Por Germán Ayala Osorio
Inicia el 2026 con un rifirrafe
entre el expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez y el presidente Petro.
En el cruce de trinos entre quienes competirán en las próximas elecciones por quién
será el Nuevo Gran Elector, reaparece el fantasma del “castrochavismo”,
el concepto de democracia y la nostalgia que siente el expresidente antiqueño
al saber que su azarosa y oscura vida política (pública) se apaga de la mano
del inexorable paso del tiempo. Convertido en un carcamal, Uribe entiende que
está de salida en el juego del poder.
Acostumbrado a engañar a sus
seguidores, simpatizantes y en general a las audiencias, Uribe Vélez insiste en
mantener vigente la narrativa del comunismo. “Petro está acabando la
democracia “poco a poco” espetó el mandamás del Centro Democrático
(CD).
Basta con mirar las actuaciones y
los fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y las posturas asumidas por las bancadas
de oposición en el Congreso para entender que la división de poderes se
mantiene incólume en el país, a pesar de las legítimas críticas que el jefe del
Estado ha expresado frente a las decisiones adoptadas por los togados y
legisladores entendidas como acciones de sabotaje a las reformas sociales
impulsadas por el gobierno Petro.
En la respuesta que el presidente
de la República le envió al exgobernador de Antioquia en los tiempos de las
masacres del Aro y la Granja, aparecen elementos de una acepción social del
concepto de democracia: “Usted habla de acabar la democracia en mi
gobierno, pero en el suyo hubo hasta 6.402 de jóvenes inocentes asesinados con
armas de su gobierno. Y en el Duque asesinaron 60 jóvenes,
violaron jóvenes y pusieron en la cárcel 3.000 jóvenes por protestar acusados
de terrorismo”.
El oportuno “recorderis” que le
hizo Petro sirve para entender que entre 2002 y 2010, ese sentido social de la
democracia muy poco fue usado por la prensa de la época que se hincó ante el
poder intimidante del entonces presidente Uribe. Los falsos positivos fueron
presentados como el resultado de la aplicación a rajatabla de la inmoral
política de seguridad democrática, alejados de cualquier posibilidad de atarlos
a la democracia como concepto polifónico que las empresas mediáticas y millones
de colombianos suelen reducir a la realización de elecciones cada cuatro años y
a la división entre los tres poderes públicos. Si fuera así, la democracia
colombiana sería perfecta, pues cada cuatro años hay comicios, existen partidos
políticos, así como instituciones como el Consejo Nacional Electoral y la gente
vota en relativa calma y libertad.
El inesperado aumento del salario
mínimo seguirá siendo usado por la gran prensa del Establecimiento para generar
miedo por los efectos que traería el incremento del 23,7%. La visión catastrofista
de los expertos economistas formados en la escuela neoliberal se suma a la
narrativa uribista que señala que Petro, al igual que Chávez, Fidel Castro y
Maduro está acabando con la empresa privada.
Además de “acabar con la
democracia”, a Petro se le señaló desde las mesnadas uribistas como “dictador”.
Vaya dictadura tan extraña: no se violan los derechos humanos, no se persigue a
la oposición y a los críticos del gobierno como sucedió entre 2002 y 2010; y
las empresas de los Cacaos reportan millonarias ganancias. Más se acercaron a
regímenes de mano dura los gobiernos de Turbay Ayala, Uribe Vélez, Juan Manuel
Santos y el homúnculo del Iván Duque Márquez. En particular en las administraciones
de Uribe y Turbay Ayala se violaron los derechos humanos y se redujeron las
garantías constitucionales.
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