Por Germán Ayala Osorio
Los términos establecimiento y régimen
son de uso cotidiano para dar cuenta de grupos de poder tradicional que lograron
capturar el Estado y su operación para favorecer intereses particulares y los de
miembros de clanes (mafias políticas) cuyas vidas están guiadas por el sempiterno
ethos mafioso del que hablo de tiempo atrás en esta tribuna.
No es fácil percibir o
visibilizar esas correlaciones de fuerza que, instaladas bajo la lógica de un
régimen de poder mafioso y criminal como el colombiano, se oponen a que el
Estado opere armónicamente bajo la separación de poderes y las condiciones propias de un
orden establecido moderno y democrático.
La intención manifiesta del
fiscal saliente, Francisco Barbosa Delgado de dejar como fiscal encargada a su
mano derecha, la inefable vicefiscal, Martha Mancera, sirve para verificar la
existencia en el país de un régimen de poder que no solo desea impedir la
elección de la nueva cabeza del ente acusador, sino la recuperación de la
Fiscalía para el Estado de derecho y la sociedad. Se trata de un juego de
poderes del que hacen parte el gobierno, el Departamento de Estado de los
Estados Unidos y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en particular los 13 magistrados
que votaron en blanco en la sesión del 25 de enero, en la que debían escoger a
la nueva fiscal general de la Nación.
La sala plena de la CSJ está en la obligación constitucional de elegir entre las tres, al remplazo del ladino Francisco Barbosa. De acuerdo con lo que trascendió, 13 de los 23 votos posibles, fueron en blanco. Es decir, 13 togados del alto tribunal no aceptan los perfiles de las candidatas, a pesar de que están obligados a estudiar a fondo sus hojas de vida. Quizás ese voto en blanco se dio porque estarían a la espera de instrucciones de agentes políticos y económicos que hacen parte de ese entramado de intereses legales e ilegales en los que siempre opera el régimen de poder. El país sabe que varios de esos poderosos agentes se vieron afectados en materia grave con la llegada de Petro a la jefatura del Estado, pues perdieron el control de importantes entidades oficiales y recursos económicos.
Es posible pensar en varios actores a los que no les conviene la llegada de una nueva fiscal. Por ejemplo, el poderoso Sarmiento Angulo estaría preocupado por la posibilidad de que se reabra el caso de corrupción de Odebrecht en el que está involucrado. Huelga recordar que Sarmiento Angulo reconoció actos de corrupción ante las autoridades americanas. Otro agente político, conexo al banquero, sería el exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, en particular en el caso de la muerte de Jorge Enrique Pizano, "controler" de la Ruta del Sol II. Otro interesado en perpetuar a Barbosa, en las "carnitas" de Mancera, sería Álvaro Uribe Vélez, a quien la fiscalía de Barbosa lo favoreció con por lo menos tres solicitudes de preclusión ante los jueces, de su proceso por manipulación de testigos y fraude procesal. Y también, otros poderosos políticos y empresarios que guardan relación con grupos de paramafiosos como el Clan del Golfo.
Dilatar en el tiempo la elección
de la fiscal general solo puede entenderse por la injerencia de poderosos
agentes políticos y económicos a los que no les conviene que la Fiscalía caiga
en manos de una mujer sobre la que no tienen control alguno, para satisfacer
sus siempre mezquinos intereses. Por el contrario, con Mancera un tiempo más
como fiscal general encargada, sus negociados se mantendrían bajo una enorme
confiabilidad jurídica.
Ya lo había advertido Gustavo Petro
en una entrevista a María Jimena Duzán en la que afirmó que él era el
presidente de la República, pero que otros tenían el poder. Para el caso
que nos ocupa, el mandatario de los colombianos cumplió con el envío de la
terna para elegir la nueva cabeza de la Fiscalía. Por primera vez y contra todo
pronóstico, Petro conformó la terna de solo mujeres, todas probas y sin manchas
en sus trayectorias.
En estos momentos, el régimen de
poder tradicional está interesado en evitar a toda costa el cambio de mando en
la Fiscalía. Las gestiones de Barbosa y Mancera en los Estados Unidos muestran,
con preocupante claridad, que hay incontrastables fuerzas políticas interesadas
en mantener los tentáculos del poder mafioso que se tomó la institucionalidad
del ente acusador, convertido por Barbosa y Mancera en uno encubridor de
delitos, a juzgar por las denuncias hechas por el propio presidente de la
República y respetados periodistas.
Poco importa si el 8 de febrero
la CSJ elige a la nueva fiscal o si decide mantener la interinidad en la
deseada y manoseada institución de justicia. Ya quedó claro que detrás de las dilaciones
está el régimen de poder o el viejo establecimiento colombiano que, aunque
perdió con Petro el control de una parte del Estado, está dispuesto a dar la
pelea por mantener sometida a la Fiscalía.
Imagen tomada de Semana.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario