Por Germán Ayala Osorio
Se entregó a las autoridades
Santiago Uribe Vélez, condenado a 28 años de prisión por delitos de lesa
humanidad asociados a la operación del grupo paramilitar y de “limpieza social”
conocido como los 12 Apóstoles que lideró el hermano del expresidente y
expresidiario Álvaro Uribe. Hasta el momento en el que se escribía esta columna
el país no conoce la fotografía de la reseña que el INPEC debe hacer del reo,
cuya condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Lo más seguro es que el abogado
solicite su traslado a una instalación militar o policial para que, bajo la
comodidad y “vigilancia” de los uniformados empiece a pagar la larga condena
que le impuso la justicia al hallarlo “penalmente responsable de concierto
para delinquir agravado y homicidio agravado, como concurso de delitos de lesa
humanidad”.
El tratamiento especial que
recibirá el hermano del expresidente Uribe es propio de un sistema judicial que
reproduce el clasismo y confirma el sentido de realidad del refrán popular que
dice “la justicia es para los de ruana”, que para este caso da vida a la
frase “la cárcel es para los que no tienen contactos políticos”.
De acuerdo con el sentido de la
condena, Santiago
Uribe es un peligroso patibulario que, en un sistema judicial serio, debería de
estar recluido en una cárcel de máxima seguridad y no en las cómodas instalaciones
castrenses a las que muy seguramente será trasladado para que purgue allí su
condena, sobre la que no queda recurso judicial alguno.
El uso de batallones y escuelas
de formación de oficiales y suboficiales de la policía para albergar a
criminales de cuello blanco termina por consolidar un proceso que llamo “Inpecnización[1]”
de la Policía y el Ejército. Se trata, sin duda alguna, de una desviación
misional de las instituciones comprometidas en estos inmorales procedimientos
de custodia que además de clasistas, instrumentalizan a los uniformados que se
ven abocados a actuar como si fueran guardianes del INPEC. Una pérdida de
prestigio para los oficiales y suboficiales designados para hacerse responsable
de garantizarle a criminales de cuello blanco la mejor estadía a los
condenados. Quizás de esas garantías dependan futuros ascensos o traslados para
los uniformados-carceleros designados para la innoble tarea de cuidar perfumados
criminales.
Convertir las instalaciones castrenses
en Centros de Reclusión Militar para que bandidos de cuello blanco purguen sus
condenas o medidas de aseguramiento en desmedro, por ejemplo, de los miembros
de la reserva que pagan condenas por delitos menos graves en cárceles como La
Picota es una muestra clara de que esas decisiones están fundadas en una práctica
clasista que aporta a la naturalización del refrán arriba mencionado.
Las temporadas de veraneo que criminales
de cuello blanco pagan en unidades policiales y militares constituye también una
afrenta y burla a sus víctimas que ven como jueces, periodistas y otros agentes
societales minimizan la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por
quienes saben que serán recluidos en cómodas habitaciones y bajo los cuidados
de encopetados oficiales y suboficiales que jamás imaginaron estar al mismo
nivel de los guardianes del INPEC.
[1] Llamo “Inpecnización” al proceso mediante el cual las
instalaciones policiales y militares, junto con los uniformados, se convierten
en lugares de reclusión y carceleros de toda suerte de condenados de cuello
blanco (verdaderos bandidos) que pagan sus condenas en cantones por consideraciones
de clase.
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