LA DERECHA QUEDÓ DESNUDA

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Si revisamos la reciente historia política de Colombia podemos advertir que el poder hegemónico ejercido por la derecha sirvió, por lo menos en los últimos 30 años, para construir de sus representantes y figuras más visibles una imagen de políticos coherentes, formados técnica y académicamente para servirle al país, de probada e insuperable inteligencia y, sobre todo, comprometidos con profundizar la democracia colombiana de la que siempre se dijo que era “la más antigua de América Latina”.

Esa invención mediática y política fue suficiente para ocultar la pobreza, el racismo y el clasismo estructurales, la vulgar e insostenible concentración de la riqueza y de la tierra en pocas manos, fruto en muchos casos de operaciones institucionales mafiosas (clientelismo, la captura paramilitar del Congreso y de la Superintendencia de Notaria y Registro y corrupción).

Esa imagen de los políticos de derecha, construida mediáticamente, se fue erosionando en gran medida por sucesivos escándalos de corrupción, los efectos catastróficos en materia socioambiental de 30 años de aplicación de las recetas del Banco Mundial y el FMI atadas a las recomendaciones del Consenso de Washington y por la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, un progresista, señalado de ser de izquierda radical, a pesar de haber mantenido la estructura de dominación internacional ejercida por los señalados organismos multilaterales de crédito. Bastó que el actual gobierno propusiera reformas sociales en beneficio de los más vulnerables para que los integrantes de la derecha salieran a oponerse desde el Congreso, con el concurso de las altas cortes. Con el incremento del salario mínimo vital del 23,7%, Petro terminó por desnudar el miserable talante de una derecha acostumbrada a recibir millonarios subsidios (Agro Ingreso Seguro), a tener millonarios salarios y mantener el control privado del Estado para el beneficio de una élite parásita y precapitalista.

Por cuenta de la suspensión temporal del incremento del salario mínimo por parte del Consejo de Estado nuevamente quedaron expuestos los agentes políticos de la derecha dominante. Quienes demandaron ante lo contencioso administrativo el aumento del 23,7% decretado por el gobierno Petro, hoy, en calidad de precandidatos presidenciales y en medio de un caldeado ambiente electoral, se atrevieron a pedirle a los empresarios que, pase lo que pase con la decisión de fondo que tomará el Consejo de Estado, continúen pagándole a sus empleados los 2 millones de pesos que corresponde al salario mínimo vital que el gobierno decretó.

A pocas semanas de las elecciones parlamentarias y de votaciones para las consultas presidenciales, precandidatas como Vicky Dávila de Gnecco, Mauricio Cárdenas y Paloma Valencia, entre otros, salieron, sinuosamente, a respaldar el incremento, eso sí sin fustigar la arbitraria y peligrosa decisión adoptada por el magistrado Juan Camilo Morales Trujillo, ponente del fallo. Estos mismos tres personajes, meses atrás, criticaron el incremento y advirtieron escenarios económicos catastróficos: alta inflación, despidos masivos y deterioro de las condiciones macroeconómicas.

Ya veremos en qué queda este nuevo pulso entre el Establecimiento empresarial y el gobierno Petro. Lo que quedó claro es que el empresariado (banqueros y Fenalco) con el denodado apoyo del Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Congreso, le siguen apostando a frenar la reforma pensional, laboral y al sistema de salud.