LA TARDÍA REACCIÓN DE IVÁN CEPEDA

Por Germán Ayala Osorio

 

En medio de un debate de control político contra el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, el senador y excandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro lanzó serios cuestionamientos contra el presidente de la República, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero.

Esto trinó Cepeda, a manera de conclusión, horas después del debate: “Existe un nexo probado entre Abelardo de la Espriella y narcotraficantes ligados al despojo de tierras, la gran minería y al narcorrentismo. Esos vínculos quedaron probados en el debate de manera documental y testimonial, y no fueron controvertidos ni por el ministro de agricultura ni por los congresistas de las bancadas de gobierno. De la Espriella es socio de narcotraficantes”.

Las graves afirmaciones del congresista ponen a prueba a varios sectores de poder político, social y mediático que votaron en blanco en las pasadas elecciones o que decididamente lo hicieron por De la Espriella como una forma de castigar lo que consideraron como el mal gobierno de Petro. El desmonte de las decisiones y medidas administrativas adelantadas por el gobierno progresista en favor de una reforma agraria y del campesinado unen hoy a la derecha y a la ultraderecha en Colombia. Lo que viene haciendo el ministro Dangond hace parte del recetario neoliberal y del proyecto político que precisos agentes del Establecimiento defienden: concentrar la tierra en pocas manos, imponer el modelo de la gran plantación, la economía de enclave y los monocultivos de caña de azúcar y palma africana, entre otros; acabar, física y simbólicamente con el campesinado, afectar la seguridad alimentaria para imponer los intereses y las lógicas de quienes proponen importar alimentos. Y finalmente, someter selvas y otros ecosistemas estratégicos a procesos de transformación para favorecer intereses inmobiliarios y explotación de riquezas, incluidas las “tierras raras” que el actual gobierno se comprometió entregarle a los Estados Unidos.

Entre esas huestes de poder que podrán usar o no lo dicho por Cepeda están los agentes académicos que recientemente criticaron y se opusieron a los actos de censura ordenados por el presidente y su ministra de Cultura contra el Museo Nacional, en el marco de lo que ellos mismos llaman “contrarrevolución cultural” que no es otra cosa que borrar de la memoria colectiva nacional las luchas feministas y a quienes se levantaron en armas, pero que se la jugaron posteriormente por la paz como Carlos Pizarro; y a otros como Bernardo Jaramillo que jamás apoyaron la lucha armada y  que invitaron al país a darse la mano por la paz. ¿Recogerán lo dicho por Cepeda para consolidar el bloque centrista en el que dicen estar ubicados? Lo más probable es que no.

De igual manera, lo expresado por Cepeda confrontará la solidez y la coherencia ético-política de los miembros del Centro Democrático, partido gobiernista en cuyo interior hay políticos que critican el talante autocrático de Abelardo, pero que no parecen interesados en acoger como ciertos los hechos denunciados y mucho menos usarlos para confrontar la legitimidad del actual gobierno. Hablo en particular de los congresistas Carlos Meisel y Rafael Nieto Loaiza. El primero, desestimó la gravedad de los señalamientos diciendo que lo “tenían preparado desde hace dos meses”. En lo que toca a Loaiza, en reciente columna de opinión criticó el talante de Abelardo: “El patrón no se define por un único exabrupto, sino por la acumulación de conductas. Lo que viene ocurriendo ha dejado de ser una serie de incidentes aislados y refleja un talante autocrático”.

El Centro Democrático, incluido su referente, creador y líder espiritual, Álvaro Uribe Vélez, no usará los hechos denunciados por Cepeda porque el congresista de izquierda en el pasado confrontó política y judicialmente al expresidente antioqueño y a su hermano Santiago por hechos muy parecidos a los que expuso contra De la Espriella. Cepeda dijo que los hermanos Uribe Vélez “fueron amigos, socios comerciales y colaboradores de clanes como los Ochoa, los Gallón Henao, los Villegas Uribe y los Cifuentes Villa”. De igual manera, Cepeda y otros agentes políticos los conectan con intereses de las estructuras paramilitares en el despojo de tierras. El mismo Uribe se apropió del baldío El Laguito 2, predio que años atrás devolvió por presiones de agentes políticos de izquierda.

Lo dicho por Cepeda constituye también una prueba de fuego para la prensa hegemónica -ayer uribista, hoy abelardista-, que aplaude a rabiar y reproduce las escenas grabadas por el equipo de producción cinematográfica de Presidencia en las que De la Espriella cumple el rol protagónico del Sheriff que saluda y da la bienvenida a la “patria milagro” a bandidos de poca monta. El periodismo en Colombia poco o nada hará con lo expuesto por Cepeda por una razón estructural: la “bancarización de la prensa” es una realidad inobjetable en el país, así como la práctica de la autocensura que asumieron las grandes empresas mediáticas. 

Y por supuesto, los hechos que presentó Cepeda servirán hacia adelante como termómetro para definir al interior de la izquierda y el progresismo candidaturas para el 2030. Igualmente, podrían servir para atraer a las huestes del petrismo a aquellas figuras políticas y mediáticas que criticaron la “tibieza” del entonces candidato presidencial por no recoger información que hace parte de los imaginarios colectivos que de tiempo atrás circulan en el país en torno a las relaciones de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero con mafiosos, más allá de su rol como abogado litigante. Sus relaciones con Alex Saab han sido usadas por periodistas y políticos para erosionar la legitimidad del hoy mandatario.

Uno de los grandes y feroces críticos de Cepeda por no haber señalado de “mafioso” a De la Espriella es el creador de la serie Matarife, Daniel Mendoza Leal, quien le dijo: “durante la campaña tampoco hizo nada por decirle a ese tipo lo que era. […] Usted no fue capaz de decirle narcotraficante al narcotraficante, paramilitar al paramilitar y ladrón al ladrón, claramente. […] Ahora tenemos a un fascista que le ha colaborado al genocidio y que nos va a vender nuestras riquezas.”

Ya veremos qué efectos políticos y sociales generan los señalamientos de Iván Cepeda Castro. Enviar esas “pruebas” a los Estados Unidos como lo anunció el congresista no servirá de nada mientras Trump esté en la Casa Blanca. Además, históricamente los demócratas y republicanos terminan pareciéndose cuando se trata de imponerle a Colombia sus políticas e intereses. Lo  cierto es que Cepeda reacciona tarde: De la Espriella ya está montado y no hay nada qué hacer. Si lo que hoy denuncia lo hubiera usado en la campaña quizás no habría impedido la llegada de Abelardo a la Casa de Nariño, pero sí habría evitado la ruptura al interior del PH. 

Al interior del país, está claro que los agentes de poder económico que instalaron a De la Espriella en el solio de Bolívar desestimarán las denuncias del congresista pues primero están sus intereses corporativos, que cualquier consideración ética o moral. La concentración de la tierra y la explotación minera, la ganadería extensiva y los intereses inmobiliarios están por encima de consideraciones ecológicas, ambientales, morales y éticas.

El imaginario que dice que Colombia es la “democracia más antigua y sólida de América Latina” está inexorablemente atado a la historia del ethos mafioso (corrupción público-privada y la injerencia directa de los narcotraficantes en la economía y la política) que la sociedad en su conjunto validó y naturalizó.  El proceso 8.000 es la prueba más clara e irrefutable de que los cimientos éticos y morales del conjunto del Establecimiento colombiano devienen inexorablemente atados a los intereses de narcotraficantes y paramilitares. Samper fue absuelto a pesar de que se probó la entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña presidencial.