domingo, 10 de septiembre de 2023

QUIÉN MANDA EN COLOMBIA: URIBE O DUQUE?

 

Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo

 

A poco menos de un año de haberse instalado en la Casa de Nariño, la imagen de Iván Duque Márquez como presidente se mueve en el péndulo mismo de la confrontación política entre quienes insisten, desde el propio Establecimiento, en continuar apoyando el “proyecto político uribista”[1] y quienes desde orillas e instancias bien distintas desean pasar las páginas de la guerra y de los odios, pero  sobre todo, buscan superar o dejar atrás el ethos mafioso[2] que el señalado proyecto logró inocular en las institucionalidades privada y estatal. Es decir, para unos, Duque es el presidente de Colombia en propiedad y para otros, simplemente es alguien que fue puesto allí para cumplir con unas órdenes emanadas por quien realmente parece ostentar el poder: Álvaro Uribe Vélez.

Con la gobernabilidad mínima que entrega y asegura un Establecimiento históricamente capaz de mantener a flote a cualquier gobernante[3] a pesar de sus bajos niveles de aceptación social y política, Iván Duque Márquez intenta hacerle creer a una parte de los colombianos (a los que votaron por el Sí en el plebiscito) de que efectivamente es él quien gobierna en Colombia. A juzgar por los imaginarios individuales y colectivos y las ya negativas Representaciones Sociales (RS) que en torno a su imagen circulan a través de diversos discursos[4], pareciera que quien realmente señala derroteros, toma decisiones y le indica al presidente de la República cómo actuar, es el hoy senador, expresidente (2002-2010) y jefe único del Centro Democrático (CD).

Por ser el ungido de Uribe, Iván Duque ha expresado una inconveniente admiración por el político nacido en Salgar. Recuérdese que lo llamó “presidente eterno”, acto de habla que no es más que la expresión genuina, como diría el propio jefe de Estado, no solo de su veneración, lealtad y fidelidad, sino de la dependencia política y moral de quien claramente se “encontró” con la Presidencia de Colombia.

 

El proyecto político

 La administración de Iván Duque y el propio proyecto político de Uribe Vélez enfrentan hoy el desafío o quizás al enemigo más grande de la corta existencia de lo que se conoce como “el uribismo”: la construcción de la Paz. Es claro que para el ganadero y latifundista la consolidación de una paz estable y duradera es toda una provocación y obstáculo para el desarrollo del proyecto de país que de tiempo atrás tienen en mente no solo el senador y expresidente, sino los ricos empresarios, varios académicos, militares y exmilitares que lo respaldan.

Dicho proyecto de país tiene, por supuesto, varias dimensiones. En la dimensión política, sueñan con un Partido Único al mejor estilo de regímenes socialistas o estatista como el venezolano (Chávez y Maduro). En la dimensión económica, insisten en mantener y extender en el tiempo privilegios para las élites de poder y los mesocontratos con los que suelen asegurar la gobernabilidad autoritaria de la que habla Édgar Revèiz (1997). Es decir, creen en el mercado, pero en uno controlado que les permita exhibir una relativa competitividad. Desde esta dimensión, continúan promoviendo un desarrollo insostenible pues solo creen en el modelo de la gran plantación (monocultivo como práctica líder), en el fracking, en la ganadería extensiva (potrerización de zonas selváticas). Los grandes obstáculos a vencer son los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y campesinas.

Al final logran ordenar los viejos territorios nacionales con fines de especulación inmobiliaria por el crecimiento desordenado de ciudades capitales de aquellos departamentos en los que siguen en pie selvas y ecosistemas biodiversos, a pesar de la arremetida de enormes retroexcavadoras que militares y policías no ven pasar y mucho menos se percatan de su instalación, en ríos y bosques, para adelantar actividades de minería, legal e ilegal.

En la dimensión sociocultural, seguirán intentando la generación de estados de opinión asociados a la idea de un inquebrantable unanimismo ideológico[5] con el que sea posible abrazar y premiar  a quienes decidan instalarse en esa idea y de perseguir y castigar a todos aquellos que insistan en mantenerse por fuera de ese obligado círculo y critiquen lo peligroso que resulta para la democracia eliminar, simbólica y políticamente, a la diferencia.  

 

Objeciones, Santrich y la JEP

Lo que ha venido pasando en el país es un inocultable enfrentamiento entre instituciones del Estado[6], lo que claramente demuestra, de un lado, que el actual gobierno está empeñado en hacer trizas[7] el Acuerdo Final y del otro, que el presidente Duque, al mejor estilo de su mentor, desconoció los fallos de la Corte Constitucional cuando objetó[8] seis artículos del proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Justamente, la más fuerte reacción en contra del proceso de construcción de una paz estable duradera la tuvo el gobierno de Duque debido a la decisión que en derecho adoptó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en torno a conceder la garantía de no extradición al compareciente exguerrillero, Jesús Santrich[9].  Las reacciones de voceros y funcionarios de alto nivel en el gobierno buscaron generar una crisis institucional de tal magnitud, que los hizo pensar en la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente[10] y por esa vía intentar quitarle el ropaje y el estatus constitucional que tiene el Acuerdo Final II; y por ese mismo camino, pensaron en declarar la Conmoción Interior, buscando a toda costa saltarse el estado de derecho y extraditar a los Estados Unidos al controversial excomandante fariano.

En reciente publicación, el diario EL ESPECTADOR titula así una nota informativa:Uribe explica por qué Duque no decretó la conmoción interior[11]. En otras circunstancias, el titular no tendría por qué generar suspicacias pues se trataría de una simple opinión política. Pero no nos llamemos a engaños: Uribe no es un político cualquiera. No solo indicó a sus admiradores[12], sino que acordó con empresarios que su candidato a la presidencia para el periodo 2018-      ) era Iván Duque Márquez. Al final, con el respaldo de unos y otros, esa parte de Colombia votó por el que dijo Uribe, bien por simpatía, conveniencia o por miedo a una eventual presidencia de Gustavo Petro Urrego[13].

Al revisar el contenido del artículo publicado en el diario bogotano, queda claro que en el alto gobierno sí se contemplaron escenarios jurídico-políticos para responder a ese desafiante enemigo en el que se convirtió tener que cumplir con lo establecido en el Tratado de Paz firmado entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc[14].

En dicho texto se lee lo siguiente: “Me preguntan que por qué Duque no decretó la conmoción interior. Porque el gobierno Santos prometió que no elevaría los acuerdos de La Habana a la Constitución, incumplió su promesa, los elevó y la conmoción interior no puede suspender la Constitución”, dijo Uribe. Con lo anterior, Uribe ratificó que la idea sí se puso sobre la mesa tan pronto se dio la decisión de la JEP, a pesar de que ese mismo día la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, desmintió los rumores surgidos al respecto”[15].

En cuanto a la convocatoria a una peligrosa Asamblea Constituyente, EL ESPECTADOR recoge así lo dicho por el expresidente Uribe: “La otra idea planteada abiertamente por el partido de Gobierno fue la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para derogar el sistema de justicia transicional. Una propuesta que acogió el expresidente Uribe pero que, al mismo tiempo, criticó por las condiciones que plantea la Constitución para convocarla. “La Constitución de 1991, incluyó la Constituyente. Sin embargo, creó tanto formalismo para convocarla que es casi una creación sin posibilidades de realidad”, dijo el expresidente”.

De lo publicado quedan varias conclusiones. La primera, que Uribe Vélez ostenta un inconveniente poder político que no solo afecta el buen juicio y contamina las decisiones políticas del presidente Duque, sino que debilita la institución presidencial y revive viejos enfrentamientos[16] entre el Ejecutivo y la rama judicial, en particular con las altas cortes, ocurridos durante el periodo 2002-2010.

La segunda, que las explicaciones dadas por Uribe Vélez debilitan aún más la imagen de un presidente que en casi un año de gobierno no ha podido imponer su propio estilo, o por lo menos fijar su propio proyecto político. A pesar de haber sido elegido bajo la sombra de Uribe, el entonces presidente Juan Manuel Santos[17] supo tomar distancia, por lo menos política, con el mayor elector que tiene hoy Colombia.

Al final, Santos se la jugó por ponerle fin al conflicto armado con las Farc y les dejó a los sucesivos gobiernos la obligación ética, moral, jurídico-política y constitucional de cumplir con lo acordado en La Habana.  Así entonces, lo que está esperando la Colombia no “uribizada” son dos cosas: la primera, que Duque tome la decisión de hacer a un lado a su “presidente eterno” para erosionar la consistencia de los negativos imaginarios y representaciones sociales que en torno a su talante se vienen consolidando en el país; y la segunda, que asuma como Jefe de Estado el compromiso de cumplir con lo que se firmó en el teatro Colón.  

Y la tercera conclusión es que esas explicaciones las debió dar el propio presidente Duque, o incluso, su gris ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El protagonismo de Uribe y su enfermiza necesidad de figurar como el principal y poderoso enemigo de la paz en Colombia termina no solo alimentando la polarización política, sino debilitando la imagen de su ungido.

Es apenas evidente que las negativas representaciones sociales que en torno al presidente Duque circulan en redes sociales y en los propios “mentideros políticos”, alimentadas, sin duda, por el humor político de caricaturistas como Vladdo y Matador, las reconocen dentro del llamado uribismo. De allí que las explicaciones dadas por el expresidente Uribe  y opiniones de la propia ministra del Interior, lo que hacen es confirmar de que Duque no parece actuar de manera autónoma.

Expongo tres comentarios que tienen que ver directamente con lo que se viene exponiendo en esta columna. El primero sucedió durante la plenaria del senado en la que se hundieron las objeciones presidenciales.   En la misma plenaria del martes 30 de abril, el senador Uribe pidió la palabra y señaló lo siguiente: “Hombre, respetemos al presidente Duque, él es dueño de su criterio jurídico. Él como senador fue a la corte a presentar la demanda contra el ‘fast track’; él con su criterio jurídico fue ahora a defender la necesidad de modular la sentencia sobre las fumigaciones. Yo creo que esa cosa de estar poniendo al presidente Duque como alguien susceptible a influencias extrañas, es un irrespeto, no solo a su persona sino a su persona y trayectoria”. Al salir en defensa del Presidente, Uribe no solo confirma que sabe de los comentarios que en redes sociales y otros espacios se viene construyendo la idea de que quien realmente manda en el país es el hijo de Salgar y no Iván Duque Márquez, sino que genera el efecto contrario al que ya produce en la opinión pública el imaginario social con el que se duda de la real capacidad del Presidente para gobernar y tomar decisiones”.

Y el segundo comentario lo hizo la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. En entrevista concedida al diario El Espectador y ante la pregunta, “Finalmente, ¿siente que sus relaciones con el Centro Democrático están bien?, contestó: “Las mejores relaciones, claro. Es mi partido, respeto a cada uno, obviamente somos parte de una visión de país y en eso nos movemos. La cabeza es el presidente Iván Duque y el presidente Álvaro Uribe”[18]

Al parecer, estamos ante un gobierno bifronte que, en lugar de fortalecer la institucionalidad estatal, la debilita, por cuanto al final los colombianos que con sus votos eligieron a Duque, no saben si realmente es él quien gobierna[19].

Y termino con lo dicho por Uribe Vélez y que aparece consignado al final de la nota ya referida y publicada por EL ESPECTADOR. Dice el diario que “finalmente (Uribe), se refirió a las denuncias que publicó el diario estadounidense The New York Times que revelaron una directriz emitida por la alta comandancia del Ejército y con la que, presuntamente, se corría el riesgo de que regresaran los denominados ‘falsos positivos’ al país. El exmandatario aseguró que lo dicho por el periódico norteamericano no es más que una estrategia para desprestigiar no solo a las Fuerzas Armadas sino al Gobierno del presidente Duque.  “Duque, ahora que está recuperando el sentido de la autoridad, lo que quieren es desacreditarlo a él y al Ejército. Le entregaron el país al narcoterrorismo y ahora que hay un gobierno diferente lo que quieren es desacreditar a este gobierno y a los generales de la patria para que el país siga en manos del terrorismo”, señaló en referencia al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, cuyo ascenso está pendiente de ser aprobado en la plenaria del Senado la próxima semana”.

Ciertas o no las dudas que subsisten hoy en torno a quién gobierna o manda en Colombia, lo más probable es que el presidente Duque esté preso de una genuina admiración y lealtad por su mentor, lo que lo pone en desventaja a la hora de discutir asuntos de gobierno y otros que derivan en obligaciones que como jefe de Estado debe asumir, entre estas, gobernar para todos los colombianos y dejar de oponerse al proceso de implementación del Acuerdo Final II.


[2]   Ese ethos mafioso hace referencia a prácticas sinuosas que hicieron posible consolidar la idea de que en Colombia hay un “Doble Estado”. Véase:  https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2018/04/doble-estado.html  Esas mismas prácticas permitieron que entre el 2002 y el 2010 funcionarios, empresarios, militares, académicos y ciudadanos del común actuaran bajo el principio del Todo Vale. Véase:http://laotratribuna1.blogspot.com/2010/01/se-impuso-el-todo-vale.html Durante ese periodo, una parte importante de la sociedad legitimó la trampa, la mentira y la corrupción, convencidos sus miembros de que el real y único problema del país eran las Farc (o lafar). De esa forma, la lucha “contra el terrorismo” fue la enorme cortina de humo con la que el gobierno de Uribe, con el concurso de la Gran Prensa, tapó el clientelismo y la corrupción y los desastres socio ambientales generados por quien mandó en el país más con criterio de latifundista y ganadero, que como el estadista que aún sigue esperando Colombia.

[3] Los momentos críticos que soportó la institucionalidad estatal en los tiempos del proceso 8.000 son prueba clara de que el propio régimen de poder o el establecimiento actuó para proteger el orden institucional, así la institución presidencial se hubiese visto comprometida por la entrada de dineros de la mafia (Cartel de Cali) a la campaña Samper Presidente (1994-1998). Al final, la ínfima gobernabilidad con la que pudo medianamente gobernar Ernesto Samper Pizano provino de la tradición y de la inercia institucional de un régimen de poder que se auto reproduce y se autorregula sin que ello se traduzca en beneficio para los colombianos. Por eso quizás Álvaro Gómez Hurtado señaló en su momento que: “El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República… Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va al Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. El Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mí me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente”. Revista Diners 303, de junio de 1995.

[4] Pensado el humor como discurso, a través de este se insiste en proyectar la imagen de un presidente manipulado por los hilos del poder que controla Álvaro Uribe Vélez; el mismo discurso periodístico noticioso ha recogido en varias ocasiones esa imagen y la ha puesto en titulares y en informes.  En particular la prensa internacional. Véase: https://germanayalaosoriolaotratribuna.blogspot.com/2019/05/visados-morales.html

[5] Véase el libro De la democracia radical al unanimismo ideológico, medios y seguridad democrática, 2016.

[16] Recuérdese el episodio de las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que investigaban y condenaban a congresistas, cercanos a Uribe, por los hechos conocidos como la parapolítica.

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