Por Germán Ayala Osorio
El gobierno del pastor-presidente
Abelardo de la Espriella le acaba de entregar a la ciudadanía, vía decreto, la
posibilidad de dirimir los conflictos, las diferencias e incluso deshacer negocios
a través del uso de armas de fuego amparadas por el Estado.
A los incontrolables atracos a
mano armada y a las constantes riñas callejeras en las que se esgrimen palos, cuchillos, "mataganado", cadenas, crucetas, pistolas
y revólveres se suman las armas amparadas que bien pueden usarse para repeler a
los atracadores o simplemente para responder un insulto, un cierre indebido en
las vías o hasta para rechazar a impíos que se niegan a leer la Biblia y
ponerla por encima de la Constitución. O quizás esas mismas armas amparadas sirvan para asesinar petristas y progresistas. Nada de raro sería.
Creer que es posible bajar los indicadores
de violencia callejera, incluidos los atracos e intentos de secuestros exprés
permitiendo que la “gente de bien” ande armada es un error que bien puede
terminar en el aumento de las cifras de muertos en las calles por razones
asociadas a la intolerancia y el ajuste de cuentas.
En ciudades como Cali, Bogotá,
Medellín y Barranquilla sus ciudadanos viven con miedo de salir a las calles por
los constantes atracos a lugares públicos por fuera de los centros comerciales,
únicos territorios que ofrecen una mediana seguridad y tranquilidad a sus
visitantes.
A partir de este momento los Observatorios
que miden el comportamiento ciudadano deberán estar atentos a registrar e
interpretar aquellos nuevos hechos de violencia en los que estén involucrados personas
que usaron sus amparadas armas de fuego. Saber que a la calle llegarán más pistolas
y revólveres no genera un ambiente de seguridad. Por el contrario, será motivo
de mayores miedos e incertidumbres en una ciudad que podría ser protagonista de
tiroteos, muchos estos provocados por quienes les bastará sentir temor o
imaginar una amenaza para desenfundar sus armas, como si estuvieran en el viejo
Oeste americano y “dar de baja” a un inexistente atacante o a un imaginado enemigo.
En Cali funcionan casas de sicarios y se alquilan armas de fuego. A lo mejor se trata de armas amparadas o ilegales. Es tan complejo el asunto en la capital del Valle del Cauca y en el departamento que la legalidad y la ilegalidad se fusionan de tal manera que hay armas que las autoridades decomisan a los bandidos y luego aparecen, por arte de birlibirloque, en escenas sicariales. Así registró la revista Semana un hecho que deja muchas dudas sobre el real interés y capacidad de las autoridades por desmantelar el mercado de armas y sacarlas de circulación: “La autoridad determinó que un arma de fuego, con la que se ejecutó el múltiple crimen, había sido utilizada en otros 14 casos de sicariato”.
Menos mal estamos viviendo en la
Patria Milagro, escenario en el que quedamos en manos de lo que quiera hacer Dios
con nosotros. Por eso hay que salir confiados de que, así como Dios provocó el
terremoto para probar al gobierno y al presidente-pastor, según dijo el mismísimo
jefe de Estado, la misma deidad hará lo propio con quienes resulten víctimas de
un tiroteo. No se tratará de una muerte absurda por una bala perdida: Dios está
probando a los familiares del caído. Para aquellos que sobrevivan, se tratará,
claro está, de un milagro. Bienvenidos al viejo Oeste y que Viva Cristo Rey. Y como dijo un tuitero, armaos los unos contra los otros.
Nota: foto tomada de Semana.com
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