Por Germán Ayala
Osorio
Hace trámite en el Congreso de la República el proyecto de
reforma política del gobierno del Pacto Histórico. Es decir, otra reforma más.
Aunque aún le faltan cinco debates, lo aprobado hasta ahora dice mucho de lo
que se pretende. Estos son los puntos que pasaron el filtro de la Comisión
Primera de la Cámara de Representantes: financiación 100% estatal, la
conformación de listas cerradas y la posibilidad de que los congresistas puedan
ser ministros y la implementación del fallo de la CIDH que le quita la
competencia a la Procuraduría de sancionar a funcionarios elegidos a través del
voto popular.
Sobre la financiación estatal de las campañas políticas hay
que decir que se trata de un punto importante que apunta a suprimir o por lo
menos a fijar límites a los patrocinadores privados que financian a candidatos
presidenciables y a congresistas, con el firme propósito de convertirlos, a los
primeros, en los títeres de banqueros y
empresarios; y a los segundos, en congresistas-lobistas que defenderán a dentelladas los
intereses corporativos de sus mecenas.
Si este punto se mantiene en la ruta que aún le queda al
proyecto de ley, su aprobación debería de servir también para ponerle límites a
las costosas campañas políticas, circunstancia esta que facilita la entrada de
dineros del narcotráfico e incentiva la elevación de los costos de las piezas
publicitarias. Esperemos que la
aprobación de este punto sirva para limpiar el ambiente electoral contaminado
de tiempo atrás por el ethos mafioso y por los intereses corporativos de empresarios y banqueros, siempre alejados
de lo que necesitan las grandes mayorías.
En relación con las listas cerradas hay que decir que estas
devienen con un tufillo de cofradía mafiosa en la que suelen colarse personajes
siniestros o poco preparados para llegar al Congreso a debatir y trabajar con
seriedad. Las listas cerradas, en la práctica, han servido para llevar al
legislativo a sujetos ignaros que solo harán parte del comité de aplauso que el
líder de la lista reclama como cabeza principal. Al final, las poco
democráticas listas cerradas terminan consolidando liderazgos contaminados de
mesianismo y caudillismo. De esa forma, pierden los partidos políticos porque
se debilitan sus procesos de discusión programática, los análisis de coyuntura,
la discusión de las ideas políticas y los ejercicios de prospectiva que
deberían realizarse al interior de esas colectividades. A los partidos
políticos deberían de llegar intelectuales y no buscadores de fortuna.
En Colombia, de tiempo atrás, las relaciones entre el
Ejecutivo y el Legislativo han servido para debilitar la autonomía del segundo
poder público, capturado o sometido por ministros y presidentes a través de la
entrega de millonarios recursos (cupos indicativos). Esas relaciones
perniciosas y mafiosas debilitan la democracia y reducen la política a un
ejercicio mafioso del poder. La posibilidad de que los congresistas puedan ser
ministros va dirigida, justamente, a extender en el tiempo esas insanas
relaciones entre los dos poderes públicos aquí comprometidos. No se trata de
ser puristas. De lo que se trata es de mantener la separación de los poderes
públicos y de consolidar relaciones de respeto y autonomía y no de dependencia
económica fundada esta en todo tipo de sobornos y transacciones.
Y el último punto tiene que ver con un fallo hasta ahora
incumplido por el Estado colombiano, proferido por la CIDH, a partir del caso
del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, destituido por el entonces procurador, el
godo quema libros y perseguidor de impíos, Alejandro Ordóñez Maldonado. La
Corte internacional le quitó al jefe del Ministerio Público la potestad de
sancionar a discreción a funcionarios elegidos a través del voto popular. Como
se insiste desde la Procuraduría en sancionar a alcaldes, el Congreso de la
República busca cumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Sobre este punto no es mucho lo que hay que decir. Tan solo
aplaudir la iniciativa que impedirá que se siga atropellando el derecho de los
ciudadanos a elegir y ser elegidos.
Más allá de los alcances y las críticas de los puntos hasta
el momento aprobados en la señalada reforma política, lo que el país requiere
es de un profundo cambio cultural. Cambio que no se alcanzará con reformas
políticas consecutivas que en poco o nada mejoran las costumbres políticas y el
actuar de presidentes, ministros y congresistas. Y contario a lo que se pueda
pensar, las listas cerradas y la posibilidad de que los congresistas puedan
convertirse en ministro aportarán a la consolidación del ethos mafioso y del
caudillismo, dos factores negativos de nuestra cultura política.
No hay comentarios:
Publicar un comentario