Por Germán
Ayala Osorio, comunicador social- periodista y politólogo
Con la
renuncia a su condición de Senador, los abogados de Álvaro Uribe y el propio
expresidente buscan zafarse de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia y por esa vía, hacer que su caso pase a la justicia ordinaria en
cabeza de la Fiscalía General.
Antes de
ir a examinar los hechos y las circunstancias sobre y con las cuales la misma
Corte Suprema deberá definir si mantiene o no la competencia para seguir
investigando a Uribe, hay que señalar que la dimisión del político antioqueño y
su condición de reo, ponen a prueba los liderazgos al interior de una
colectividad que ha funcionado más como una secta, que como un verdadero
Partido Político. El carácter megalómano y autoritario de Uribe es quizás el
factor que ha frenado que dentro de la misma bancada uribista en el Congreso
sobresalgan otras formas de entender y asumir la política, esto es, más allá de
la idolatría que todos profesan hacia este "Mesías". Así entonces, no
se puede esperar que del Centro Democrático emerjan lideresas y líderes
distintos, por cuanto han invertido años en adorar a su dios, en lugar de
prepararse para asumir la dirección de una fuerza política que hoy tiene, nada
menos que en sus manos, el manejo del Estado.
Vamos
entonces a los hechos y a las circunstancias. Lo primero que hay que decir es
que existe jurisprudencia de la misma Corte Suprema para enfrentar este tipo de
argucias. En el contexto de la parapolítica, varios de los congresistas
investigados por los entonces magistrados que hacían parte del alto tribunal,
renunciaron a su curul, buscando lo mismo que hoy buscan Uribe y sus abogados:
liberarse de su juez natural, pensando en buscar y alcanzar beneficios
jurídicos en la justicia ordinaria. En esa ocasión, la Corte Suprema continuó
procesando y profiriendo condena contra varios congresistas cercanos a Uribe,
que aceptaron tener vínculos con grupos paramilitares.
Lo
segundo, y ya sobre el caso en particular, la Corte deberá explicar por qué
debe mantener la competencia. El primer elemento señala que los delitos por los
cuales es investigado y procesado el caballista y exgobernador de Antioquia
deben estar anclados a su función de congresista. Y en este punto, hay
disímiles lecturas de penalistas. Por supuesto que dentro de la función de este
tipo de aforados no está manipular testigos y apelar a prácticas que lo hagan
incurrir en fraude procesal. Y aquí vale la pena hacer
varias disquisiciones eminentemente políticas y no jurídicas:
estamos ante un operador político y legislativo que traspasó no solo los
límites éticos y morales que rodean a la condición de congresista, sino que
actuó como congresista, para intentar con evidente celeridad, a juzgar por lo que
se conoció del documento que dio vida a la decisión de la Sala de Instrucción,
presionar a testigos claves en procesos que reposan en la misma Corte Suprema,
relacionados con el paramilitarismo y la comisión de masacres, entre otros
delitos.
Hay otro
elemento político que me parece clave e incluso de superior jerarquía a todos
los que en esta columna se hace referencia: su condición de expresidente y de
exjefe de Estado no solo está por encima de su rol como congresista, sino que
le exige los más altos estándares de eticidad en su vida pública y privada.
Resulta inaceptable para una sociedad moralmente confundida como la colombiana,
que un expresidente participe y haga parte de prácticas mafiosas, dolosas y
ruines que lo llevaron a que la Sala de Instrucción lo procese hoy por los
delitos de fraude procesal y compra y manipulación de testigos y haya
considerado su detención domiciliaria, porque concentra poder político y
económico para entorpecer la investigación penal que se le adelanta. Resulta
repulsivo ver imágenes y escuchar al expresidente rodeado de bandidos, hablando
con bandidos e incluso, usando su propio lenguaje.
Ahora
bien, hay elementos y factores que, fondeados de manera directa a sus funciones
legislativas y de control político, harían posible y viable que la Corte
Suprema de Justicia decida mantener la competencia para continuar
con el proceso legal. Estos elementos o factores son: el primero, su decisión
de demandar al senador Cepeda por supuestamente manipular testigos para que
declararan en su contra, se dio en el marco de un debate político, escenario
que está directamente relacionado con su función de senador de la República. El
segundo, el uso de recursos de su UTL (Unidad de Trabajo Legislativo) para
hacer sus “vueltas” con el abogado Cadena. La Corte deberá explicar en qué
circunstancias de tiempo, modo y lugar se dieron esos usos indebidos de su UTL,
para enlodar a su contradictor, el senador Iván Cepeda. Estos dos elementos
hacen parte sustantiva del cargo y deberían de ser suficientes para que el alto
tribunal decida mantener la competencia para seguir adelante con la
investigación y en poco tiempo, adoptar la decisión de si
llama o no a juicio al ganadero y latifundista.
Hay otro
factor que emerge y que podría tener en cuenta la Corte
Suprema de Justicia para insistir en la potestad de continuar al frente del
caso Uribe. Y este tiene que ver con la posibilidad de que, una vez llamado a
juicio por los delitos de fraude procesal y compra de testigos, y declarado
culpable, esa circunstancia permita mover y sacudir los folios de cerca de 30
demandas o casos que reposan en ese mismo tribunal, en los que Uribe es sujeto
procesal, demandado, investigado o iniciado, por paramilitarismo, la comisión
de masacres y homicidio. Es decir, que una vez debilitado políticamente y
judicialmente vencido, los magistrados que están por encima de los que hacen
parte de la Sala de Instrucción, se llenen de valor para dar trámite y acelerar
esos procesos que hoy duermen el sueño de los justos.
Es posible
que en 24 ó 48 horas el país conozca si el proceso sigue en manos de la
Honorable Corte Suprema de Justicia o si pasa a la justicia ordinaria que, en
cabeza de un Fiscal General amigo del presidente y cercano a Uribe, es garantía
de preclusión de la investigación. Veremos entonces en qué queda esta jugadita
de Uribe.
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