Por Germán Ayala Osorio
Las confrontaciones entre quienes
le apuestan a pacificar el país a través de procesos de paz y aquellos que
creen posible acabar militarmente a todos los grupos ilegales, en particular a
las “guerrillas”, están atravesadas por realidades políticas, militares,
económicas e ideológicas que los alejan de llegar al único punto de encuentro
posible: las víctimas civiles. Sobre este último asunto volveré al final de la
columna.
Dentro de esas realidades
políticas está el uso electoral que por largos años le dieron al conflicto
armado interno los medios masivos de información, los partidos políticos y los candidatos
presidenciales que ofrecían bala, diálogos de paz o políticas de sometimiento. Después
del proceso de paz de La Habana las dinámicas de la guerra interna no volvieron
a ser una prioridad en la agenda electoral en las elecciones presidenciales. La
corrupción, la inseguridad en las ciudades, el desempleo y temas ambientales
ocupan los primeros lugares de las agendas de los candidatos. Eso sí, en precisos
territorios sigue siendo un factor clave de decisión política regional y local
para los ciudadanos que sufren las consecuencias de los operativos militares y
los ataques de los grupos al margen de la ley.
En lo que concierne a realidades
militares no hay manera de sostener permanentes operativos ofensivos en contra
de esas estructuras por obvias razones como las actividades de recuperación de los
heridos, la salida de combate de los mutilados y el relevo por cansancio físico
y agotamiento psicológico al interior de la tropa son factores determinantes
que impiden poner en marcha operaciones sostenidas en el tiempo.
En cuanto a las realidades
económicas estas se dividen en dos: la primera alude a los costos de mantener
el acelerador militar puesto en un país con problemas fiscales y las necesidades
presupuestales de la clase política para cumplir con las promesas de campaña y
para mantener aceitada la maquinaria de la corrupción; y la segunda apunta a los
agentes estatales que hace rato asumieron las dinámicas del conflicto armado
interno como una oportunidad de negocio. Aparecen entonces los que venden armas
y pertrechos a las guerrillas y paramilitares y más arriba de estos los llamados
Señores de la Guerra, nacionales e internacionales, a los que les conviene hacer
perenne la guerra interna. A los fabricantes de armas y a los lobistas que “engrasan”
a congresistas norteamericanos para que aprueben la entrega de aeronaves y recursos
económicos les conviene que el país siga en guerra.
Y finalmente, una realidad ideológica
que hace pensar que las únicas estructuras dañinas para el país son las “guerrillas”
por ser de izquierda, mientras que los grupos paramilitares, de ultraderecha y
brazos armados del Establecimiento son vistos por sectores de la población y
grupos de poder político como los únicos preparados y dispuestos a enfrentar
militarmente a los subversivos. Claro que la historia dice que han sido
efectivos en la comisión de masacres de civiles, señalados de ser colaboradores
de las “guerrillas”.
En lo que respecta a las víctimas,
sobre estas caen los pérfidos intereses de todos los que se benefician de
manera directa del negocio de la guerra, a los que se suman los terratenientes,
latifundistas, ganaderos, constructoras y agentes metidos en el negocio de la minería
legal-ilegal, que se benefician del abandono de los territorios por parte de
los campesinos que huyen de las hostilidades. Las víctimas civiles importan
para los procesos de esclarecimiento de responsabilidades políticas y judiciales
por la violación de sus derechos humanos; ese reconocimiento institucional y
simbólico es débil frente a los poderosos intereses que se ciernen sobre
quienes tienen su vida atada a las labores del campo, bien sean campesinos, indígenas
o pueblos afros o colonos.
Así las cosas, pareciera que
estamos condenados a vivir eternamente en medio de hostilidades, ataques con drones,
emboscadas y balaceras. En lo que respecta al gobierno actual, queda claro que poco
o nada avanzará en la conquista de los territorios desde los que las guerrillas
y los paracos desafían su relativa legitimidad. No habrá milagro que valga a la
hora de superar un conflicto armado cuyos actores armados y políticos se
degradaron. La guerra es un gran negocio; la paz, por el contrario, es costosa y
deviene problemática para el Establecimiento: una vez lograda, la izquierda y
los progresistas empiezan a presionar para que se resuelvan la inequidad, la
desigualdad, la pobreza y la corrupción público-privada que alimenta las
hostilidades.
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