MOVILIZACIONES DEL MARTES 18: DOS POSIBLES ESCENARIOS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las marchas del M18, con Día Cívico a bordo, servirán para medir cómo está realmente el apoyo popular al presidente Petro y a su llamado a una consulta popular que podría terminar siendo un plebiscito.  Por todo lo que antecede, pueden darse dos escenarios: el primero, que las movilizaciones resulten multitudinarias y el segundo, que sean tan poco concurridas como esperan el empresariado, los congresistas opositores y por supuesto las empresas mediáticas que las cubrirán con especial atención.

Si la jornada favorece ampliamente al gobierno y su llamado a la consulta popular, el progresismo y Petro sacarán pecho y la asumirán como la primera batalla ganada a la derecha que se niega a instalar al país en estadios de esa modernidad tardía a la que le vienen huyendo las élites tradicionales de tiempo atrás.

Será entonces la oportunidad para crear y consolidar la narrativa que señala que efectivamente las mayorías del constituyente primario estarían dispuestas a votar afirmativamente las preguntas que den vida a la consulta popular que sí o sí deberá aprobar la plenaria del Senado. Ese resultado le metería más presión a los senadores que discutirán si aprueban o desaprueban la consulta popular. Pero cuidado que el éxito de ese discurso dependerá en buena parte de los tratamientos periodístico-noticiosos que haga la prensa hegemónica que desde ya le está apostando al fracaso de las movilizaciones del Martes 18.

Por lo anterior, la oficina de comunicaciones de la Casa de Nariño (¿Existe?), RTVC, los youtubers y las bodegas petristas deberán estar atentos a esos cubrimientos con los que las empresas mediáticas de la derecha presentarán un balance agridulce para el gobierno. Muy seguramente la directriz editorial ya está dada para todos los noticieros, periódicos y programas radiales: evitar a toda costa magnificar las movilizaciones, esto es, evitar calificarlas como apoteósicas, monumentales, grandiosas, multitudinarias, profusas, entusiastas o frenéticas. Un trabajo coordinado, pero sobre todo responsable y sin triunfalismos de parte de los medios oficiales y los influenciadores petristas sería la mejor estrategia para enfrentar a los siempre tendenciosos medios hegemónicos que harán su mejor esfuerzo para minimizar el resultado de las marchas.

Por el contrario, si las marchas resultan tímidas, casi rayando en el fracaso, los medios públicos, las bodegas y los youtubers petristas deberán redoblar esfuerzos para informar, pero sobre todo para analizar ese escenario de por sí catastrófico para el gobierno y su idea de sacar adelante la consulta popular. Se da por descontada la fiesta que se vivirá en las salas de redacción de los medios masivos del Establecimiento si las movilizaciones por lo menos en las principales ciudades del país no resultan como el gobierno espera: multitudinarias.

No se puede olvidar lo que pasó con el plebiscito por la paz. Ese día, la gran prensa le apostó al fracaso, de la mano del uribismo. Mintieron y timaron a las audiencias. El triunfo del No fue una victoria que aunque pírrica, sirvió para confirmar que las influencia de las empresas mediáticas tradicionales seguía intacta. No se puede desestimar el poder de penetración de los medios masivos, así haya evidencias de cambios en las maneras como los colombianos consumen la información. 

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LITERAL, POR DOS Y EL TEMA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

En el uso cotidiano del lenguaje aparecen expresiones que suelen “ensuciar” la comunicación cuando se convierten en ruidosas muletillas. “Literal”, en lugar de literalmente, es uno de esos vocablos que se escuchan en la calle e incluso en oficinas. También la expresión “por dos”, para indicar que se está de acuerdo, es la de mayor acogida entre los jóvenes dentro de sus conversaciones en las redes sociales. Pero hay una tercera que viene haciendo carrera: “ese tema o hay un tema”; “es que ahí hay un tema”.

Con este último la gente evita decir que hay un asunto por resolver, una directriz, norma o disposición; quizás una decisión por tomar; o una circunstancia apremiante que se debe enfrentar con diligencia. En ese afán por “ahorrar” tiempo y evitar entregar detalles o de dar una explicación clara de lo que sucede, el uso de la palabra “tema” es ya un problema pandémico y “tema” de esta columna.

Esos tres términos hacen parte de un problema social y cultural: la falta de lectura en los colombianos y la necesidad de abreviar en medio de una cotidianidad azarosa. Se suma al uso natural y cotidiano de esos tres vocablos el que nadie se atreve a corregir por miedo a ser rechazado o sentir que no hace parte del círculo social en el que dichas expresiones constituyen una marca de pertenencia al grupo.

Creo que con el uso exagerado de esas expresiones, verdaderas muletillas, las funciones que propuso Jacobson terminan seriamente afectadas. Si es así, ese debería de ser un tema de discusión académica. Recordemos las funciones: función emotiva o expresiva, función apelativa o conativa, función poética o estética, función referencial o informativa, función metalingüística, función fática.

Por ahora dejemos ahí el asunto o la problemática socio lingüística de estos nuevos tiempos y tratemos de entender que el uso indiscriminado de esos términos ensucia la comunicación en espacios públicos y privados. Aunque digan que esos vocablos dan cuenta de que la lengua está viva, también se puede señalar que aquella vive en medio de una grave pobreza lexical de sus hablantes.

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QUIEREN HUNDIR LAS REFORMAS SOCIALES POR MIEDO AL PROGRESO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Más allá de las “diferencias técnicas” que dicen tener los congresistas que hundieron la reforma laboral con los promotores de esta, lo que en el fondo subsiste es un “miedo al progreso” asumido éste como el conjunto de sensaciones, aspiraciones, ideas y objetivos societales que apuntan a proscribir todos aquellos factores propios de las relaciones de poder dispuestos para generar condiciones de indignidad en grupos poblacionales específicos. Esas condiciones de indignidad se viven en la prestación de los servicios de salud, en el mercado laboral y en el sistema pensional.

Se trata de un miedo a reconocer a los Otros como iguales, como seres humanos dignos de gozar de derechos y de los beneficios que les debe brindar un Estado moderno al servicio del colectivo y no uno privatizado y débil que ofrece ayudas; mientras que uno fuerte y moderno, asume responsabilidades.

Ese “miedo al progreso” es fruto del clasismo, el racismo y la aporofobia de agentes de poder privilegiados, es decir, miembros de la élite política y empresarial que le siguen apostando a un desarrollo económico fundado en la concentración de la riqueza como recurso que les permite consolidar relaciones de dominación social, política y económica sobre cientos de miles de ciudadanos sometidos a condiciones de inequidad y subvaloración como seres humanos. Es decir, le apuestan a un desarrollo desconectado de cualquier idea de progreso a escala humana.

El desarrollo lo asumo como un proceso humano e histórico de transformación y sometimiento de los ecosistemas naturales-históricos a partir de valoraciones funcionales a formas de explotación y aprovechamiento de unos recursos finitos. El factor económico es fundamental en la visión moderna del desarrollo pues monetizar las actividades humanas sirvió desde una perspectiva ideal al objetivo de buscar cada vez mejores condiciones de vida para la especie humana en general a través del uso de la técnica, la ciencia y la tecnología.

Para la Contraloría General de la República (2012), el desarrollo se asume como: “un proceso de cambio sostenido, crecimiento económico y modificación estructural que involucra y relaciona los elementos naturales, construidos y socioeconómicos y que adquiere especificidad propia, a través de los determinantes culturales que le imprime cada grupo humano en particular, dirigido a elevar los niveles de bienestar social y calidad de vida” (p. 378). Justo la frase subrayada da cuenta de la conexión y la confluencia entre desarrollo y progreso. Cuando el bienestar y la calidad de vida se asumen como derechos exclusivos o privilegios de unos pocos, entonces las finas conexiones entre desarrollo y progreso se rompen. Las expresiones genuinas de ese rompimiento son la pobreza con todo y sus trampas, la desigualdad y la inequidad alimentadas por el clasismo y el racismo con el que unos pocos entienden lo que debe ser el desarrollo para el país.

El “miedo al progreso” también es fruto de una idea equivocada de la ciudadanía de parte de los miembros de las comunidades vulnerables y víctimas de un desarrollo pensado desde las lógicas e intereses de esa élite temerosa de compartir espacios sociales con quienes son vistos como ciudadanos de segunda o tercera categoría. La consecuencia más evidente de ese equívoco es que hay ciudadanos que expresan gratitud a los políticos que inauguran una vía o un hospital; otros se hincan ante millonarios mecenas que entregan obras civiles como una manera de expiar sus culpas o quizás delitos fiscales.

Los congresistas que se desaprueban y demandan la exequibilidad de las reformas sociales también lo hacen porque odian al presidente Petro y lo que él representa como ser humano y político que no se dejó seducir por los agentes del Establecimiento a los que les conviene, por físico miedo, a extender en el tiempo las condiciones de injusticia social, económica y ambiental que tantos réditos políticos les ha entregado. Esa inquina es hija de ese "miedo al progreso" del que aquí hablo. 

Los congresistas que hundieron la reforma laboral, los que tratarán de hundir el proyecto de reforma a la salud y los que demandaron la ley pensional son agentes a los que les aterra ver que millones de colombianos puedan progresar, esto es, vivir, trabajar, enfermarse y morir bajo condiciones de dignidad. Y es así, porque su actividad político-electoral resulta efectiva sí y solo sí se logran mantener las condiciones de vulnerabilidad e indignidad de esos potenciales votantes (clientes) prestos a aceptar las migajas de los servidores públicos que, además de recelosos, sienten animadversión hacia quienes simplemente son víctimas de una equívoca idea de desarrollo.

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¿A QUIÉN REPRESENTA EL CONGRESO?

Por Germán Ayala Osorio

 

Después del revuelo político que causó el presidente Petro con el llamado al pueblo para que se pronuncie ante las desconcertantes y poco democráticas decisiones adoptadas por los ocho miembros de la Comisión Séptima que hundieron la reforma laboral, resulta interesante preguntarse a ¿quién representa realmente el Congreso colombiano?

Desde la formalidad institucional brota la narrativa que señala que, por ser los congresistas elegidos por el voto popular, entonces el Legislativo, con sus dos cámaras, representa a los intereses del pueblo colombiano.  Vaya falacia. Estamos ante una monumental mentira usada por el periodismo y la academia para aplaudir y destacar que “somos la democracia más antigua de América Latina” o que “hay división de poderes”, falaces ideas y realidades que solo sirven para ocultar que la Política y los políticos en Colombia son los instrumentos de una clase empresarial que capturó el Estado en su interés de perpetuar un sistema económico semifeudal y precapitalista, justo a la medida de la incapacidad de sus más destacados miembros para liderar la construcción de una nación plural y poderosa.

Mientras las campañas al Senado y a la Cámara de Representantes sigan siendo financiadas por empresarios, paramilitares, hacendados  y carteles de todo tipo y viejos agentes del Establecimiento el Congreso de la República seguirá careciendo de la legitimidad social suficiente para atribuirse esa condición popular que indica que su conformación y operación está en función de lo que el constituyente primario exige.

Nunca como hoy se develó la naturaleza lobista y por lo tanto clasista y racista de los congresistas que vienen legislando en contra de los intereses de los trabajadores, de los pacientes y del personal médico, así como de los millones de colombianos que saben que jamás se pensionarán. Petro los llamó “malditos” por legislar contra el bienestar del pueblo. El calificativo se queda corto: son verdaderas rémoras o células cancerígenas capaces de erosionar las soberanías estatal y popular.

La conformación del Congreso bajo esa engañosa condición de lo popular ha hecho pensar a muchos colombianos que los congresistas se deben al país. No. Se deben, en primer lugar a los financiadores privados que les compran las curules para que defiendan sus intereses, siempre mezquinos, pues no guardan relación alguna con el grueso de las necesidades de un pueblo atormentado por la desigualdad, la pobreza, pero sobre todo, por  la apacible ignorancia de quienes venden su voto por el sempiterno kit electoral o de otros tantos que son incapaces de discernir en torno a los problemas estructurales del sistema político y la debilidad del régimen democrático. 

En segundo lugar, esos congresistas o lobistas con fuero están en el Congreso para amasar la fortuna necesaria que les permita asegurar su bienestar individual y familiar así como las mejores relaciones clientelares que permitan que otros miembros de sus familias puedan acceder en el futuro a una curul para extender en el tiempo las relaciones de dominación de lo privado, sobre lo público. Baste con recordar lo dicho por la congresista Catherine Juvinao cuya máxima aspiración es hacer dos cámaras y dos senados, es decir, estar 16 años en el Congreso, para luego irse a vivir a una paradisíaca isla para ver desde allá cómo legisló en contra de las grandes mayorías.

La operación de un Congreso bajo esas condiciones constriñe la democracia y frena cualquier posibilidad de cambiar un país que tiene todo para superar sus ya naturalizados problemas sociales. Por esa vía, el Congreso colombiano es una corporación vergonzante pero fiel exponente de lo que somos como sociedad.

 

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CONSULTA POPULAR, LA ÚLTIMA JUGADA DE PETRO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Con un llamado a movilizaciones sociales y la convocatoria a una Consulta Popular el presidente Petro hará frente a lo que  el llama el “bloqueo institucional” aupado por congresistas de la Oposición y otros agentes del Establecimiento colombiano que se resisten a cambiar los “Estados de Cosas Inconstitucionales” que restringen y violan los derechos laborales, a la salud y a pensionarse de millones de colombianos.

La alocución presidencial del 11 marzo confirma la ruptura de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, situación que bien se puede extender a las altas cortes que han aportado al “bloqueo institucional” de las reformas sociales presentadas por el gobierno Petro al Congreso. Recordemos que la Corte Constitucional está por fallar sobre la exequibilidad de la ley pensional que se aprobó en el Congreso. Senadores del Centro Democrático demandaron la norma, como expresión clara de su interés como colectividad de extender en el tiempo la enorme dificultad de millones de colombianos para alcanzar una pensión en un sistema de aseguramiento pensado para que unos pocos alcancen una jubilación.

El llamado a una Consulta Popular le entrega a la plenaria del Senado de la República la responsabilidad política y social de aprobar o no el texto con el que el gobierno Petro justificará la convocatoria a ese mecanismo de participación ciudadana. De ser aprobado, y después de surtir un par de etapas más, el electorado deberá salir a las urnas y votar a favor o en contra de las preguntas que  darán sustento a dicha consulta.

Se trata sin duda alguna de una arriesgada salida institucional y constitucional que confirma el talante democrático del presidente de la República, pero que al tiempo expone el proyecto político progresista a sufrir una derrota electoral y política. Por estas razones podría fracasar: 1. Los grandes medios de información están alineados con los sectores de poder político y económico que se oponen a las reformas sociales, lo que no es otra cosa que la patente de corso para manipular y mentir tal y como lo hicieron durante la campaña del No en el plebiscito por la Paz. Recordemos que, por culpa de esas empresas mediáticas, la derecha logró que millones de colombianos engañados “salieran berracos” a votar por el No. 2. Los empresarios que no apoyan la reforma laboral, por ejemplo, presionarán a sus trabajadores para que voten negativamente la Consulta Popular. No se puede descartar que haya amenazas de despidos.

Bajo esas circunstancias, el gobierno Petro se expone a una derrota si esos dos actores, las empresas mediáticas y los empresarios logran sus cometidos con unas audiencias y un electorado asalariado temeroso de ser despedido por secundar las reformas del gobierno. Por supuesto que la clase política que lidera el “bloqueo institucional” hará lo propio para garantizar que la consulta popular fracase. 

Si por el contrario los trabajadores y en general la opinión pública entienden que es tiempo de ponerle fin a esos Estados de Cosas Inconstitucionales en los que opera el sistema de aseguramiento en salud y pensión y el mercado laboral, la votación masiva por un SÍ a las reformas sociales de inmediato se convertirá en un plebiscito que posiblemente garantice el triunfo electoral en el 2026 al progresismo, siempre y cuando la figura escogida para llevar esa bandera no genere rechazo, tenga carisma y sepa capotear la embestida mediática que de todas maneras se va a dar cuando llegue el momento de votar en las presidenciales.

Con este llamado a la Consulta Popular y a las movilizaciones sociales la crispación ideológica y el conflicto entre clases sociales enrarecerán aún más el actual escenario preelectoral en el que estamos. Las elecciones de 2026 podrían tornarse violentas si la Consulta Popular es aprobada y el progresismo logra mantenerse en la Casa de Nariño.  Veremos cuál de los “dos pueblos” que parecen existir en Colombia gana las elecciones.

 

 

CRISTIANOS AYUDARON A SEPULTAR LA REFORMA LABORAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La ponencia negativa con la que ocho congresistas de la Comisión VII del Senado hundieron el proyecto de reforma laboral constituye un acto político, antidemocrático, autoritario y clasista. Es político porque la decisión de los legisladores no está sustentada exclusivamente en asuntos técnicos relacionados con los impactos económicos que podría generar o no sobre el mercado laboral. Por el contrario, el hundimiento es fruto del lobby de los gremios económicos, los mismos que patrocinan a los partidos políticos y en varios casos de manera directa financian las campañas de los congresistas que terminan legislando a favor de sus mecenas y en contra, en este caso, de la clase trabajadora.

Es profundamente antidemocrático porque impide la discusión del articulado, evitando así que los congresistas afines a la reforma expongan sus argumentos en el marco de un debate que debería de ser académico, político, técnico y plural.  El miedo a ser vencidos en los debates y el afán de bloquear al proyecto progresista pudo más que la revisión de las exigencias internacionales de la OIT y la OCDE por mejorar las condiciones laborales de millones de colombianos que están sometidos a condiciones de explotación y pauperización laborales por los tipos de contratación y los ambientes en los que los patronos violan sistemáticamente los derechos humanos.

La decisión de los ocho congresistas resulta autoritaria desde el punto de vista de la representación política que cada uno de los legisladores lleva a cuestas y en general por la existencia y operación de un Congreso cuya legitimidad obedece a una concesión del constituyente primario que confía en que sus intereses deben ser defendidos por quienes ostentan la dignidad congresional, que se supone es de carácter social y pública, y no privada para favorecer a los gremios económicos y a los empresarios que se vienen oponiendo a la reforma laboral.

Lo hecho por los ocho congresistas es propio de una sociedad clasista como la colombiana. Al hacer parte de un grupo poblacional privilegiado – se ganan 50 millones de pesos mensuales- los legisladores toman distancia de la inmensa mayoría de ciudadanos colombianos que viven del rebusque o que trabajan bajo condiciones precarias. Por ese camino, su desconexión social con los millones de colombianos que se beneficiarían con la reforma laboral es fruto del estatus que hoy ostentan y que están dispuestos a defender y extender en el tiempo porque aquí lo de menos es hacer política a partir de las bases pétreas que solo ofrece eso de tener conciencia de clase.

La decisión adoptada por los miembros de la Comisión Séptima del Senado hace parte de las actividades implementadas por agentes del Establecimiento colombiano que a toda costa buscan evitar que el país avance hacia los estadios civilizatorios (modernos) a los que le apostaron más de 11 millones de colombianos que votaron por el proyecto político que encarna Gustavo Petro. 

Estos son los congresistas que hundieron la reforma laboral: José Alirio Barrera y Honorio Henríquez del Centro Democrático, Ana P. Agudelo, del Mira, Berenice Bedoya del movimiento ASI, Nadia Blel y Esperanza Andrade del partido Conservador, Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libre, y Miguel Á. Pinto del partido Liberal.

En su cuenta de X, el presidente Petro reaccionó así a la decisión de los congresistas de la Comisión VII del Senado. En particular, el jefe del Estado descargó su molestia contra los partidos cristianos Mira y Colombia Justa y Libre, dejando al desnudo la incoherencia entre lo que predican como colectividad y las decisiones políticas adoptadas con criterios corporativos. Mira se define como un “Partido de origen cristiano, constituido desde el año 2000, que trabaja por el bien común y contribuye a la dignidad humana, a la transformación de la sociedad, mediante la aplicación de valores y sin distinción de etnias y culturas. Desde sus inicios, el Partido Político MIRA ha resaltado la importancia que en Colombia se garantice el respeto por la libertad religiosa, de conciencia y culto, debido a su contribución positiva en la construcción de paz y convivencia con respeto”.

Esto dijo el Presidente de la República: “La comisión VII en su mayoría ha traicionado al pueblo trabajador de Colombia. Buscaremos que sea reversible la decisión, pero sobre el engaño solo nos llevan a la violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quienes fueron lo que los que lo han traicionado.

El senador Pinto ha traicionado al pueblo trabajador de Santander y de Colombia. Quienes enarbolan a Jesús y votan contra el pueblo trabajador traicionan al padre putativo de Jesús: al pueblo de Dios qué son la gente humilde y que trabaja. Enarbolan la cruz de Cristo, pero su corazón esta con la codicia. Con esta actitud de la mayoría de la comisión VII rompen el dialogo entre el Congreso de Colombia y el gobierno del Cambio”.

“LA LETRA CON SANGRE ENTRA” Y LA EDUCACIÓN URIBISTA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los precandidatos presidenciales del Centro Democrático se reunieron en Armenia para presentarle al dueño de esa microempresa electoral sus propuestas, esperando a ver  si le gustan a Uribe Vélez a quien llaman “presidente” como si aún gobernara. Además de contar con la presencia del “polémico empresario” conocido con el alias Calzones, todos los precandidatos hablaron de educación, pero en esta columna haré referencia a lo dicho por Andrés Felipe Guerra Hoyos y María Fernanda Cabal, en particular porque dejaron salir un par de perlas.

La señora Cabal, de 59 años, confesó que su paso por el colegio fue amargo. Mientras que Guerra, aludió a la necesidad de volver a los tiempos de la “letra con sangre entra”. Y exhibió la correa como instrumento de formación que sobre él usaron sus padres con resultados "positivos". A pesar de que Cabal y Guerra no ahondaron en sus confesiones, la Escuela como institución está en las llamativas confidencias que entregaron al público que asistió al “foro” entre los precandidatos que buscan el guiño de su Gran Patrón, Álvaro Uribe Vélez.

A la escuela como institución disciplinante se le reconoce un papel clave en el proceso de humanización y socialización y arrastra, como es apenas lógico, los problemas connaturales a la perversa condición humana. De allí que las experiencias no siempre serán positivas para todos los que pasan por las aulas. Desde esa perspectiva, el odio que reconoció sentir por el colegio la senadora María Fernanda Cabal confirma la complejidad que rodea a ese escenario en el que el ser humano se construye y deconstruye bajo unos objetivos atados a un modelo de dominación universal del que hacen parte sustantiva el Estado, la Escuela y la Familia. A pesar de su frustrante experiencia, y de acuerdo con la red internet la congresista del Centro Democrático pudo seguir dentro del sistema educativo: es politóloga de la Universidad de los Andes y Estudió Literatura e Historia en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset (IUIOG) en España.

Eso sí, la señora Cabal, en sus discursos e intervenciones en plaza pública deja entrever que no es propiamente una mujer leída y formada académicamente para discutir y discurrir de manera argumentada. Más bien, su agresivo e intemperante carácter le ayuda a ocultar sus falencias en la oratoria y en el arte de argumentar. Su célebre frase “estudien vagos” resulta a todas luces engañosa de acuerdo con las maneras en las que suele articular sus discursos.

Entre tanto, sobre Andrés Felipe Guerra Hoyos, hijo del político Bernardo Guerra Serna, la red internet dice que “es comunicador social de la Universidad Pontificia Bolivariana y especialista en Opinión Pública y Procesos Electorales de la Pontificia Universidad Javeriana”. Guerra, de 52 años, alude a la violenta práctica de darle correa a los hijos, muy asociada a la subcultura arriera antioqueña en la que los Machos no lloran. La “culebrita” como llama al cinturón el precandidato presidencial es el símbolo de la premodernidad en la que aún sigue anclado como político y padre. Quizás Guerra sueña con ser presidente de la República porque aún le suena la idea de Uribe plasmada en el punto 100 de su Manifiesto Democrático en el que dijo lo siguiente: “Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de familia que de político”. En palabras de Guerra, lo que hizo Uribe fue “darle correa” a los colombianos con su política de seguridad democrática y sus medidas económicas de claro favorecimiento a las élites económicas. 6402 falsos positivos y millones desplazados "aprendieron la dolorosa lección".

Después de escuchar a estas dos lumbreras del uribismo, recordé a Estanislao Zuleta, el gran filósofo. Decía que el “colegio le quitaba tiempo para pensar”. En la misma red se lee que Zuleta “abandona el colegio a la edad de 16 años, cuando cursaba apenas cuarto de bachillerato, ya que, según él, esto le quitaba tiempo para leer y estudiar, en especial “La montaña mágica” de Thomas Mann, libro que marco su vida.   El ambiente hostil que le producía la educación tradicional basada en las instituciones y en la reproducción de datos que otros habían pensado y que evitaban la angustia de pensar por uno mismo, fueron sus argumentos para desconfiar de ese tipo de educación, y en su reemplazo, se la pasaba horas en la biblioteca, leyendo temas de su interés y estudiando por su cuenta”.

Sí, la Familia y la Escuela son instituciones disciplinantes creadas para someter a la siempre compleja condición humana. Una lástima lo que le pasó a la señora Cabal. De haber tenido una experiencia positiva durante su paso por el colegio, quizás hoy tuviera una idea distinta de lo que debe ser una educación destinada a enseñar a pensar, dudar y a confrontar toda forma de poder y no solo para obedecer los designios de la cultura dominante.

Mientras Cabal le da manejo a su frustrante paso por el colegio y morigera un poco su discurso propio de la violenta y retardataria derecha colombiana, Guerra Hoyos seguirá suspirando por el regreso de la vieja escuela en la que muchos padres de familia en el país siguen instalados. Eso sí, el país necesita de políticos leídos y ojalá con el talante académico de Zuleta, porque Cabal y Guerra, como millones de colombianos siguen “deseando mal”.

El siguiente extracto del texto de Zuleta Elogio de la dificultad recoge de muchas maneras el espíritu de Cabal y Guerra y todos los miembros y simpatizantes del Centro Democrático: “…Puede decirse que nuestro problema no consiste sola ni principalmente en que no seamos capaces de conquistar lo que nos proponemos, sino en aquello que nos proponemos; que nuestra desgracia no está tanto en las frustraciones de nuestros deseos, como en la forma misma de desear. Deseamos mal. En lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible, que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar, deseamos un idilio sin sombras y sin peligros, un nido de amor y por lo tanto, en última instancia un retorno al huevo. En lugar de desear una sociedad en la que sea realizable y necesario trabajar arduamente para hacer efectivas nuestras posibilidades, deseamos un mundo de la satisfacción, una monstruosa sala-cuna de abundancia pasivamente recibida. En lugar de desear una filosofía llena de incógnitas y preguntas abierta, queremos poseer una doctrina global, capaz de dar cuenta de todo, revelada por espíritus que nunca han existido o por caudillos que desgraciadamente si han existido. Adán y sobre todo Eva, tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso, nuestro pecado es que queremos regresar a él”.

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URIBE EN CALZONES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Dicen que cuando se llega a viejo, la vergüenza y el miedo se esfuman. De ahí que haya ancianos a los que poco o nada les importe lo que digan de ellos, de sus compañías o de sus fachas; andan en medias, semidesnudos o sin bañarse. Esa parece ser la situación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de 72 años, quien estuvo en Armenia en un foro con sus ahijados precandidatos presidenciales que se disputan el guiño del Padrino para ser el candidato presidencial por el Centro Democrático. Al exmandatario antioqueño poco le importó sentarse al lado de alias Calzones. La fotografía fue ampliamente comentada en la red X. Pero ¿quién es el personaje?

Esto dijo Gustavo Petro en su cuenta de X que “en mi campaña presidencial se anunció un atentado contra mi vida proveniente de la banda delincuencial "La cordillera", y se mencionó a alias "calzones" como posible financiador. ¿Vamos a ver un país donde la justicia no investiga a quien iba a matar al presidente de la Republica?”.

Las versiones socio-periodísticas que circulan dicen que César Augusto Giraldo Montoya, alias Calzones es señalado de ser jefe de la banda La Cordillera, con vínculos con el narcotráfico. El Espectador sostiene que “César Augusto Giraldo Montoya, conocido en la región como “Calzones”, es un empresario y finquero pereirano muy cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Empezó como vendedor minorista de víveres y en pocos años se convirtió en millonario. Ha hecho negocios con narcotraficantes o personas cercanas a la mafia”.

Otros medios registraron lo siguiente: “La Revista RAYA y RTVC Noticias revelan otro informe judicial del 7 de junio de 2022, en el que “Calzones” aparece reseñado por la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada (DAIACCO). En él se reconstruye la génesis de La Cordillera, concluyendo que “18 años después de su creación, la Cordillera dejó de ser una banda de surtidores de droga y se ha diversificado para contener en su estructura miembros dedicados al lavado de activos, la distribución internacional de cocaína y el tráfico interior”

A pesar de los señalamientos en contra de Calzones, el expresidente y expresidiario no parece incomodarle que le tomen fotografías al lado de su amigo, patrocinador y admirador. Mientras que otros expresidentes suelen relacionarse con mujeres y hombres de letras e intelectuales, Uribe parece disfrutar más la compañía de este tipo de personajes, así como de reconocidos aboganster. Bien pudo el expresidente llegar a viejo entregado a la lectura, a la discusión académica o a viajar por el mundo intercambiando ideas sobre el Estado, el neoliberalismo y la libertad. Pero no. Ya el país sabe del talante de Uribe, hoy procesado penalmente por delitos no políticos. Sin duda alguna, convertido ya en un carcamal, a Uribe poco o nada le importa que el país lo vea en Calzones.

 

imagen tomada de la red X. 

FEMINISMO Y LA PINCHE ESTATUA DE GALÁN

Por Germán Ayala Osorio

La estatua de Luis Carlos Galán Sarmiento fue vandalizada por un grupo de mujeres encapuchadas que participaron de la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se trata, sin duda alguna, de una acción política que relativiza el daño a la efigie en la medida en que esta puede ser limpiada y recuperada, mientras que las vidas de las mujeres asesinadas en la capital y en el país no podrán recuperarse jamás. Justo hace un año, el alcalde Carlos Fernando Galán, hijo del inmolado líder político, representado en la imagen afectada, les lanzó el Esmad a las marchantes, medida represiva que no quedó en el olvidó y que por el contrario alentó a las muchachas que ayer 8 de Marzo vandalizaron la estatua.

La godarria bogotana y de otras regiones suele descalificar a quienes ensucian bustos de políticos por considerarlas acciones temerarias e iconoclastas. Es tal la defensa de esos símbolos, que las víctimas de feminicidios suelen asumirse como “cosas del destino”, o porque “les tocó morir así”. O lo que es peor, suelen responsabilizar a las mujeres asesinadas por hombres por la “forma como andaban vestidas” o por no “saber reconocer las intenciones de sus agresores”.

Y por tratarse de un asunto político, Juan Manuel Galán, hijo de Luis Carlos y hermano del actual alcalde de la capital, le preguntó al presidente Petro: “Presidente, quiero preguntarle ¿cuál es su reacción frente a este acto?” Por supuesto que la pregunta de Juan Manuel Galán deviene con una carga emocional e ideológica que alimenta el enfrentamiento político entre Petro y el alcalde Mayor de Bogotá por asuntos ecológicos y ambientales atados al decreto ministerial que impone lineamientos para el manejo de la sabana de Bogotá, afectada de tiempo atrás por los intereses de constructoras privadas que la vienen sometiendo a un proceso urbanístico ecológicamente insostenible.

El afán de protagonismo de Juan Manuel Galán lo hace ver infantil y nostálgico frente a un hecho menor si se compara con los daños que el machismo y la misoginia en Colombia han dejado en millones de mujeres violadas, empaladas, manoseadas, instrumentalizadas y asesinadas por esa parte de la sociedad que defiende a dentelladas unas pinches estatuas que pueden ser restauradas.

La respuesta de Petro fue la siguiente: “Juan Manuel, no me gusta lo que pasa en el Día de la Mujer en contra del homenaje a un hombre que fue un líder muy importante para el país y que sus ideas ni fueron escuchadas y seguidas en Colombia. El alcalde Carlos Fernando Galán es quien debe garantizar la tranquilidad pública en la capital”.

Detengámonos un momento en la idea subrayada. Bien puede asumirse como un vainazo que le lanza Petro a los vástagos de Luis Carlos Galán, quienes de tiempo atrás optaron por acercarse a los agentes del Establecimiento colombiano que vieron como un riesgo las ideas y el proyecto político del líder del Nuevo Liberalismo, en lugar de coger las banderas de su padre y construir u nuevo liderazgo alejado de las mezquindades y el ethos mafioso que siempre caracterizó a la derecha colombiana.

Su hermano Carlos Fernando llegó a la Alcaldía de la capital gracias al apoyo de Uribe y Vargas Lleras, agentes políticos que representan justamente lo que tanto atacó y fustigó su inmolado padre. Con el reclamo de Juan Manuel Galán, la memoria de Luis Carlos quedó reducida a una pinche estatua.

Sergio Acero / El Tiempo© Sergio Acero / El Tiempo

URIBE VÉLEZ: EL VIEJO ENEMIGO DEL ESTADO

Por Germán Ayala Osorio

Mientras atiende las audiencias del juicio al que comparece en calidad de acusado por fraude procesal y manipulación de testigos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se alineó con el presidente argentino Javier Milei. El ladino político y sub judice ciudadano ahora se declara enemigo del Estado: "Este partido se compromete, con palabra de gallero, si gana el gobierno, a reducir sustancialmente el tamaño del Estado". Este anuncio lo hizo en su correría electoral y política por Armenia. En su desespero por recuperar la Casa de Nari, prometió, además, "una rebaja sustancial de los impuestos". Lo mismo prometió su títere Iván Duque y ya sabemos lo que provocó la impopular reforma tributaria del ministro Carrasquilla. "Menos impuestos, más salario mínimo" fue la consigna con la que timaron a millones de colombianos. 

De esa manera, el expresidiario antioqueño entra en la moda libertaria de Milei con la que se pretende reducir el tamaño del Estado con un solo fin: debilitarlo ante el poder privado, al tiempo que se promueve su privatización o por lo menos su operación alejada de los preceptos constitucionales que se desprenden de aquello que se conoce como Estado Social de Derecho. Su ahijada y candidata presidencial de los Gilinski y el Clan Gnecco, Victoria Dávila de Gnecco ya se había alineado con la visión que del Estado tiene el intemperante presidente de la Argentina.  

Cuando fue jefe de Estado, Uribe Vélez debilitó, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente al fusionarlo con la cartera de Vivienda. Son ese tipo de acciones que nos recuerdan que al político antioqueño jamás le interesó consolidar el Estado como una forma de dominación moderna, eficiente y eficaz. Uribe desprecia la cara civil del Estado, pero adora su rostro violento. Con su Seguridad Democrática lo demostró: "acabar con lafarc" fue el propósito. En esa tarea el Ejército asesinó a por lo menos 6402 inocentes; igualmente, el DAS asesinó a profesores como Alfredo Correa de Andreis.

Sin decirlo, el exmandatario vuelve sus ojos sobre su propio Manifiesto Democrático con el que engañó a millones de incautos, con la ayuda de las empresas mediáticas que se hincaron ante su intimidante poder. En los 100 puntos de Uribe se leen las promesas que incumplió en los 8 años que estuvo en la Casa de Nari: Punto 4. “Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo social”.

En la última frase de la vieja promesa se esconde el talante enredador de este viejo culebrero: culpar al Estado de la corrupción evitando señalar con nombres propios a los responsables del desgreño administrativo y del robo de los recursos públicos: los partidos, la clase dirigente y política de la que él hace parte sustantiva. En sus 8 años el ethos mafioso se naturalizó en todas las instituciones del Estado. 

No cabe la menor duda que el mendaz dueño del Centro Democrático quiere volver sobre los puntos neurálgicos de su Manifiesto Democrático, esta vez copiándole a Milei la estrategia y la idea de usar la motosierra para reducir el Estado a los justos intereses de contratistas, empresarios y los sempiternos politicastros. En el punto 6 de ese documento se lee: “El Estado burocrático y politiquero ha engañado al pueblo con un discurso social que no ha cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y corrupción. El modelo Neoliberal abandona lo social a la suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la injusticia social”.

Este consumado neoliberal está de vuelta para retomar las recetas que tanta miseria y desigualdad generaron desde el gobierno de César Gaviria, pasando por los de Pastrana y Santos, hasta llegar al de Duque. A Uribe Vélez le encanta vender las empresas del Estado a multinacionales. Durante su aciago periodo presidencial vendió Telecom a Telefónica. Y así con otras empresas. Lo que nadie sabe es qué hizo con esos recursos.

En el punto 17 se puede leer: “Necesitamos crear la cultura de buena administración de lo público. Las empresas estatales son las empresas privadas más importantes porque pertenecen a toda la comunidad. Es un delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal. Para salvar al Seguro Social, al Sena, al Bienestar Familiar, al Sisben y la educación pública, cero politiquería. Cuando los politiqueros se sienten amenazados salen con el cuento de que las van a privatizar”.

Con las frases en negrillas quiero recordar a la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS), con la que le pagó a empresas y familias ricas que financiaron su reelección presidencial inmediata. Con AIS hizo una enorme fiesta Andrés Felipe Arias, pero a Uribe se le olvidó declararla como un “delito de lesa comunidad hacer fiesta con lo estatal”.  

De aquella política pública se dijo en su momento que “…más de 40 personas pertenecientes a las familias más adineradas de la Costa, del Valle y Norte de Santander resultaron involucradas por haber recibido varios millones de pesos como beneficiarios del programa de riego y drenaje”. Incluso, varios medios de comunicación, entre estos Noticias Uno publicaron notas en las que aseguraban que la hacienda El Ubérrimo, propiedad de Uribe, recibió subsidios de AIS: “Para la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo SAS, que cuenta con distrito de riego, le fueron distribuidos recursos de la siguiente manera: en 2008, recibió 903 millones; en 2009, 1.404 millones de pesos, y en 2010, 990 millones en subsidios, gracias al decreto firmado”.

Vuelve y juega el Gran Culebrero con sus promesas de campaña, esta vez en medio de un escenario internacional caótico liderado por Trump en los Estados Unidos y seguido de cerca por Javier Milei, un neoliberal consumado que se presenta como “libertario”, esto es, enemigo del Estado y cómplice de la mezquindad de lo privado. ¿Volverán a caer en el engaño los colombianos? Amanecerá y veremos.

Uribe promete “rebaja de impuestos” si el Centro Democrático regresa al poder

MEDUSA, UN FASTIDIOSO CULEBRÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

La promocionada serie Medusa terminó siendo un fastidioso culebrón mexicano bajo el sello de Netflix. En su primera temporada- ojalá no haya más- Medusa es un cúmulo de perfiles psicológicos interpretados de forma regular por actores del interior del país o también llamados “cachacos”, que jamás pudieron dar cuenta del trasfondo cultural caribeño y de la particular forma de ver la vida de los barranquilleros. Quizás ese problema originalmente esté atado al guión. 

La desconexión de la existencia de la poderosa familia Hidalgo con la cultura barranquillera y caribeña empezó con los evidentes problemas de los actores “cachacos” para “hablar costeño”, seguido de la presencia ahistórica de un poderoso clan familiar que muchos televidentes asociaron con el poder político y económico del clan Char, cuyos miembros fungen como los mandamases de Barranquilla. De dónde salió esa familia y qué le ha aportado a la ciudad son elementos contextuales que pudieron explotar de una mejor manera.

La cuestión de “hablar costeño” sirvió para ocultar la señalada desconexión contextual-cultural pues los televidentes se dieron cuenta de la enorme dificultad de actores como Manolo Cardona, Sebastián Martínez, Juana Acosta y Diego Trujillo para acercarse a la idiosincrasia del barranquillero a través de la popular jerga. Al final, las interpretaciones de los papeles y perfiles psicológicos quedaron convertidas en una mala caricatura de eso de “ser costeño”. 

El uso excesivo de expresiones como “caremonda”, “careverga” o “vete a la verga” ensució la historia de tal manera que el público puso más atención a las dificultades de los consagrados actores para “hablar costeño”, que a la deshilvanada historia, cargada de sexo, infidelidades y acciones de poder patriarcal. Es decir, más de lo mismo. En lugar de Medusa la serie bien se pudo haber llamado La Casa de la Mondá.

Años atrás, series y novelas insistieron en posicionar el imaginario colectivo que señala a Colombia como un país de traquetos y mujeres voluptuosas “diseñadas” con finos bisturís en clínicas estéticas. Con o sin tetas, Colombia y sus hijos se volvieron famosos por los carteles de la droga, sus jefes, los sapos y sus muñecas. Agotado ese instrumento sociocultural,  la corrupción privada y pública (política) irrumpe como el nuevo elemento para explotar audiovisualmente ese rasgo cultural que poco a poco consolida una identidad nacional atada al ethos mafioso que guía a cada uno de los miembros de una familia sin hidalguía alguna, pero con el apellido Hidalgo. Quizás el objetivo de la Serie sea convertir a los Hidalgo en un ícono de las familias poderosas en el país: corruptas, mafiosas, violentas y llenas de problemas psicológicos. 

En lo que respecta a la trama, el final resulta inesperado, aunque exagerado desde el punto de vista de las motivaciones que tuvo el obsecuente ingeniero Gabriel para intentar asesinar a Bárbara Hidalgo (Juana Acosta). Un hombre poco agraciado que se enamoró de la jefa, sin apellido, venido de abajo y que “malinterpretó las cosas”, terminó siendo un potencial asesino. Hacer aparecer a todos los miembros de la familia como posibles responsables del atentado funcionó a pesar de los vacíos con los que finalmente terminaron de construir cada uno de los perfiles.

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EL CINISMO COMO PRÁCTICA POLÍTICA

 

Por Germán Ayala Osorio

El cinismo es una práctica política arraigada en la Colombia mafiosa, inmoral y corrupta. De allí que los políticos son los responsables - no los únicos- de haber naturalizado las actitudes cínicas con las que asumen la discusión pública de asuntos públicos, así como los cargos de elección popular y aquellos otros que corresponden a acuerdos políticos y clientelares entre partidos y agentes del Establecimiento. “Una característica dramática de los cínicos en política es su desconexión moral y ética respecto de las consecuencias que sus acciones tienen —casi siempre como un coste o un castigo inmerecido— para sus gobernados”.

Políticos como Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada hacen parte sustantiva de lo que aquí llamaré la Escuela Cínica Colombiana (ECC) en la que se promueve “la maximización de las utilidades, en el sentido de poseer más de lo que se tiene. La democracia liberal, atrapada en su trampa, no ha podido escapar de este ethos individualista”. Para el caso colombiano, el individualismo posesivo y el cinismo hacen parte sustancial de la inmoralidad y de la baja altura ética de los políticos colombianos. Uribe y Prada hacen parte del Centro Democrático, uno de los partidos, junto a Cambio Radical, con más militantes investigados, procesados y condenados por corrupción.

El primero de estos, cuando fungió como presidente de la República (2002-2006), le apostó a cambiar las reglas del juego para beneficiarse él y dar rienda suelta a su proyecto neoliberal, violento en lo social, dañino en lo cultural e insostenible ecológicamente hablando. Lo hizo con su reelección presidencial inmediata, una acción jurídico-política cargada de ilegitimidad desde lo procedimental e ilegal por el delito de cohecho que logró probarse. Al final, su reelección fue comprada, gracias a que los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño se prestaron para consolidar ese proyecto político con el que se afectaron en materia grave los DDHH y el equilibrio de poderes. Ambos fueron condenados por los delitos de cohecho en el marco de lo que se conoció como la yidispolítica.

Uribe Vélez en varias ocasiones se declaró respetuoso de las instituciones y de la institucionalidad, pero sus decisiones y acciones dan cuenta de todo lo contrario. Todo el tiempo los medios masivos registran en sus titulares esa intención engañosa de respetar las instituciones cuando lo que realmente lo que se está buscando es erosionar la legitimidad de estas. De esa manera, se confirma el rasgo cínico de su actuar público y el ethos que guía la operación de la ECC.

He aquí algunos titulares de cita que recogen el “respeto” que Uribe siente por las instituciones: 1. “Mi obsesión ha sido la verdad y la institucionalidad”. 2. Dilatar la elección de Fiscal es amenazar a la institucionalidad del Estado de Derecho: Uribe. 3. Uribe volvió a decir que respeta las instituciones frente al referendo.

El juicio que enfrenta Uribe en calidad de acusado es otro escenario en el que ha dejado ver su impúdico comportamiento. Con toda suerte de dilaciones, su equipo de abogados se ha burlado de la justicia durante varios años, hasta hoy cuando la jueza 44, Sandra Heredia puso fin a las mañas con las que claramente le están apostando a la preclusión de los delitos por los cuales la Fiscalía lo acusa de fraude procesal y manipulación de testigos.

Álvaro Hernán Prada, entre tanto, es uno de los pupilos aventajados del expresidente y expresidiario antioqueño. Llamado a juicio por los mismos hechos que llevaron a juicio a Uribe, Prada está logrando hasta el momento extender su periodo como presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Nunca antes se había intentado "esa jugadita" que hace aún más turbia y politizada a esa institución que confirma que los sinuosos valores de la Escuela Cínica Colombiana van y vienen entre todas las instituciones públicas y privadas. Al buscar su particular “reelección”, Prada, de la mano de varios de sus colegas consejeros, pretende muy seguramente afectar política y electoralmente a los movimientos y partidos políticos que se aglutinen en torno al progresismo y la izquierda para las elecciones de 2026. No se descartan que desde esa instancia de poder se intente manipular los resultados que se den en ese cercano escenario electoral.

Lo curioso es que la maniobra “releccionista” se hace de frente al país y en las narices de los magistrados de las altas cortes que guardan silencio ante una acción calculada electoral y políticamente. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia no da inicio al juicio al que ya vinculó al consejero Prada? ¿Por qué permitir la extensión del periodo del presidente del CNE a pesar de su condición sub júdice? ¿Por qué no pronunciarse ante una ilegítima acción de reelección?

Por supuesto que el sentido peyorativo que acompaña al término cinismo marca las actitudes éticas de los políticos colombianos en general, con escasas excepciones; eso sí, en nada se parece al que caracterizó a los miembros de la Escuela de los Cínicos “fundada en la antigua Grecia durante la segunda mitad del siglo IV a.C, reinterpretando la doctrina socrática, consideraba que la civilización y su forma de vida era un mal, y que la felicidad venía dada siguiendo una vida simple y acorde con la naturaleza. Esto significa rechazar todos los deseos convencionales de salud, riqueza, poder y fama, y vivir una vida libre de toda posesión y propiedad”.

Hecha la salvedad histórica, queda claro que las cínicas conductas en las que incurren los políticos que juran y perjuran defender las instituciones y respetar las reglas del juego democrático terminan por arruinar su legitimidad y lo que es peor, borran los límites entre lo legal y lo ilegal. Son abismales las diferencias entre la Escuela de los Cínicos de la antigua Grecia y la Escuela Cínica Colombiana.

 

alvaro hernan prada extiende su periodo al frente del CNE - Búsqueda Imágenes

GALÁN, EL ALCALDE ECOLÓGICAMENTE INSOSTENIBLE

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Los constantes roces entre el presidente de la República y el alcalde mayor de Bogotá se desprenden de dos visiones irreconciliables alrededor del desarrollo urbanístico, incluido en este el asunto de la movilidad.

Por cuenta de un borrador de resolución del Ministerio del Medio Ambiente, Galán y el gobierno Petro están metidos en una discusión que va más allá de tecnicismos, porque gira en torno a asuntos ideológicos y políticos con los que el alcalde de Bogotá quiere tapar su incapacidad para entender sistémicamente los problemas ecológicos y socioambientales que enfrenta Bogotá alrededor del agua.

La exministra de ambiente, Susana Muhamad señaló que “la resolución para la Sabana de Bogotá no está en contra del desarrollo ni de la ciudad. Es un proceso técnico y participativo que lleva meses en construcción. El Distrito siempre fue invitado y conocía estos lineamientos. El @MinAmbienteCo siempre mantuvo abiertas las puertas al Distrito: 3 asambleas y 7 mesas técnicas. La resolución está en consulta, no cambia el POT ni impide proyectos. Su objetivo es claro: proteger el agua y los suelos agrícolas ante una crisis hídrica que Bogotá no puede seguir ignorando”.

Mientras que Galán sigue instalado en un modelo de ciudad liderado por empresas urbanizadoras a las que poco o nada les importó en el pasado desecar humedales, el presidente Petro, consciente de las pluricrisis que produce el cambio climático, le está apostando a reordenar el territorio nacional en torno al agua. Es decir, Galán está siguiendo el modelo de ciudad que promovieron los alcaldes Enrique Peñalosa y Claudia López: urbanizar y llenar de buses la ciudad.

La postura de Galán deviene infantil en la medida en que expone débiles argumentos como la soberanía y la autonomía territorial de Bogotá, variables políticas que alrededor de la crisis del agua que afronta la capital del país se tornan marginales porque hacer sostenible la ciudad pasa por dejar de asumir la sostenibilidad exclusivamente desde la perspectiva económica y política, para empezar a pensarla desde criterios ecológicos y socioambientales, atados a una ética ecológica que dejaron de lado las administraciones de Peñalosa y López.

Peñalosa, López y ahora Carlos Fernando Galán fungen como agentes dinamizadores de lo que se conoce como la Sostenibilidad Asistémica Funcional (SAF), que no es otra cosa que la aplicación a rajatabla de un modelo de desarrollo fincado en la economía política, dejando de lado consideraciones ecológicas fundamentales como las zonas de recarga, el ciclo del agua, los ríos voladores y los efectos que generan las hidroeléctricas y sus embalses. Una SAF es el resultado de transacciones económicas y políticas que claramente amarraron a anteriores alcaldes de Bogotá a los designios de las constructoras proclives a desentenderse de las variables ecológicas y socioambientales.

Galán parece estar defendiendo los intereses de las empresas constructoras que financiaron su campaña electoral, obviando la crisis estructural que ya afronta la ciudad en torno a las fuentes de abastecimiento de agua para una ciudad que creció de manera desordenada justamente porque la visión de desarrollo que se impuso siempre caminó de la mano de los intereses del gran capital.

El alcalde mayor de Bogotá está librando una pelea ideológica y política con Petro y el gobierno central que terminará por confirmar su incapacidad para entender de manera sistémica los problemas y las circunstancias ecológicas y socioambientales en las que está la capital del país por cuenta de sucesivos gobiernos distritales amantes del cemento. Terminar de afectar la reserva Van der Hammen es extender en el tiempo los problemas de abastecimiento del preciado líquido. La crisis del agua que afronta la capital es real. Galán está actuando de manera irresponsable. 

Foto tomada de Galán y Petro se enfrentan por resolución del Ministerio de Ambiente sobre la Sabana de Bogotá

RAZONES DEL FRACASO DE LA PAZ TOTAL

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El fracaso de la Paz Total del gobierno Petro no obedece exclusivamente al carácter maximalista con el que asumió el presidente de la República la tarea de pacificar el país por la vía política, pues se sabe que para alcanzar dicho estadio civilizatorio se necesita de las voluntades de los disímiles grupos armados ilegales que operan en Colombia. A juzgar por los resultados de varios de los procesos de diálogo echados a andar por el gobierno lo que menos hubo fue voluntad de paz en los ilegales.

Aparecen, entonces, factores institucionales, ético-políticos y aquellos que están íntimamente anclados a los procesos de transformación de las guerrillas en estructuras prepolíticas, lumpenizadas y narcotizadas por las lógicas y dinámicas de las economías ilícitas.

Los factores institucionales se desprenden de la “empresarización” del conflicto armado, esto es, la naturalización de la guerra como un lucrativo negocio al que siempre estuvieron atados oficiales y suboficiales de la policía y el Ejército encargados de vender armas y material de intendencia a las estructuras narco paramilitares, bandas criminales y narcoguerrillas. Y debe haber empresarios, pequeños, medianos y grandes metidos en el fructuoso negocio de la guerra, del que hacen parte la minería y la producción y venta de cocaína. No se puede descartar que ese empresariado haga parte de las élites tradicionales o simplemente existen algunos miembros que sostienen conexiones con traficantes de pertrechos para la guerra, traquetos y agentes mineros que se mueven entre las ya borrosas fronteras entre lo legal y lo ilegal.

Así las cosas, las dinámicas del conflicto armado fueron permeando varias instituciones del Estado haciendo casi imposible concebir y consolidar una institucionalidad para la paz por una razón poderosa: es mejor negocio hacer la guerra, que construir escenarios de paz. La paz termina beneficiando a fundaciones y a la academia, mientras que el atractivo negocio de la guerra y sus otras variables favorece a los actores de poder, legales e ilegales que se mueven entre el mundo castrense y las relaciones que policías y militares consolidaron en el tiempo con narcoguerrilleros, paracos y pandillas como las que operan en Buenaventura.

La felicidad que produce el fracaso de la  Paz Total en los más visibles agentes políticos de la derecha se explica fundamentalmente porque de haber conseguido pacificar el país, el fenómeno Petro se constituiría en un peligro electoral para el 2026 y en un reto político, social y económico para los actores más poderosos del Establecimiento colombiano acostumbrados a sacar provecho de las condiciones de inseguridad que generan la operación de las organizaciones armadas ilegales. Los desplazamientos forzados y las masacres beneficiaron a una élite económica enemiga de campesinos. 

La derecha colombiana estaría dispuesta a pacificar el país a través del diálogo político siempre y cuando esos procesos de paz no estén atados a que haya verdad, justicia, reparación y no repetición; se suma a lo anterior el mayor impedimento: tener que abandonar el fabuloso negocio de las armas, la coca y la minería, variables económicas que están soportadas institucional y éticamente. Hay un ethos mafioso y criminal que supera con creces el débil ethos de lo público que se desprende de las acciones estatales. Los 38 años que lleva Diego Marín Buitrago es la constatación de esa realidad ético-política que compromete al Estado como forma de dominación y a la clase política y empresarial que guardó silencio y coadyuvó a la consagración de Papá Pitufo como agente corruptor y al contrabando como política de Estado.

La transformación de las antiguas guerrillas en organizaciones de traquetos con brazaletes alusivos al ELN y a las disidencias farianas hace aún más compleja la consecución de la paz por cuanto el lucrativo negocio de la droga, la minería y la coca les impide aceptar curules  en el Congreso y ponerse a cultivar la tierra, actividades con las que el gobierno de Santos logró seducir a los ya envejecidos miembros del Secretariado de las Farc con los que finalmente logró la firma del armisticio y la construcción de una paz incompleta, legítima y que aún corre el riesgo de fracasar. Esas condiciones de resocialización no llaman la atención de los líderes del ELN y las disidencias de las Farc-Ep y mucho menos a los miembros del Clan del Golfo y a Chotas y Espartanos.

Por todo lo anterior, Colombia parece condenada a vivir en medio de disímiles formas de violencia que se explican en buena medida por la naturalización de un ethos mafioso y criminal en la política y en la operación de la sociedad y el Estado, y por la codicia compartida entre estructuras de poder legal e ilegal a las que jamás les interesó reversar las condiciones propias de un país incivilizado.

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URIBE EN MISA Y SU SAGRADA VICTIMIZACIÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 A los ya tendenciosos cubrimientos periodístico-noticiosos- en el marco de una evidente autocensura- que los medios hegemónicos están haciendo del juicio contra el expresidente antioqueño Álvaro Uribe Vélez se suma la teatralización religiosa que el Señor Acusado hizo recién de la realidad judicial en la que se encuentra.

Entrar a una iglesia, en la rezandera y camandulera Medellín, y pedir silencio a los seguidores-actores prestos al interior del recinto sagrado a ovacionarlo inaugura la etapa divina del juicio a la que llamaré la “sagrada victimización”. De resultar Uribe condenado por la jueza 44, Sandra Liliana Heredia, la derecha católica, apostólica y romana tendrá la oportunidad de elevar a su “presidente eterno” al estatus de Mesías condenado, circunstancia moralizante que serviría para calificar como impíos a cientos de miles de connacionales, incluidos en ese amplio grupo de irreligiosos a la juez, la fiscal del caso y a las víctimas acreditadas. Y una sociedad que es capaz de condenar a un “hombre bueno y probo como Uribe” debe, sí o sí, recibir el máximo castigo:  la ira divina.

Con esa escena, Uribe, como buen samaritano, pretende inspirar a quienes aún creen en su cuestionada inocencia a que programen procesiones a la Basílica de Nuestro Señor de los Milagros para pedirle al Señor que salve al Señor de Colombia, acusado de manera temeraria por hombres y mujeres injustos, cegados por la ignorancia y el odio.

Como se trata de un asunto de Fe, los argumentos jurídicos y el análisis del material probatorio pasan a un segundo plano. Acá no se trata, como lo ha pedido el senador Cepeda, dar una lucha jurídica de altura, sino llevar el juicio a los fangosos terrenos de la política electoral y a la moralizante y también cenagosa instancia de la religiosidad.

Uribe Vélez es creyente como millones de colombianos que saben explotar muy bien esa condición espiritual y religiosa para engañar incautos y dejar en manos de Dios sus culpas (no delitos). Quienes así operan, suelen sentir un desprecio enorme por la justicia terrenal, en particular cuando los procesos penales en los que están envueltos no les resultan favorables o porque sienten que se puede dar una inminente condena en su contra. Sentirse perdido y buscar a Dios es una práctica común en los creyentes.

El expresidente y expresidiario antioqueño sabe que cuenta con el respaldo mediático de todos los medios y periodistas de las empresas mediáticas cuyos propietarios hacen parte del Establecimiento que está obligado moral y políticamente a mantenerlo vigente política y electoralmente bajo el engañoso apelativo de Gran Colombiano, en el que confluyen valores que la ultraderecha siempre expone como parte de sus rasgos psicoafectivos: el amor por la Patria, el respeto por la institucionalidad y la ciega admiración por los hombres en armas (legales e ilegales).

Mientras surte efecto la escena de la sagrada victimización de Uribe, en las redes sociales y en particular en X los defensores del exmandatario hacen ingentes esfuerzos por encontrar vacíos y otros problemas en los argumentos de la Fiscalía que acusó al ladino político de los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. 

Entre tanto, la prensa hegemónica apela a todo tipo de estrategias informativas para negar la gravedad de los delitos que finalmente llevaron a juicio a Uribe. Poner el foco en detalles irrelevantes hace parte de las maniobras periodísticas con las que a toda costa buscan la salvación social del Señor Acusado. Y por supuesto, seguir siendo la caja de resonancia de todo lo que diga y haga el cuestionado exmandatario. Viralizada la escena de la sagrada victimización, la prensa bogotana y regional queda lista para amplificar la siguiente escena programada de la teatralización religiosa a la que el uribismo está llevando a la opinión pública.

EL FUTURO DEL CAMBIO

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El futuro social, electoral y político de la idea maximalista del Cambio propuesta por el progresismo y la izquierda sería incierto en una sociedad bien informada, civilizada, leída y formada para la discusión privada y pública de asuntos públicos. Como estamos en Colombia, esa misma idea planteada de manera pomposa y alucinante por el Pacto Histórico podrá ser usada en el 2026 bien por la Oposición o por quienes prometieron que era posible cambiar las costumbres políticas y la operación paquidérmica y mafiosa del Estado colombiano en cuatro años. ¡Vaya sueño!

De hecho, el bloque político-mediático que le viene haciendo oposición al gobierno Petro y que la mantendrá hasta el 7 de agosto de 2026 ya usa la idea del Cambio en el sentido restringido que les conviene a sus principales agentes de poder: gritan con fervor religioso “vamos a recuperar el país, a reconstruir moral e institucionalmente a Colombia”, consignas que tienen como sustento la sempiterna idea de Cambio que los inspira: cambiar para que todo siga igual.

Tanto la idea maximalista del Cambio que supo vender el progresismo en el 2022, como la minimalista que viene usando la derecha desde los orígenes de la República Oligárquica dicen mucho de lo que somos como sociedad. El sentido maximalista resulta engañoso porque nace del sueño de quienes a sabiendas de la complejidad cultural que supone cambiar a una sociedad premoderna, conservadora, con visos fascistas; además de clasista, racista y violenta, decidieron usarla como estrategia electoral y política sin avizorar los efectos negativos en el electorado que creyó que era posible cambiar en cuatro años lo que ha funcionado eficientemente mal por más de doscientos.

Recordemos el eslogan de campaña del inefable Andrés Pastrana Arango (1998-2002): “El Cambio ¡Es Ahora!”. Para esa época quizás muy pocos ciudadanos asumieron esa idea desde un sentido maximalista, pero al estar anclada a los intereses de uno de los hijos del pérfido establecimiento colombiano de inmediato afloró su carácter minimalista. Al final, el país conoce lo que pasó: nada cambió en términos de las correlaciones de fuerza. Algunos dirán que trajo el Plan Colombia, esto es, una política estatal de guerra contra las narcoguerrillas con graves efectos socioambientales que terminó legitimando a los grupos paramilitares.

“El futuro es de todos” fue el eslogan de la campaña Duque presidente. La noción de Cambio aparece implícitamente si se aceptan las penosas realidades sociales en las que vivían millones de colombianos como resultado de la privatización y captura mafiosa del Estado y la aplicación a rajatabla de la receta neoliberal. El fatal desempeño económico del títere de Uribe terminó aumentando la pobreza y la desigualdad en el país. Ya la campaña de Juan Manuel Santos había apelado años atrás a la misma engañosa idea de un cambio para todos. Tan universal como “El futuro es de todos”, vino la frase “Prosperidad para todos” con un Santos neoliberal y clasista que usó la apuesta por la paz con las Farc-Ep para ocultar sus reales intenciones. Para reelegirse, apeló a una frase “sincera y engañosa”: “Hemos hecho mucho, falta mucho por hacer”.

Antes de ser puesto Duque en la Casa de Nari como marioneta del Establecimiento, una parte importante de los colombianos soñaron y disfrutaron con todo lo que les decía la frase “Mano firme, corazón grande”, acompañada de la imagen de Álvaro Uribe mirando hacia el horizonte, vestido con una camisa roja que representaba ideas liberales, pero también la sangre que se derramaría entre 2002 y 2010. En la icónica, fantasiosa y temida frase aparece también una noción de Cambio que fue tan bien aceptada que permitió su inmediata reelección y con la posibilidad de un tercer mandato. Terminado el gobierno de la Mano Dura y el Corazón Indolente, el país cambió solo para aquellos que tenían finca y negocios mafiosos con el Estado; del resto se encargaron los medios masivos que hicieron de Uribe un Mesías o en boca de Jaime Garzón, “el dictador que este país necesita”.

En el 2026 volverá la noción del Cambio a aparecer implícita o explícitamente en frases que cautivan a un electorado que cada cuatro años asiste a las urnas con la esperanza de que el país pueda cambiar lo que ha estado mal desde los inicios de la República. Los expertos en marketing político harán lo que les corresponde, mientras que millones de colombianos irán a las urnas, unos engañados por la prensa afecta al Establecimiento, otros confundidos; otros volverán para mantener sus puestos, revalidar contratos u obtener nuevos de acuerdo con lo aportado a cualquiera de las campañas. No hay manera de cambiar nada en una sociedad a la que medios y políticos asustaron con el “coco” del “Castrochavismo”. Esa misma sociedad que cree que Uribe fue el mejor presidente de Colombia no ha entendido su propia historia. Una sociedad clasista, racista, misógina, homofóbica, violenta, incivilizada y poco leída no se cambia ni en cuatro ni en ocho años.

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LA GALLARDÍA DE LA JUEZA SANDRA HEREDIA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La juez Sandra Liliana Heredia Aranda, que lleva el juicio al que comparece Álvaro Uribe Vélez en calidad de acusado por graves delitos, es un símbolo de dignidad, aplomo, seriedad, legitimidad y firmeza por el carácter con el que viene enfrentando las dilaciones de la defensa del expresidente antioqueño y el tono altanero y desafiante del abogado Jaime Granados, defensor y admirador número uno del exmandatario al que llama “presidente” a pesar de no ostentar esa dignidad.

Las objeciones elevadas por la defensa de Uribe, rechazadas recientemente por la jueza Heredia, han provocado toda suerte de comentarios favorables hacia la operadora judicial en una sociedad machista y misógina como la colombiana, en la que los hombres, poderosos o no, están acostumbrados a subir la voz en especial cuando quien los controvierte es una mujer. Heredia no se ha amilanado ante el poderoso y temido expresidente y el desafiante abogado Jaime Granados.

Las decisiones tomadas en derecho y la actitud profesional de Heredia dejan muy mal parados a los otros operadores judiciales, en particular a fiscales que bajo la fiscalía de Barbosa optaron por ponerse del lado de Uribe, afectando en materia grave la dignidad de la justicia, la misma que la jueza Heredia está defendiendo al evitar que la defensa del procesado continúe presentando excusas o mociones de orden con evidentes intenciones dilatorias.

Heredia Aranda viene actuando “confirmesa” frente a dos hombres hijos de esta sociedad machista que aún ven con extrañeza y molestia que hoy haya jueces, médicas, ingenieras y abogadas capaces de tomar decisiones profesionales y legítimas en medio de presiones de toda índole y en la insistencia de desconocer sus capacidades, inteligencia y rigor.

La gallardía de Sandra Liliana Heredia debería de servir de ejemplo para todas aquellas mujeres que a diario deben enfrentarse a hombres que siguen atados a las viejas creencias que les instaló el machismo en relación con las mujeres.

En el portal Kienyke se lee que “Sandra Liliana Heredia Aranda es una figura que ha consolidado su carrera en el ámbito judicial. Según registros de la Rama Judicial, su trayectoria comenzó en el Tolima, donde, en 2006, fue admitida como aspirante al Concurso de Méritos para conformar el Registro Seccional de elegibles para los cargos de empleados de Carrera de Tribunales, Juzgados y Centros de Servicios del Distrito Judicial de Ibagué y el Tolima Administrativo. Este primer paso en su carrera marca el inicio de una ascendente trayectoria dentro del sistema judicial colombiano. A lo largo de los años, Heredia ha mostrado un compromiso con la justicia, destacándose por su rigor profesional y su dedicación al cumplimiento de la ley. Su nombre también ha sido reconocido en informes de gestión como parte del Comité Seccional de Género Bogotá y Cundinamarca, donde se destacó por su aporte en el ámbito de la perspectiva de género en el manejo de casos judiciales. En un informe de gestión, se mencionó su participación en sentencias que evidencian un importante aumento en la postulación de causas con enfoque de género, lo que subraya su compromiso con la equidad y la justicia social”.

JUEZA 44 SANDRA LILIANA HEREDIA - Búsqueda Imágenes