HAY QUE ESCRIBIR 6402 CARTAS

 

Por Germán Ayala Osorio

 

Las recientes audiencias de reconocimiento de responsabilidades, desarrolladas en la JEP, sirven para reconfirmar el incontrastable nivel de degradación moral al que llegaron los oficiales, suboficiales y soldados que asesinaron civiles para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. Lo que se conoce como los Falsos Positivos, no fue otra cosa que una abominable práctica militar consistente en asesinar a sangre fría a civiles inermes.

También queda en evidencia la decisión política de las empresas mediáticas afectas al viejo régimen, de minimizar la importancia de lo relatado por los comparecientes ante el Tribunal de Paz. Los medios masivos privados deberían de haber cerrado filas en torno a los hechos delictivos reconocidos por los militares y de cubrir, con especial interés, las audiencias programadas por la Justicia Especial para la Paz. Pero no. Los registros periodístico-noticiosos han sido pobres, a pesar del gran esfuerzo comunicativo de la JEP por generar conciencia en unas audiencias que se acostumbraron a la barbarie.

Por el cuasi silencio de los medios masivos, estamos perdiendo la oportunidad histórica de vernos en el espejo de los falsos positivos y reconocernos como un pueblo insolidario que se acostumbró a vivir entre las inmundicias que militares, paramilitares y guerrilleros producían a diario. Un pueblo indolente, sumido en la más espantosa confusión moral, fruto de haberle confiado la operación del Estado a mentes enfermas, a hombres fatuos que traspasaron todos los límites éticos y morales, hasta deshumanizar a los civiles que fueron cazados por las hordas de asesinos que salieron a ponerles precio a sus cabezas. Un plato de arroz chino, una medalla al mérito, un permiso, un ascenso, fueron razones suficientes para asesinarlos.

La gran conclusión de todo lo que han dicho los comparecientes es que la política de seguridad democrática impulsada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez fue la patente de corso que llevó a cientos de miles de miembros del Ejército nacional a cometer delitos de lesa humanidad y por esa vía, convertirse en criminales de guerra, en sicarios, en frías bestias que monetizaron la vida de civiles inocentes.

Con esas actuaciones, el Estado colombiano se convirtió en un temible victimario. En un asesino serial. Muchos insisten en preguntarse quién dio la orden a los militares que salieron a cazar civiles como perros rabiosos. En la rígida cadena de mando, las responsabilidades las tendrían que asumir los presidentes Uribe y Santos y de ahí hacia abajo, los ministros de Defensa, comandantes de las fuerzas militares, del Ejército y de brigadas; igualmente, los ejecutivos de batallones, mayores, capitanes y tenientes, hasta llegar a comandantes de escuadra y pelotones.

Ya el país sabe que no se trató de “algunas manzanas podridas”, sino de una práctica sistemática que siempre estuvo anclada a las presiones que desde el alto gobierno de la época se ejercieron sobre el personal militar. Hay videos en los que aparece Uribe Vélez exigiendo “más y mejores resultados operacionales”. Y los militares comparecientes ante la JEP señalan que el propio general Mario Montoya Uribe les exigía “carrotanques de sangre”.

Por todo lo anterior, los 6402 falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país confirman la degradación moral que sufrió el Ejército dentro de sus filas en virtud de una política de seguridad que usó la violencia legítima del Estado para dar rienda suelta a quienes le vendieron al país la ilusión de que estaban acabando militarmente a la guerrilla de las Farc, cuando lo que realmente lograron fue marchitar las ilusiones de los civiles cuyas vidas quedaron reducidas a permisos, ascensos, felicitaciones, platos de comida y medallas.

En las audiencias de reconocimiento de responsabilidades de estos uniformados que se convirtieron en asesinos, varios de estos militares devolvieron las medallas que de manera deshonrosa se ganaron y alcanzaron a exhibir en sus pechos. Ese es un símbolo importante que debe servir para reparar en algo el dolor de los familiares que perdieron a sus miembros a manos de estos impúdicos cazadores. Creo que es tiempo de redactar 6402 cartas personalizadas, dirigidas a las víctimas. El Estado debe enviar cada una de esas misivas y asegurarse de que lleguen a las familias que los amigos de la Seguridad Democrática violentaron de esa manera. Es lo mínimo que se puede hacer.

Imagen tomada de la JEP