Por
Germán Ayala Osorio
Después
de quedar en firme la salida del general Eduardo Enrique Zapateiro Altamirano,
el nuevo gobierno, pero en particular el jefe de la cartera de la Defensa,
deberá evaluar los impactos que dicha renuncia dejará al interior de las filas.
Aunque el retiro abrupto, pero explicable del general Zapateiro no debería de
tener mayores efectos doctrinales, es bueno explorar el ambiente al interior de
las fuerzas armadas ante la llegada de Gustavo Petro a la condición de
comandante supremo.
Una
vez cumplida la tarea del reconocimiento y la transición del mando, de
inmediato hay que impulsar la discusión de dos temas sensibles: el primero, la
salida de la Policía del ministerio de la Defensa, cumpliéndose así la promesa
de campaña y la recomendación que hiciere la Comisión de la Verdad en su
informe. Y el segundo, el desmonte de la doctrina del enemigo interno, lo que
debería de llevar a las fuerzas armadas,
y en particular al Ejército, a hacer parte de escenarios de posconflicto, en el
entendido en que hoy no existe una fuerza militar oponente, capaz de poner en
riesgo la operación del Estado.
Dedicaré
esta columna al segundo tema. Dice el informe de la Comisión de la Verdad que “esta doctrina contrainsurgente se expresó en
la estigmatización del movimiento social y en el tratamiento militar de los
conflictos políticos” (p.99). Por cuenta de los riesgos y desafíos que
acompañaban la existencia y la operación militar de las Farc-Ep, estudiantes,
académicos, investigadores sociales, periodistas, sindicalistas y políticos,
entre otros, fueron perseguidos, torturados, estigmatizados y desaparecidos por
fuerzas oficiales. Dicha doctrina, entonces, se convirtió en la patente de
corso con la que sucesivos gobiernos de derecha permitieron a sus cúpulas
militares, violar los derechos humanos.
Sobre las arbitrariedades cometidas por miembros de la fuerza pública, en el mismo informe de la Comisión de la
Verdad, se lee lo siguiente: “Se registraron detenciones masivas
arbitrarias en un periodo álgido del conflicto armado entre 2002 y 2008, en
lugares como Arauca, Bolívar, Santander, Medellín, Eje Cafetero y Huila, entre
otros. Las detenciones masivas no se respaldaron en evidencia, sino que fueron
formas de criminalizar a sectores de la sociedad civil, bajo el estigma de
enemigo interno” (p.158).
El
proceso de desmonte de la señalada doctrina tiene dos dimensiones: una de
carácter político-formativo que incluye la formación que se imparte en las
academias militares (de oficiales y suboficiales) y el compromiso de la cúpula
militar y de la tropa en general, de guardar total sumisión al mandato civil
que encarna Gustavo Petro; y la otra dimensión, tiene un carácter operativo y
militar, que debe conllevar la desmilitarización del Estado. Un paso en esa
dirección permitirá la unificación de criterios pues no se puede seguir
hablando de conflicto armado y de enemigo interno, cuando los mismos militares
hablan de organizaciones residuales, grupos armados organizados (GAO), sin el
ropaje político y revolucionario que en otrora se reconoció, por ejemplo, a las
Farc-Ep y al ELN.
Independientemente
de si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno de Gustavo Petro
logran concretar un proceso de negociación política, es urgente que se dé el
cambio doctrinal y comportamental del Estado. Incluso, esos cambios bien
podrían considerarse como un gesto político que posibilitaría el acercamiento
con el COCE, con la esperanza de avanzar en el desmonte de esa guerrilla. Eso
sí, siempre y cuando el comando central de esa guerrilla abandone la lógica de
la metodología hasta el momento planteada para asumir negociaciones.
En
estos términos reconoce la Comisión de la Verdad esa circunstancia: “En el caso del ELN, las conversaciones en
diversos momentos (gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe y Santos) se han
quedado estancadas en el punto de la «Convención Nacional», que para esta
guerrilla es un ejercicio de democracia directa en la que, a la manera de una
constituyente popular, diversos sectores rediseñan el régimen y el Estado. Este
es un modelo de participación social que aún requiere ser abordado con una
dimensión realista, si se quiere una paz completa y con arraigo territorial”
(págs 118-119).
Ya es
tiempo que el ELN como organización armada ilegal entienda el momento histórico
por el que está pasando el país. Los tiempos de la guerra y de la revolución
armada ya pasaron. En estos momentos, la lucha armada no solo es inviable, sino
anacrónica.
Ya
veremos si los militares colombianos se ponen a tono con los tiempos de la paz
y la reconciliación o, si por el contrario, deciden quedarse en el “modo
enemigo interno” con el que Zapateiro guió los destinos del Ejército.
Imagen tomada de El Universal.
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