Por Germán Ayala Osorio
Colombia es un país que se
resiste a ser moderno y civilizado. Quienes se resisten a dar ese paso son
actores políticos y sociales legales que, con relativa legitimidad, se oponen
de diversas maneras a que el país avance hacia estadios de modernidad representados
en condiciones de progreso y desarrollo para todos los colombianos; otros son
agentes económicos que además de ser precapitalistas y codiciosos, hacen todo
para mantener las impúdicas condiciones de vida que soportan por lo menos 25
millones de colombianos pobres, fruto de un modelo neoliberal que solo ha
servido para privatizar el Estado y extender en el tiempo los privilegios de unas
pocas familias; y claro, no podían faltar los actores armados ilegales que se
quedaron anquilosados en sus sueños revolucionarios. Y no podemos dejar por fuera
a los cientos de miles de colombianos que, con un bajo capital social que insisten
a diario en resolver sus diferencias a través de la violencia verbal y física. Y
en lo que concierne a su actuar político, se acostumbraron a vender el voto a
cambio de migajas.
Políticos como Germán Vargas
Lleras, Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria Trujillo hacen parte de los primeros
actores que, con relativa legitimidad, se la están jugando toda para evitar que
las reformas laboral, pensional y de salud propuestas por el actual gobierno se
aprueben en el Congreso. Ellos, inmersos en el país político tradicional,
actúan de esa manera cumpliendo las órdenes que muy seguramente les dieron los
magnates que de tiempo atrás financian sus partidos políticos, convertidos estos
últimos en obstáculos infranqueables para que Colombia por fin recorra los amplios
caminos de eso que genéricamente se conoce como modernidad.
Estos tres individuos,
premodernos, violentos y mezquinos, quieren mantener al país sumido en las condiciones
de inequidad, pobreza y exclusión, circunstancias estas que les conviene
mantener y extender en el tiempo para beneficio de sus partidos políticos.
El poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento
Angulo, el mayor opositor económico y político del gobierno de Gustavo Petro,
funge como un actor económico precapitalista y feudal que lucha por mantener
sus privilegios de clase, bajo una incontrastable codicia, lo que lo ubica como
uno de los mayores escollos para que el país empiece a recorrer los caminos de
la justicia social, ambiental y económica.
El ELN, las disidencias farianas y grupos narco paramilitares como el Clan del Golfo hacen parte de esos actores armados ilegales que se oponen a que el país avance hacia estadios civilizados. A pesar de sus diferenciadas luchas y objetivos, todos confluyen en el mismo resultado: no dejan avanzar al país por cuenta de sus actos de barbarie y la inutilidad de sus “proyectos políticos”. Lo que el país necesita es que cada uno de los actores aquí señalados depongan sus mezquinos intereses, pero, sobre todo, que es tiempo de firmar un nuevo contrato social.
Imagen tomada de Semana.com
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