GOBERNAR DESDE UN BATALLÓN

 

Por Germán Ayala Osorio

 

El “capricho” del primer presidente therian de Colombia de posesionarse en una guarnición militar, el infantil y burlón saludo militar del que se contagió su gabinete tiene un fuerte arraigo en la sobrevaloración de la vida castrense, la heroización mediática de sus hombres, la poco vigilada y cuestionada institucionalidad militar, los apegos de los civiles a los uniformes, así como el desprecio que de la condición civil suelen exhibir, en público y en privado, los militares activos.

Nadie niega que De la Espriella está mandando un mensaje de sumisión al poder militar, lo que lo puede convertir, si específicos agentes de poder del Establecimiento se lo permiten, en el Bukele criollo con el que sueñan militares, policías, el propio Abelardo y actores sociales y políticos de la ultraderecha que sienten una profunda animadversión por los derechos humanos y las garantías que ofrece la Carta política de 1991.

La doctrina del enemigo interno, extendida a defensores de los derechos humanos, de la naturaleza y la pluralidad étnico-ideológica podría aplicarse con mayor celeridad estando De la Espriella condicionado por las narrativas que a diario oirá dentro del Batallón Paraíso de Barranquilla desde donde piensa gobernar al país. Los relatos castrenses serán legitimados por la godarria que lo acompaña, en particular quienes le hablan al oído. Salvación Nacional bien podría operar como un partido político-militar y agencia para emprender acciones cívico-militares, influenciado por Acore y los veteranos que votaron por De la Espriella y que harían parte de los Bloques de Seguridad Urbana que el nuevo gobierno diseñará para las ciudades capitales.

Es tiempo de que la sociedad civil haga un juicioso análisis del “capricho” del therian presidente de dirigir los destinos del país desde un cantón militar. Su alejamiento de la condición civil lo haría proclive no solo a validar todo lo que hagan y propongan los uniformados, sino a poner por encima de la civilidad el sentido de la vida y de la política que suele alimentarse al interior de las guarniciones.

Aunque los militares que monetizaron la vida de los 7837 jóvenes asesinados bajo la modalidad de “falsos positivos” ya no están en el Ejército, no hay evidencias de que ese espíritu sicarial haya desaparecido de las huestes castrenses y de los objetivos operacionales que se trace la nueva cúpula militar en medio de la guerra total que ofreció De la Espriella en campaña.

Ya el país sufrió los desmanes de las políticas de seguridad de los gobiernos de Turbay Ayala y Uribe Vélez. El Estatuto de Seguridad del primero fue el instrumento político, militar e ideológico para perseguir profesores, estudiantes, sindicalistas y militantes de izquierda. La Seguridad Democrática del segundo cumplió exactamente el mismo papel de perseguir, estigmatizar y violar los derechos humanos. De tiempo atrás, en Colombia viene operando un Estado militarista, cruel y asesino. Dice el informe de la Comisión de la Verdad que “esta doctrina contrainsurgente se expresó en la estigmatización del movimiento social y en el tratamiento militar de los conflictos políticos” (p.99).

La actitud adolescente de Abelardo de la Espriella al identificarse con un tigre no puede reducirse a un tardío desarreglo identitario: es una apuesta ideológica de acercarse al mundo castrense para validar los rugidos, mordeduras, zarpazos y los destripamientos que prometió en campaña. Un presidente civil obnubilado por las armas, uniformes y el pensamiento militar constituye un riesgo para una sociedad que ya sintió en el pasado el desprecio por la vida que se alimentó en las escuelas de formación militar. La retoma del Palacio de Justicia y el vil asesinato de magistrados, empleados y visitantes con balas oficiales fue y es el episodio que exige que los militares, en democracia, deben estar sometidos al poder civil.

No se puede neutralizar a las estructuras criminales, mal llamadas guerrillas, copiando de éstas sus inmorales y pérfidos procedimientos. Las armas de la República están para proteger a la población civil.