Por Germán Ayala Osorio
La condena proferida por la justicia americana contra la multinacional Chiquita Brands y las ya sempiternas y reiteradas confesiones de Salvatore Mancuso Gómez tienen como hilo conductor al fenómeno paramilitar, el más ignominioso de todos los fenómenos de violencia social, económica y política que sucedieron en el pasado en este país.
La violencia interpartidista entre Liberales y Conservadores y la guerra contra el Estado que libró Pablo Emilio Escobar Gaviria no tuvieron las escabrosas dimensiones que sí alcanzó el fenómeno paramilitar. Y es así porque las operaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se dieron en contubernio con operadores políticos y judiciales, grandes empresarios, organizaciones de la sociedad civil; militares, policías y agentes del DAS, clase política, empresas estatales y multinacionales como la bananera Chiquita Brands.
Los gobiernos de Pastrana y Uribe son responsables de haber generado las condiciones sociales, económicas, políticas e institucionales que facilitaron el crecimiento y consolidación de las fuerzas paramilitares. El primero, por haberle entregado 42 mil kilómetros a las Farc-Ep para una zona de distensión en la que nació un Estado dentro del Estado legítimo, legal e históricamente reconocido. Durante la administración Pastrana el crecimiento de las estructuras paramilitares fue exponencial. Y el segundo, por sus simpatías con las fuerzas paramilitares, de acuerdo con los relatos de Mancuso y de otros líderes de las entonces AUC y por el apoyo irrestricto a las Convivir, muchas de estas, en especial las de Antioquia, convertidas en brazos armados de los paramilitares.
Lo dicho recién por Salvatore Mancuso al periodista Daniel Coronell y la condena contra la multinacional asesina Chiquita Brands, dan cuenta de tres dimensiones del fenómeno paramilitar: la humana, la institucional y la justicia. Como agente bisagra, el exlíder de las AUC tuvo relaciones político-comerciales y militares con miembros de familias cobijadas bajo el más fantasioso y peligroso eufemismo que una sociedad clasista, racista y premoderna como la colombiana pueda concebir para establecer diferencias y todo tipo de distanciamientos. Ese eufemismo es la "gente de bien".
En cuanto la dimensión institucional, la condena contra Chiquita Brands por haber patrocinado a los paramilitares es la constatación clara de los peligros que rodean la operación de empresas multinacionales cuyo poder suele estar por encima del que se le reconoce al Estado como forma universal de dominación. Claro, hablamos de unas relaciones asimétricas entre grandes corporaciones con raíces en países del Norte opulento y Estados débiles como el de Colombia, condición esta naturalizada gracias a las acciones y decisiones adoptadas por presidentes de la República y sus patrocinadores, todos miembros de ese grupo social al que hoy por hoy el resto de la sociedad repudia y y teme: "la gente de bien". Los directivos de Chiquita Brands también hacen parte sustantiva de la reconocida expresión.
Y en lo que hace referencia a la justicia como tercera dimensión, la millonaria condena contra la asesina multinacional de origen americano y la coexistencia en Colombia de tres modelos de justicia dan cuenta de las insondables diferencias morales entre los dos aparatos de justicia aquí comprometidos. Del lado de la justicia americana, con la condena proferida con Chiquita Brands se erige como un modelo legítimo, a pesar de que la comparecencia de la bananera en los estrados judiciales supone no tocar a los directivos que autorizaron los millonarios pagos a los paramilitares colombianos y cohonestaron con la importación de más 12 mil fusiles que terminaron en manos de los paracos. Por el lado del aparato de justicia de Colombia, la Fiscalía, Justicia y Paz y la JEP dan cuenta de la enorme dificultad para consolidar una sola verdad que permita señalar las responsabilidades individuales a las que nuevamente el criminal Salvatore Mancuso hizo referencia en la entrevista con Daniel Coronell.
La histórica captura mafiosa de la Fiscalía, la acéfala y dispersa operación de Justicia y Paz como modelo de justicia transicional y la costosa y pomposa JEP, como renovado paradigma de justicia restaurativa han hecho posible la fragmentación de los procesos y de la verdad. Las tres han sido incapaces de exponer a esos poderosos miembros de la "gente de bien" que aportaron millones para que los paramilitares desplazaran a millones de compatriotas, asesinaran a otros cientos de miles que cayeron en las masacres, como las del Aro y La Granja y en los falsos positivos y otros tantos terminaran incinerados en hornos crematorios y otros más enterrados en fosas comunes dentro y fuera del país.
Mientras la opinión pública procesa los alcances y el significado de la millonaria condena contra la multinacional y los modelos de justicia siguen ignorando y despreciando las declaraciones de Mancuso, en alguna parte del país, algún miembro de la "gente de bien" estará listo para gritar !qué viva la tierra paramilitar!.
Imagen tomada de Youtube.com
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