Por Germán Ayala Osorio
La presencia y operación otoñal de
las llamadas “guerrillas” hace rato que pusieron en crisis el proyecto político
que las inspiró en los años 60: más de 50 años desconociendo y atacando al
Estado y a la sociedad confirman, de un lado, su incapacidad militar[1]
para derrotar a las fuerzas legales; y del otro, la precariedad política de su
discurso revolucionario, alimentada por la nociva práctica del reclutamiento
forzado de jóvenes, síntoma inequívoco de la antipatía social que siempre
generaron sus actividades armadas (masacres, tomas y ataques terroristas).
El paso del tiempo es el primer
gran golpe que reciben los proyectos políticos de guerrillas como el ELN y las
Farc-Ep, dedicados a una guerra interna que sus comandantes saben que jamás
ganarán. ¿Cómo es posible que no hayan entendido aún que los tiempos de las “revoluciones
armadas” en América Latina ya pasaron?
El segundo gran porrazo que
recibieron los comandantes de esas dos agrupaciones armadas fue el proceso de
paz de La Habana. En particular, el mazazo lo recibieron los frentes que no
aceptaron las condiciones de la negociación que acordaron los plenipotenciarios
del gobierno de Santos y los del Secretariado de las entonces Farc-Ep. El Acuerdo
de Paz firmado en el teatro Colón, después de haber perdido el plebiscito por
la paz, los deslegitimó de tal manera que su insistencia en darle continuidad a
la lucha armada constituye una anacronismo.
Al tratarse de una negociación
política que los alejó de la cárcel y que les aseguró el desprestigio político
de sus máximos comandantes, fruto de sus propias confesiones ante la JEP, tanto
el ELN como las disidencias de las Farc-Ep se convirtieron en organizaciones
armadas extemporáneas por haberse quedado en las circunstancias contextuales de
los años 60.
El estar desprovistas de un
proyecto político, esas agrupaciones armadas ilegales sobreviven por las
dinámicas atadas a las economías ilícitas que les da el músculo económico
suficiente para seguir operando en medio del repudio generalizado de una
sociedad que nos los reconoce como “salvadores”. Por el contrario, los asumen
como victimarios legitimadores de una derecha que los necesita para continuar ofreciendo
bala y mano dura.
Bajo esas circunstancias, de llegar Iván Cepeda Castro a la Casa de Nariño estaría obligado política y moralmente a revisar su apuesta de mantener procesos de paz con el ELN y las disidencias de las Farc-Ep por la naturaleza anacrónica de esas agrupaciones y por la efectiva pérdida de su carácter político. El presidente Petro los llamó varias veces “traquetos de camuflado”.
Agregó que “no son simples grupos
armados, operan como una confederación de mafias internacionales”. Los
epítetos del presidente Petro se asumen como parte de una política de Estado
que Cepeda no puede simplemente obviar o desconocer. Por el contrario, lo
tendrían que llevar a examinar con juicio las condiciones bajo las cuales
negociaría las disidencias y el ELN. Nadie niega que la paz es un derecho
constitucional, pero no debería la sociedad colombiana estar sometida a otros
50 años más de una guerra fratricida que hace más ricos a los Señores de la
Guerra (fabricantes y comerciantes de armas). Como tampoco es prudente plantear negociaciones políticas eternas entre el Estado y los grupos armados por fuera de la ley. Es tiempo de parar, por las buenas o por las malas. La viabilidad del país no puede estar atada al movimiento pendular entre la guerra eterna y negociaciones perennes.
[1] En un evento
académico en Santander de Quilichao Pablo Catatumbo contó que en una
conversación con Fidel Castro Ruz éste les preguntó si tenían aviones para
tomarse el poder. Sin ese componente militar la lucha armada no tendría mayor
sentido, fue el mensaje que Castro Ruz les envió a los miembros del
Secretariado.
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