Por Germán Ayala Osorio
La Segunda Marquetalia existe hoy gracias
al gobierno de Iván Duque Márquez, quien al fungir como el principal enemigo
del acuerdo de paz firmado en La Habana, acompañó las actividades de entrampamiento
que desde la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira (NHMN) se emprendieron
en contra de Santrich y del propio Iván Márquez, líder de ese grupo disidente.
En la búsqueda de la gaseosa Paz
Total, el gobierno de Gustavo Petro tiene en sus manos el problema jurídico de
reconocer políticamente a la Segunda Marquetalia, esto es, otorgarle el estatus
político que perdieron desde el preciso momento en el que abandonaron el
acuerdo y las dinámicas que los debieron haber llevado a estar hoy en el Congreso
de la República y a hacer parte del partido Comunes.
La discusión no es menor. No será
fácil zanjar la discusión entre quienes consideran un imposible jurídico
reconocerles ese estatus en virtud a que abandonaron el proceso de paz y
aquellos que, por el contrario, ven viable hacerlo bajo la premisa de que el
entrampamiento en contra de Santrich y Márquez fue un hecho político y
jurídico, aunque este último cargado de la mala fe de funcionarios estatales y
de la DEA que trabajaron en contubernio con la firme intención de hacer
colapsar el acuerdo de La Habana.
En diálogo con El Espectador, el
ministro del Interior, Alfonso Prada, señaló que “no es un tema fácil, tenemos limitaciones de carácter legal, todas las
limitaciones que encontremos legalmente vamos a tener que superarlas en el
escenario natural para ellos, que es el Congreso de la República”.
Más allá de los límites legales, los
argumentos que deberá consolidar el gobierno tienen un carácter político que
deberá imponerse sobre los jurídicos si de verdad se quiere reversar el
carácter de “desertores” que se les otorgó a quienes decidieron incumplir lo
acordado volviendo a empuñar las armas.
Un primer elemento que deberá hacer
parte de la argumentación es que quien incumplió primero lo acordado fue el
Estado colombiano. Bajo esa premisa se debe indicar que la negociación entre
los plenipotenciarios del gobierno de Santos y el Secretariado de las Farc
estaba, supuestamente, respaldada por el Estado. Esa circunstancia obligaba al
Fiscal y al propio gobierno de Iván Duque a respetar lo firmado en Cuba. Lo que
hicieron NHMN y Duque, por el contrario, fue entorpecer y tratar de descarrilar
el tren que llevaba las firmas de Santos y Timochenko y el acuerdo de las 300
páginas.
Lo hecho por Duque y NHMN fue
demencial, arbitrario e infame en contra de un proceso de paz complejo que a
pesar de haber servido para desmantelar a la guerrilla más grande y con esta a
las perversas dinámicas de un conflicto armado degradado, no sirvió para que la
sociedad en su conjunto emprendiera sus
propios procesos de reconciliación y comprensión de los términos en los que se
firmó el Acuerdo Final de paz.
Otorgarle el estatus político a la Segunda
Marquetalia es también darle una segunda oportunidad a la paz que el uribismo,
en cabeza del entonces fiscal general de la Nación y el títere del expresidente
y expresidiario, Álvaro Uribe Vélez. Lo hecho por NHMN y Duque no fue un acto
político, sino prepolítico, en la medida en que atacaron el corazón del Acuerdo
de Paz y lo hicieron, apelando a la mentira y al fraude. No se puede hacer la
paz en Colombia mientras haya dudas sobre la transparencia de aquellos que
hacen operar y mover las oscuras
estructuras de poder que dan vida al doble Estado que opera en Colombia de
tiempo atrás.
Imagen tomada de EL ESPECTADOR
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