Por Germán Ayala Osorio
Nadie discute el carácter garantista
y liberal de la actual constitución política de Colombia. De ahí que las
soluciones planteadas a los problemas de la sociedad colombiana no pasan tanto
por la eficacia y eficiencia del diseño constitucional, sino por la cultura
mafiosa que contaminó todos los ámbitos de la vida social, económica, judicial
y política del país. Los efectos de ese ethos mafioso se agrandan porque como
sociedad, un importante número de sus miembros son godos, violentos,
incivilizados, premodernos, aporofóbicos, clasistas, misóginos, torcidos y
racistas.
Ningún diseño constitucional
servirá para profundizar la democracia y dar cuenta de lo prescrito en la carta
política de 1991 en materia de derechos, mientras el ethos mafioso guíe la vida
de políticos, periodistas, empresarios, maestros y jueces, entre otros más.
Por estos días la opinión pública
se enfoca en el ya enrevesado proceso de elección del remplazo del saliente fiscal
general de la Nación (FGN), Francisco Barbosa Delgado, quien dejará el cargo el
12 de febrero. El mecanismo constitucional reglado para hacer la transición en la
dirección del ente acusador deviene “contaminado” por intereses políticos y
clientelares, valoraciones jurídicas y presiones de agentes legales e ilegales que
están involucrados de muchas maneras en procesos penales por narcotráfico, violencia
sexual, paramilitarismo, manipulación de testigos, fraude procesal y corrupción
en obras públicas de gran calado. Esas circunstancias, todas juntas, convirtieron
a la FGN en una entidad poco técnica y confiable, debido en buena medida a su
politización. El ente acusador es hoy un costoso nido clientelar y de
transacciones mafiosas entre criminales de cuello blanco y bandidos armados,
con fiscales e investigadores inescrupulosos que se dejaron comprar o capturar
por clanes políticos corruptos y organizaciones criminales como el clan del
Golfo.
Que el presidente de la República
presente la terna para que sea la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno la
que elija finalmente el nuevo fiscal general, no es garantía de pulcritud, seriedad
y mucho menos de probidad en el elegido o elegida. La elección misma de Barbosa
constituye una prueba irrefutable de lo señalado. Este ladino personaje llegó al
cargo únicamente por ser amigo íntimo de Iván Duque Márquez, quien lo ternó
para que sirviera a los intereses del uribismo y de poderosos actores del establecimiento
colombiano procesados por graves delitos. Ello explicaría las tres solicitudes
de preclusión que Barbosa apoyó con el firme propósito de salvarle el pellejo al
expresidente y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, imputado por la Sala de
Instrucción de la CSJ de los delitos de fraude procesal y manipulación de
testigos.
La historia reciente del país en
torno a la elección de los anteriores fiscales generales señala con claridad y
perplejidad que esas designaciones estuvieron motivadas en perversos intereses
políticos de parte de castas, clanes y familias que necesitaron en su momento
de los favores para cerrar casos o evitar investigaciones penales. Es decir,
todos los gobiernos anteriores a Petro, los presidentes de la República ternaron
amigos cercanos, esto es, fichas fácilmente manipulables. Baste con recordar la
cínica respuesta que dio el entonces presidente-títere, Iván Duque Márquez,
cuando se le cuestionó su cercanía a Francisco Barbosa Delgado: “Yo no
he visto el primer presidente que terne enemigos, salvo que ustedes me digan si
hay algún presidente que en su fuero haya ternado enemigos o personas
desconocidas”.
A pesar de esa tradición, el
presidente de la República, Gustavo Petro presentó a tres mujeres de las que no
se conoce cercanía alguna con el mandatario. Por lo menos, no ha trascendido
que estudiaron con el jefe del Estado o que las une una entrañable amistad como
sucedió en el caso de Duque y Barbosa.
Así las cosas, por primera vez hay
una terna de solo mujeres, que, sin tacha alguna sobre sus trayectorias,
esperan que los magistrados y magistradas de la CSJ voten y elijan cuanto antes
a la nueva fiscal general de la Nación, evitando así la interinidad en manos de
la vicefiscal, Martha Mancera, ficha de Barbosa, tal y como la esperan
poderosos agentes del establecimiento colombiano.
Cualquiera de las tres abogadas
que resulte electa como la nueva fiscal podrá actuar con independencia tanto
del presidente que la ternó, como de los togados que finalmente confiaron en
sus capacidades profesionales. Otra cosa es que una vez al frente de la entidad,
la elegida decida torcerse con el fin de favorecer a nuevos o viejos actores
políticos, legales e ilegales, metidos en delicados procesos penales. La nueva
fiscal recibirá muy seguramente todo tipo de presiones, tanto de actores
legales como de los ilegales.
Imagen tomada de Colombia Informa.
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