Por Germán Ayala Osorio
José Fernando Reyes, presidente
de la Corte Constitucional (CC) entró a terciar en el ya agrio enfrentamiento
entre el Ejecutivo, en cabeza de Gustavo Petro y la Corte Suprema de Justicia
(CSJ) por la demora en la escogencia de la nueva fiscal general de la Nación. Y
lo hizo de la peor manera posible: recomendando a los togados de la CSJ que, de
volverse a presentar presiones violentas, se aplace la ya enrarecida elección. Sin
duda alguna, una lectura equivocada de parte de Reyes, a quien poco le importan
los cuestionamientos morales y éticos que recaen de tiempo atrás sobre
Francisco Barbosa y su vicefiscal, Martha Mancera.
Un simple acto administrativo,
que no debería de concitar tamaño enfrentamiento institucional, los magistrados
de la CSJ lo convirtieron en un asunto de una inexistente complejidad. ¿Si ya hace
meses aceptaron las hojas de vida de las ternadas, cuál es la demora en elegir a
la mejor?
Horas después de lo expresado por Reyes, entró a terciar la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El organismo internacional
exhortó a la CSJ para que “a la mayor brevedad posible" elija a la nueva
titular del ente investigador, hoy en manos de la cuestionada Martha Mancera. “La
ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede
afectar a su independencia y autonomía. Por lo tanto, la CIDH alienta al
Tribunal Supremo de Justicia a cumplir con su deber constitucional y finalizar
el proceso de selección de la persona titular de la Fiscalía General de la
Nación, a la mayor brevedad posible".
Estamos ante dos posturas diametralmente distintas que hacen pensar en que
el simple acto administrativo constituye realmente una decisión trascendental contaminada
muy seguramente por intereses personales y corporativos de poderosos agentes
económicos y políticos del establecimiento colombiano a los que no les conviene
que se elija a una nueva fiscal que de pronto ordene reabrir procesos penales
en los que están involucrados. Prefieren, claro está, la interinidad de
Mancera, porque saben que ella es la continuidad de Barbosa, en el cuerpito y
en las carnitas de la cuestionada fiscal encargada (o encartada).
Al parecer, en la CIDH tienen claro que existen poderosos actores políticos
y económicos que no quieren que por primera vez en Colombia haya una terna de
mujeres preparadas y no recomendadas por amistad con aquellos poderosos o lo
que es peor, amiguitas del presidente de la República. En este punto recordemos
que el fiscal Barbosa fue ternado por su amigo entrañable, el entonces
presidente-títere, Iván Duque Márquez. Al final, la CSJ de la época cometió el
gravísimo e imperdonable error de elegirlo como fiscal general.
No se entiende que con una terna de mujeres probas, sin tacha alguna y alejadas de las históricas mañas clientelares que en el pasado sirvieron para que se ternaren y eligieran anteriores fiscales, la CSJ no haya cumplido con la tarea y por esa vía dilatado la elección de la nueva fiscal. ¿Habrá algo de misoginia en los togados y envidia en las togadas?
El espaldarazo de la CIDH al gobierno Petro constituye un hecho político
que bien podría tener efectos políticos en los mismos Estados Unidos. Con la
misiva de la CIDH, la elección de la nueva fiscal en Colombia se volvió un
asunto internacional, lo que bien podría tener efectos que bien pueden asumirse
como positivos o negativos, dependiendo de la perspectiva política desde la que
se asuma la lectura de la situación. Podría ser positivo para el gobierno Petro
que los togados de la CSJ por fin este 22 de febrero voten y elijan a la mujer
que remplazará al egocéntrico de Francisco Barbosa y se recupere, para la
sociedad y el Estado de derecho, la maltrecha institucionalidad de la Fiscalía,
fruto de la pésima, oscura y maliciosa gestión de Barbosa.
También podría producirse la intervención directa de la DEA y los Departamentos
de Justicia y Estado de los Estados Unidos a raíz de las versiones
periodísticas que señalan que Barbosa y Mancera habrían protegido a mafiosos y
a fiscales con vínculos con traquetos del norte del Valle del Cauca. De darse
esa situación, la narrativa que señala que Colombia es un Estado mafioso se confirmaría,
lo que obviamente afectaría los esfuerzos del actual gobierno de enfrentar no
solo a los narcotraficantes, sino a sus amigos y compinches de cuello blanco. Esa
misma reacción de los entes americanos serviría para consolidar las buenas
relaciones y la confianza entre los gobiernos de Biden y Petro, lo que
redundaría en beneficio de Colombia.
Imagen tomada de Youtube.com
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