversia jurídica sobre la autoridad competente para continuar esta investigación”. Gabriel Becerra no solo acoge sin miramientos la interpretación jurídica que hace la defensa de Uribe, sino que trata de justificar lo que claramente debe entenderse como una afrenta contra las víctimas, una contradicción ética, ideológica y política que incluso toca a su compañera María del Mar Pizarro, hija de Carlos Pizarro Leóngomez, asesinado por orden de las AUC.

En su lamentable justificación entregada a Cuestión Pública, Becerra insiste en que “por la gravedad de estos hechos consideramos indispensable que la investigación tenga plena seguridad jurídica, respete el debido proceso y sea adelantada por el juez natural…”. Si por juez natural se refiere a la Comisión de Absoluciones, lo que queda claro es Uribe será protegido por quienes hoy son mayoría de esa corporación, gracias al pacto inicial con el Centro Democrático que le aseguró al expresidente Petro que las investigaciones en su contra no prosperarán gracias a los cinco miembros del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión. 

Todo indica que los cinco miembros del Pacto Histórico tomaron esa decisión sin consultarle al senador Cepeda, lo que constituye un golpe ético y político a su liderazgo y un desconocimiento a su condición de actor civil y defensor de los derechos de las víctimas. Cepeda debería de pensar seriamente en abandonar la colectividad pues claramente lo hecho por sus compañeros de la Comisión de Absoluciones constituye una burla a su lucha.

Los militantes del PH cumplieron con la tarea que les encomendaron, que es fruto del primer pacto firmado con el Centro Democrático que les permitió ser mayoría para defender al expresidente Petro. ¿Fue Petro quien les dio la orden de acompañar la solicitud de Carlos Cuenca? Lo cierto es que esa decisión deja muy mal parado al PH en la medida en que confirma que como partido político mantiene la elasticidad ética y moral de las demás colectividades. Lo hecho resulta vergonzoso, bochornoso, inaceptable, oprobioso, indigno, deslinderado y aberrante. Sin duda alguna, un Pacto Histórico por la impunidad.

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