CONSEJO DE ESTADO ATACA SALARIO MÍNIMO Y "CALIENTA" LAS ELECCIONES

 

Por Germán Ayala Osorio

 

La suspensión temporal del decreto mediante el cual el gobierno incrementó en un 23,7 % el salario mínimo vital por parte del Consejo de Estado hace parte del bloqueo institucional diseñado políticamente para impedir que las reformas sociales propuestas por el presidente Petro sean una realidad.

Se trata de una arbitrariedad social, jurídica y política del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo quien a través de su auto suspende los efectos del señalado decreto y le da al gobierno ocho días para que expida uno nuevo, justificando quizás de una mejor manera el incremento del 23,7%. El togado encuentra que el sorpresivo incremento no se soportó en razones técnicas, sino en un capricho político del presidente de la República.

Tenga o no la competencia el Consejo de Estado para frenar el cumplimiento de un hecho cumplido como lo es el incremento del salario mínimo vital, la decisión del magistrado Morales tendrá efectos políticos y electorales que, curiosamente, irían en contravía de los intereses de la derecha y sus candidatos presidenciales. El país no olvida que fue Fenalco, en cabeza de su presidente, Jaime Alberto Cabal, el gremio que demandó la legalidad del decreto con el que se incrementó el salario mínimo vital. Cabal representa a sectores conservadores de una derecha que asumió como un desafío social y político el incremento del salario mínimo. El Centro Democrático se unió al largo listado de demandantes del decreto presidencial. Curiosamente, agentes políticos y económicos de ese espectro ideológico rechazaron el sentido del fallo proferido por el magistrado Morales al que consideraron inconveniente social y electoralmente.

El fallo del señalado magistrado consolida la narrativa del progresismo que insiste en que hay un bloqueo institucional y sectores de poder económico y político que “odian al pueblo trabajador”; a lo que se suma el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, asumido por Petro como el único amino posible para modificar las lógicas con las que vienen operando las altas cortes, Congreso y el CNE que impiden la profundización de la democracia en los términos planteados por Chantall Mouffe. Sin duda alguna, las acciones, actuaciones y decisiones adoptadas por cada de unas de las señaladas instituciones terminaron defendiendo los mezquinos intereses de lo que se conoce como el Establecimiento empresarial que representa muy bien Fenalco y su presidente.

El Congreso, la Corte Constitucional (CC) y el Consejo de Estado (CE) conforman la cofradía institucional que parece operar de manera coordinada para impedir que el gobierno Petro saque adelante sus promesas de campañas. Las bancadas en oposición se negaron a discutir la reforma a la salud; la Corte Constitucional, años atrás salvaguarda del espíritu de la Carta Política, tumbó el decreto de emergencia económica y tiene frenada la aplicación de la reforma pensional. Y ni qué decir de las actuaciones ideologizadas y politizadas del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le impidieron al candidato presidencial del Pacto Histórico participar de la Consulta Frente por la Vida.

Antes de que esa cofradía de instituciones le apostara a bloquear las reformas del gobierno, periodistas, candidatos presidenciales y agentes políticos calificaron a Petro de “dictador” y de intentar someter a los otros poderes públicos a su voluntad. Con la decisión del Consejo de Estado, se confirma que los pequeños dictadores están parapetados en las altas cortes.

Huelga recordar lo que vivió el país entre 2002 y 2010 para entender lo que hoy sucede en materia de los pesos y contrapesos de la democracia y la operación armónica de los tres poderes públicos.  Durante las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez el desequilibrio de poderes se generó desde las huestes del Ejecutivo, en cabeza del presidente antioqueño que no solo intervino las comunicaciones de los magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia, sino que se hizo reelegir de manera fraudulenta y buscó un tercer periodo presidencial. Fue el magistrado Sierra Porto, de la Corte Constitucional, quien frenó la posibilidad de que Uribe gobernara por 12 años.